El Ministerio Público le solicitó al Poder Judicial que imponga 18 meses de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón, como parte del proceso penal del caso Antalsis.
La Fiscalía Penal demanda que se revoque el mandato de comparecencia con restricciones al prófugo líder de Perú Libre por el de la prisión preventiva de 18 meses por los presuntos delitos de colusión gravada y otros en agravio del Estado.
La instancia fiscal realizó esta solicitud pues indican que Cerrón Rojas no cumplió las reglas de conducta que se le fijó como parte del mandato de comparecencia con restricciones por el mencionado caso.
En esa misma línea, la Fiscalía pidió que se declare infundado el pedido del exgobernador de Junión, mediante su defensa legal, con el objetivo de que se varíe el mandato de comparecencia con restricciones que se le impuso por dicho caso.
Además, el juez Leodan Cristobal Ayala programó para el 18 de junio, una audiencia ‘presencial’ para la evaluación de solicitudes del Ministerio Público y de Vladimir Cerrón, que se realizará desde las 3 de la tarde en la sede de la Corte Superior Nacional ubicada en la cuadra 7 de la avenida Tacna, en el Cercado de Lima.
Vladimir Cerrón afronta nueva investigación de fiscalía por el hospital de Satipo
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ha formalizado una investigación preparatoria contra el exgobernador regional de Junín, hoy prófugo, Vladimir Cerrón Rojas, y ocho de sus exfuncionarios por el presunto delito de colusión agravada y, alternativamente, negociación incompatible. Esta investigación surge debido al presunto traslado irregular de la ejecución de la obra de “Mejoramiento de los servicios de salud del hospital Manuel Higa Arakaki” de Satipo.
Según el titular del primer despacho anticorrupción de Selva Central, fiscal Víctor Aliaga Muñoz, detalló a la Comisión VRAEM del Congreso, hay varios hechos con trascendencia penal en el proyecto. Entre las irregularidades, destaca que la obra se ejecutó en un terreno que no tenía disponibilidad física, lo cual debía llevar a declarar la nulidad del proceso y formular un nuevo expediente técnico en vez de firmar un contrato de ejecución.
Además, se perfeccionó el contrato a pesar de que el consorcio Arakaki no cumplió con presentar el desagregado de partidas del plan de contingencia exigido en las bases. Otra irregularidad significativa es que la ejecución de la obra se trasladó indebidamente al distrito de Río Negro, sin contar con un expediente técnico acorde a las condiciones y características del nuevo emplazamiento.
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