Fiscalía allanó 41 inmuebles de 18 congresistas vinculados a Pedro Castillo

Una nueva diligencia realizó el Ministerio Público en el marco de las investigaciones relacionadas a la presunta organización criminal, cuyo líder sería el expresidente Pedro Castillo, y que se habría enquistado en diversas instituciones del Estado.

En esta oportunidad, se trató de un megaoperativo realizado desde la madrugada de ayer que comprendió el allanamiento, registro domiciliario y personal de 41 inmuebles vinculados a 18 altos funcionarios como actuales congresistas de la República y un exministro de Estado, Jorge Prado Palomino.

El operativo fue denominado como “Los Pequeños II”.

De este grupo, seis congresistas pertenecen a Acción Popular: Wilson Soto, Hilda Portero, Luis Aragón, José Arriola, Silvia Monteza (segunda vicepresidenta del Legislativo), Edwin Martínez Talavera; y seis de Bloque Magisterial: Francis Paredes Castro, Pasión Dávila, Germán Tacuri, Paul Gutiérrez Valdivia, Segundo Quiroz y Edgar Tello.

Además, se allanaron viviendas del congresista de Perú Libre, Américo Gonza Castillo; de Carlos Zeballos Madariaga de Podemos Perú; tres congresistas no agrupados: Óscar Zea Choquechambi, Katy Ugarte y Carlos Alva Rojas y la congresista suspendida de Perú Democrático, Betssy Chávez Chino.

La diligencia recibió la autorización del juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, quien declaró fundado el requerimiento de la Fiscalía de la Nación y abarcó las regiones de Lima, Lambayeque, Ucayali, Pasco, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca y La Libertad.

OPERATIVO. Según el documento judicial, emitido por el juez Juan Checkley y al que accedió Correo, el megaoperativo se enmarca en la investigación preliminar de la presunta organización criminal liderada por Pedro Castillo e integrada por los citados congresistas que a cambio de beneficios habrían emitido sus votos respecto a pedidos de vacancia, interpelación y/o censuras a favor del entonces mandatario y su entorno ministerial.

Entre las instituciones perjudicadas con estos supuestas componendas, destaca el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Policía Nacional, Superintendencia Nacional de Migraciones y el propio Parlamento de la República.

Así, señala el juez que existe la “sospecha inicial simple de que la organización criminal habría no solo contacatado a empresarios a fin de favorecerlos con adjudicaciones en obras públicas sino también que habría captado a congresistas con la finalidad de poder blindarse de las acusaciones parlamentarias contra el expresidente o ministros de su gobierno a través de las votaciones a cambio de otorgamiento de cargos públicos”.

En el caso de Betssy Chávez, sobre quien las cámaras de televisión llegaron a su vivienda allanada en Magdalena desde las 6 de la mañana de ayer, la Fiscalía tiene indicios de presuntos arreglos con Pedro Castillo para favorecer a los congresistas del Bloque Magisterial con contrataciones en el sector público.

De acuerdo a la resolución, se imputa que como exministra de Trabajo habría colocado a Dennis Javier Gonzales Palomino como intendente regional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), adscrita al Mintra, el 25 de enero del 2022.

Esta designación se habría dado por una llamada vía Whatsapp del entonces presidente Castillo a Chávez Chino, según relató el colaborador eficaz 12-2022 a la Fiscalía.

La llamada de Castillo se habría dado porque Eder Vitón Burga, entonces asesor técnico de Castillo, le dijo al presidente que la congresista Katy Ugarte, entonces legisladora del partido oficialista Perú Libre, estaba “incómoda” porque no se había cumpllido con las designaciones de 30 personas recomendadas en las Oficinas Públicas Descentralizadas en Cusco.

“Entonces, el presidente llamó vía Whatsapp a la entonces ministra de Trabajo Betssy Chávez Chino y le consultó que era lo que había pasado con el acuerdo de Katy (Ugarte) y esta manifestó que ya estaba solucionado”, sostuvo el testimonio del colaborador eficaz, que se adjunta en la resolución.

Ugarte, incluso, entregó un USB con una lista de curriculums de 30 personas a Eder Vitón, indicándole “ahí están las propuestas” para ser trasladas a Pedro Castillo.

La legisladora pertenece hoy a la fila de los no agrupados en el Parlamento, tras renunciar primero a Perú Libre y luego al Bloque Magisterial.

En la vivienda de Chávez Chino, la Fiscalía habría incautado tres celulares, dos agendas con anotaciones y otro tipo de documentación.

