Fiscalía maneja ocho hipótesis en caso Ecoteva

El expresidente Alejandro Toledo, a través de su abogado, anunció que presentará un recurso de hábeas corpus con el propósito de que la nueva denuncia interpuesta por el Ministerio Público en su contra sea archivada.

La acusación que formuló la fiscal supraprovincial para casos de Lavado de Activos, Rosana Villar Ramírez, consta de 204 páginas y en ella se sustenta las hipótesis sobre la procedencia del dinero con el que Eva Fernenbug, suegra de Toledo, compró los inmuebles, no para ella ni para la empresa Ecoteva Consulting Group, sino para el mismísimo expresidente.

La más relevante de las ocho hipótesis que se formula la fiscal Villar vincula a Alejandro Toledo con el reciente escándalo desatado en Brasil y las millonarias coimas pagadas por las empresas Odebrecht y Camargo y Correa.

DE BRASIL CON AMOR. En el documento de la denuncia fiscal obtenida por Correo, en su página 23, la fiscal da cuenta que “la empresa Odebrecht S.A., en el gobierno del expresidente y hoy denunciado Alejandro Toledo, contrató con el Estado peruano por aproximadamente 250 millones de soles”.

Según la representante del Ministerio Público, esta situación es sospechosa, pues Odebrecht ha realizado donaciones a la ONG Centro Global para el Desarrollo y la Democracia, de la que Alejandro Toledo es el presidente del Consejo Directivo y titular del Consejo Consultivo Internacional.

En tanto, su esposa Eliane Karp Fernenbug de Toledo aparece como directora de los Programas de Políticas Públicas de Inclusión Social.

En los más de 77 tomos de soporte documentario de la acusación fiscal figuran los reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en los que se destaca que esta ONG recibió dinero de Odebrecht entre los años 2009 y 2011 por casi $71 mil.

“Esto se convertiría en un hecho de revestimiento ilícito, cuando esta misma empresa ha realizado depósito de dinero a una ONG de nombre Centro Global para el Desarrollo y la Democracia que es dirigida por el expresidente Alejandro Toledo”, sostiene la fiscal Rosana Villar.

En ese sentido, se indica que “merecerían ser investigados por el Ministerio Público, ya que la ONG regentada por el denunciado Toledo Manrique recibió dinero de una empresa que contrató en su gestión con Estado peruano”.

Es por ello que la fiscal Rosana Villar señala que estas “operaciones aisladas y con aparente ausencia de interés resultan ser cuestionables”, teniendo en cuenta que Odebrecht viene siendo investigada en Brasil por sobornos perpetrados por sus ejecutivos, no solo en tierras cariocas, sino también en territorio peruano.

Tales sobornos se habrían materializado en el proceso de adjudicación de la millonaria obra corredor vial Interoceánico Sur Perú-Brasil (Tramo 2 y 3), donde el principal imputado (Toledo) “viene siendo favorecido no solo con el otorgamiento de dinero para la ONG Centro Global para el Desarrollo y la Democracia que dirige, sino en muestra de su sospechosa relación con el presunto abono denunciado en el ‘caso pago por las empresas brasileñas’”, explica la fiscal Villar.

LA INTEROCEÁNICA. Un segundo punto que relaciona la probable fuente del dinero que habría obtenido Toledo de Brasil es el caso “Castillo de Arena”.

Así, explica que el 19 de enero de 2005, cuando el denunciado ejercía aún la Presidencia de la República, se convocó a concesión el corredor vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, adjudicándose en el mes de junio del mismo año la buena pro de los tramos 2, 3 y 4 al conjunto de empresas brasileñas.

En tramo 2 y 3 al consorcio Conirsa (Norberto Odebrecht S.A. y las nacionales Graña y Montero, y JJ Camet e Ingenieros Civiles y Contratistas), y el tramo 4 (las empresas brasileñas Andrade Gutiérrez, Constructores e Camargo Correa S.A y Constructores Queiroz Galvao S.A.).

Sin embargo, la Policía Federal de Sao Paulo en el 2009 realizó un operativo denominado “Castillo de Arena”, con motivo de una investigación por supuestos actos de lavado de activos relacionado con la empresa Camargo y Correa, realizándose en dicho acto la incautación de documentos, correos, y USB de la oficina y domicilio de los directivos de la referida empresa.

“De los cuales, según el informe, se revelaría información referente a supuestos pagos (coimas) realizados con motivo del proyecto Interoceánica Sur, estos, a nombre presuntamente del imputado Alejandro Toledo Manrique, quien aparecería con su apellido ‘Toledo’”, señala la fiscal.

