Fiscalía y Junta Nacional de Justicia enfrentadas en el caso “Los Cuellos Blancos”

“Los Cuellos Blancos del Puerto” es un caso emblemático que, en 2018, puso al descubierto una sofisticada organización criminal que infectaba un sector del sistema de justicia peruano.

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Al cabo de casi cinco años de investigaciones, el proceso sigue generando fuertes tensiones entre el Ministerio Público y la judicatura.

En este contexto, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió una investigación preliminar contra la fiscal de la nación, Patricia Benavides Vargas, por cambios efectuados en la conformación del Equipo Especial encargado del caso, lo que configuraría un presunto debilitamiento de las investigaciones.

La jefa del Ministerio Público emitió un pronunciamiento, antes de que la JNJ oficializara la información.

ILEGAL, ARBITARIO

“Acabo de tomar conocimiento de que, en un acto ilegal y arbitrario, la Junta Nacional de Justicia ha dispuesto abrir investigación preliminar en mi contra por hechos presuntamente irregulares, como que los cambios en la conformación del Equipo Especial de Cuellos Blancos que obedecerían a la presunta existencia de comunicaciones telefónicas de mi persona”, fue lo primero que dijo Benavides.

Al respecto, manifestó que la resolución de la JNJ “es nula” porque, dijo, “el Equipo Especial Cuellos Blancos no ha sido desarticulado, sino que ha sido reforzado”.

Señaló que en seis meses, dicho equipo ha concluido con las escuchas de la totalidad de los audios del caso, “lo que no se hizo en cuatro años”.

Se refirió luego a una “decisión de gestión” por el cual decidió renovar “a un exfuncionario de confianza” cuya identidad no precisó (es posible que sea ex fiscal supremo Víctor Cubas Villanueva).

“Esta decisión fue legal y para cumplir las metas de gestionintitucional”, explicó.

En conclusión, aseveró que

“esta decisión de la JNJ constituye la consumación de los ataques iniciados desde que tomamos la decisión de investigar al poder político”.

Prosiguió: “Abrir una investigación, a todas luces ilegal, solo puede ser un acto de amedrentamiento y obstrucción a mi función fiscal”.

Remarcó finalmente que no quería pensar “que esta decisión obedece a los resultados que iba obteniendo el Equipo Especial Cuellos Blancos”.

Agregó su temor de que podría tener relación con la solicitud de prisión preventiva contra Pedro Castillo por actos de corrupción “y que se investiga a altos funcionarios del actual gobierno por violación de los derechos humanos y corrupción”.

JNE INVOCA MESURA

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Por la noche, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia, en un comunicado, expresó su “inquietud por las expresiones y valoraciones de la doctora Benavides”, e invocó a las altas autoridades del sistema de justicia “una actuación pública mesurada, prudente y compatible con la investidura que ejercen”.

Y subraya que la Constitución y su ley Orgánica reconocen a la JNJ la facultad de iniciar investigaciones en torno a la conducta funcional de los jueces y fiscales de todas las instancias.

“El ejercicio del poder público por parte de cualquier funcionario, sin excepción, se encuentra sometida a las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen (Art. 45 de la CP)”, precisa.

Explica luego que la investigación preliminar permite establecer si existe mérito suficiente para iniciar un procedimiento disciplinario.

Por último, la JNJ trae a colación que la entidad, y otras instituciones democráticas, fue objeto directo del golpe de Estado promovido por Pedro Castillo: “Ninguna alusión de cercanía a tales posiciones alcanza a este Pleno”.

ALGUNAS CLAVES

Las acusaciones contra la fiscal Benavides, respecto de ciertos cambios en el Equipo Especial Cuellos Blancos, no carecen de fundamento.

El 22 de julio de 2022, designó a Jorge Luis Díaz Cabello, fiscal superior provisional transitorio del Distrito Fiscal de Lima Centro, como coordinador general del Equipo Especial en reemplazo de Pablo Sánchez. Por razones de jerarquía se debió poner en el cargo a un fiscal supremo con competencia nacional.

Dispuso también la separación de la fiscal adjunta Fany Quispe Farfán, que fue reemplazada por Franklin Tomy López.

Asimismo, modificó la conformación de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Anticorrupción, tras la renuncia del fiscal Jesús Fernández. Este fue reemplazado por el fiscal Jesús Prado León.

¿Se desarticuló o fortaleció el equipo? La JNJ deberá establecer qué sucedió.