MODUS. Según la resolución judicial, el mismo modus operandi ocurrió con congresista Francis Paredes (BM), quien se habría reunido con Eder Vitón para entregarle un USB el 5 de enero del 2022 con propuestas de trabajo para el sector público en beneficio de 25 personas.

Entre esos nombres, se encontró el de Lucas Renato Martín Borjas en el cargo de Director del nivel 4 de la Red Asistencial Ucayali, institución que dependía del Ministerio de Trabajo y que en ese entonces encabezaba Betssy Chávez Chino.

El nombramiento de Borjas se corrobora con la resolución de la presidencia ejecutiva de Essalud del 1 de febrero del 2022.

Esta información también fue propalada por el colaborador eficaz 12-2022 al Ministerio Público.

MÁS. Los congresistas Carlos Alva Rojas y Carlos Zeballos también habrían arribado a tratos ilícitos con Eder Vitón, a fin de que este les ofreciera la dirección de Migraciones a cambio de votaciones en contra de las vacancias presidenciales contra Castillo, censuras o interpelaciones a ministros del gobierno.

El colaborador eficaz 04-2022 señala que a ambos legisladores aprovecharon este trato para direccionar un contrato para la elaboración de pasaportes.

Respecto a la Policía, la Fiscalía señala que Américo Gonza habría gestado la designación de Javier Santos Gallardo como comandante general de dicha institución.

Para ello, Gonza visitó Palacio de Gobierno el 1 de setiembre del 2021 con esa presunta finalidad. Luego, la hermana de Gonza, Martha Gonza Castillo fue contratada en la dirección de recursos humanos de la Policía, a pesar de no reunir el perfil técnico.

Vale recordar que Javier Santos Gallardo está investigado en el caso de ascensos irregulares de la Policía.

Asimismo, a los congresistas Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Mori, Jorge Flores, Ilich López, Daewin Espinoza, se les imputa de haber favorecido al régimen de Castillo con sus votos en contra de la vacancia presidencial o mociones de censura e interpelación a ministros del gobierno.

Ello, a cambio de favorecerse con contrataciones ilícitas de siete licitaciones públicas emitidas por Provías Nacional.

MINISTERIO. De otro lado, la designación de Jorge Prado Palomino como ministro de Producción durante el gobierno de Pedro Castillo habría sido producto del acuerdo ilícito del entonces gobierno del lápiz con Acción Popular.

Así lo relata el colaborador eficaz 03-2022, quien señala que a inicios del 2021, Castillo le dijo a su entonces secretario general, Bruno Pacheco que el ministerio de la Producción “era de Acción Popular porque ese habría sido el trato que se acordó con Auner vasquez y los congresistas ya que les iban a apoyarlos”.

Además, contó que Darwin Espinoza se reunió con Auner Vásquez en Jesús María donde se le transmitió la propuesta de Castillo para que la facción de Acción Popular, que lideraba, “maneje a su discreción el ministerio de la Produccción, ofreciéndoles además designar al ministro y las direcciones claves, para que puedan manejar el presupuesto público”

Elvis Vergara fue quien finalmente habría propuesto el nombre de Jorge Prado Palomino, según sindicó el colaborador eficaz.

VERSIÓN. Silvia Monteza, segunda vicepresidenta del Congreso, señaló que la Fiscalía la imputa por votar en contra de la vacancia y visitar Palacio de Gobierno.

“Yo, como Silva Monteza, no he pedido nada al expresidente. Cuando visitamos al expresidente Castillo fue para hablar de las necesidades de cada región”, aseguró.

Su colega Edwin Martínez dijo no tener ningún inconveniente con la diligencia porque “el que nada debe, nada teme”.

Consideró que el visitar Palacio no significa cometer un acto irregular. “El apoyar a un Gobierno no significa ser cómplices”, afirmó.

La suspendida congresista Chávez publicó un mensaje en sus redes sociales. “Que allanen todo lo que quieran y busquen, no encontrarán ningún solo indicio de irregularidad o delito”, escribió.

De acuerdo con su abogado Erwin Siccha, la Fiscalía incautó cuatro celulares durante la diligencia. Dos de los padres de Chávez, un celular personal y uno del Congreso. También se incautaron libretas con “cuestiones personales”.

El letrado consideró que la Fiscalía no puede solicitar una prisión preventiva porque “ella (Chávez) está colaborando con todo”.

Por la noche, el Congreso informó que es respetuoso de la autonomía de las instituciones del sistema de justicia y garantiza el cumplimiento de sus funciones.

“El personal del Congreso ha cumplido con otorgar todas las facilidades y las diligencias se desarrollan con normalidad”, se lee en el comunicado.