Villar destaca que las coimas habrían sido desembolsadas en momentos clave del inicio de la construcción de la Interoceánica durante los últimos meses de gobierno de Alejandro Toledo.

Así, según el reporte de la Policía Federal, un total de $106 mil 944 estaban destinados a “Toledo”, “Max Vanderlei” e “JR” y que serían pagados al contado y otra, a través de la operación “Cabo”, a través de cambistas dedicados a lavar dinero.

“De las empresas brasileñas que participaron en la concesión del corredor vial Interoceánico Sur Perú-Brasil se ha logrado identificar a Camargo y Correa como persona jurídica, que no obstante estar vinculado al Estado peruano, solo en términos contractuales que la obligarían al cumplimiento de la obra, realizó un aporte dinerario a la campaña electoral del denunciado Alejandro Toledo, quien fuera candidato presidencial (campaña para las elecciones del 2011) por el partido político Perú Posible, que asciende a S/.168 mil”, sostiene Villar.

Y agrega: “Aporte dinerario poco usual en vista que es entregado, no a cualquier persona natural, sino a un expresidente de Estado con quien la cuestionada empresa no tendría ninguna obligación particular, pero que se relaciona en términos de antecedentes por haber sido beneficiada con la adjudicación de la obra en referencia cuando este ejercía la Presidencia”.

IMPUTACIÓN. La fiscal formula más adelante un detallado esquema sobre cada uno de los denunciados.

En el caso Alejandro Toledo, sostiene que “con la intervención de sus codenunciados y su aportes al delito, habría realizado la apertura de empresas off-shore en Panamá y Costa Rica”, cometiendo de esta forma lavado de activos en las modalidades de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia.

Esta situación se daría a través de las transferencias de dinero “de procedencia desconocida”, primero a la empresa Confiado Internacional Corp por un monto de $9 millones 52 mil 650 y que se constituyó en la gestión presidencial de Toledo, con una cuenta en el LGT Bank (Switzerland) LTD con sede en Zúrich. Luego, a las empresas Milan Ecotech Consulting S.A. ($8 millones 96 mil 207.51 en certificados de depósitos y $45 mil 516.15), para luego pasar a Ecostate Consulting ($7 millones 766 mil 920,20 y $32 mil 92.78) y finalmente Ecoteva Consulting Group S.A. ($1 millón 850 mil).

“Es importante destacar que estamos ante una enmarañada operación financiera que solo tuvo por finalidad ingresar capitales de origen ilícito al sistema económico nacional, cuyas operaciones tienen como beneficiario final al expresidente Alejandro Toledo y a su esposa Eliane Karp y serían, obviamente, los únicos propietarios de la casa de Las Casuarinas, la Oficina del Edificio Omega con tres cocheras y un depósito, así como de la casa de Camacho y Punta Sal”, sostiene Rosana Villar.

Villar indica que es necesario esclarecer estos puntos, pues se podría llegar al hilo de la madeja del presunto dinero ilícito amasado por la familia Toledo-Karp.

DESFILE. La fiscal ha solicitado el levantamiento de las comunicaciones y ha citado a declarar a César Almeyda, exabogado de Toledo, pues está ligado a otra de las hipótesis fiscales.

Según dicha hipótesis Almeyda, quien está siendo investigado por lavado de dinero producto de las ventas de las acciones de la empresa Backus a la compañía colombiana Bavaria, abrió dos cuentas en Suiza.

Una en el LGT Bank de Vaduz, Principado de Liechtenstein, aunque de esta no existe conexión con sus cuentas.

Según informes internacionales, dicha cuenta está a nombre de la empresa Blue Bird a través de su concesionaria Basa Management LTD, ubicada en Panamá.

A esta cuenta habrían ido a parar aproximadamente 5 millones de dólares que la empresa beneficiada con la venta le depositó al expresidente, según testimonio de Almeyda.

Mientras que una segunda cuenta en el Citibank de Berkeley Square, en Londres, le pertenece nada menos que a Josef Maiman Rapaport, beneficiario de Alejandro Toledo.

La fiscal Villar ha considerado que Chantal Toledo Karp también deberá declarar, pues la casa de Camacho estuvo a su nombre. Junto a ellos, declararán David Waisman, Carlos Bruce, entre otra veintena de personas, incluyendo al mismo Toledo, su esposa Eliane Karp y su suegra Eva Fernenbug.

La fiscal Rosana Villar ha solicitado el embargo de todos los bienes inmuebles de los denunciados, pide que no salgan del país sin autorización judicial y que se les imponga a cada uno de ellos una caución de S/.70 mil para garantizar su presencia en el proceso judicial.