Fiscalía y PNP incautan inmuebles de Joaquín Ramírez

Desde las cinco de la mañana, personal especializado de la Dirección de Lavado de Activos (Dirila) del Ministerio Público junto a agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) allanaron e incautaron bienes inmuebles, automóviles y avionetas que le pertenecen al exsecretario de Fuerza Popular (FP) y alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez, a sus familiares y a empresas vinculadas.

El megaoperativo denominado “Ícaro” se desarrolló en los distritos limeños de Jesús María, San Isidro, Surco y en la región Ica.

La diligencia se realizó tras recibir la autorización del juez Víctor Zúñiga Urday, quien declaró fundado el requerimiento de la Fiscalía en el caso de la existencia de una presunta organización criminal dedicada al lavado de activos.

ESTRUCTURA

De acuerdo con la tesis fiscal, Joaquín Ramírez constituyó personas jurídicas para que tengan una vinculación con la Universidad Alas Peruanas (UAP), centro de estudios superiores que perdió su licenciamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) en el 2019.

Se crearon constructoras, empresas tecnológicas, importadoras, entre otras, con el objetivo de lavar dinero.

Posteriormente, el dinero era transferido entre las empresas fachadas para ser blanqueado.

Además, Joaquín Ramírez compró 22 bienes inmuebles y dos bienes muebles entre los años 2002 y 2017, a pesar de no disponer de los recursos suficientes para la adquisición.

Sin embargo, el excongresista naranja no habría hecho la tarea solo, sino que formaría parte de una organización crimina dedicada al lavado de activos.

El brazo comercial dedicado a instrumentalizar las empresas de fachada para obtener las ganancias ilícitas era encabezado por Joaquín Ramírez e integrado por Osías Ramírez (hermano), Rosa Amparo Castañeda (esposa), así como sus otros parientes y socios, entre ellos, Maribel Ramírez, Nancy Ramírez, Marco Urteaga, Yohny Ramírez, Nancy Gallegos, Luisa Gamara, Edmon Jordan, Harold Morales y Marcos Aponte.

El brazo dirigencial estaba encargado de instrumentalizar a la UAP para la comisión de actos fraudulentos. Estaba formada por la UAP así como por las hermanas Maribel y Nancy Ramírez Gallegos, primas de Joaquín Ramírez.

Finalmente, el brazo político estaría integrado por la excandidata presidencial y liderasa de FP, Keiko Fujimori, y Pier Figari.

Su función sería la de captar fondos ilícitos para obtener poder político y así blindar a la organización criminal.

BALANCE

Para dar alcances de la diligencia se realizó una conferencia de prensa en la que participaron los ministros Vicente Romero (Interior), José Tello (Justicia), el general Veliz Noriega y el fiscal Wilson Salazar.

Este último fue el encargado de dar un balance de los bienes que el juez autorizó incautar.

En total, la Fiscalía y la Policía incautarán 203 inmuebles a nivel nacional, 162 con desposesión (108 ubicados en Lima y 54 en provincias) y 41 sin desposesión.

También se incautarán 84 vehículos, siete avionetas y un simulador de vuelo.

Precisamente, ayer por la mañana se incautaron al menos cinco avionetas ubicadas en un aeródromo Las Dunas de Ica, propiedad de Joaquín Ramírez.

Según la información que recogieron, el lugar en el que fueron incautadas las aeronaves servía como centro de capacitación de pilotos.

Cabe precisar que la autorización para ejecutar el operativo es de dos semanas.

El operativo en Lima inició ayer y terminará el viernes 14 de abril, mientras que la diligencia en provincias irán desde el lunes 17 hasta el viernes 24 de abril.

Ayer, se desplazaron 51 fiscales en Lima, mientras que los días 12, 13 y 14 de abril se desplazarán 46, 35 y 20 fiscales, respectivamente.

“Quiero agradecer el apoyo del señor comandante general y del general para la ejecución de esta medida, sin el cual no hubiera sido posible el éxito de este operativo que básicamente es una medida de incautación donde se están entregando bienes para efectos de su administración”, afirmó el fiscal Salazar.

Por otro lado, el fiscal explicó que la UAP no logró su licenciamiento en dos oportunidades por la Sunedu, hecho que generó que su línea de investigación identifique y verifique qué había sucedido.

“Básicamente es porque ha habido personas y empresas vinculadas a la familia Ramírez que habrían tenido vinculaciones y listas con dicha casa de estudios, habrían cometido el delito de fraude, se habrían desviado los activos en favor de esas personas y en perjuicio de los socios de las cooperativas de servicios múltiples Alas Peruanas, los verdaderos propietarios de la universidad”, añadió.

VALOR

El ministro del Interior, Vicente Romero, informó que después del caso Orellana, el caso de Joaquín Ramírez es el más grande del Perú relacionados al tema de lavado de activos.

“Más de mil millones de dólares se van a incautar en un promedio de 295 bienes, edificios, vehículos, aeronaves, simuladores”, sostuvo.

“Esto nos da a entender la dimensión de cómo se esconde el dinero ilícito, pero quiero remarcar principalmente el trabajo de la mano que ha venido realizando la Fiscalía que es la única manera de mostrar al país la efectividad de nuestras instituciones”, agregó.

Mientras que el comandante general de la PNP, Jorge Angulo, ofreció unas breves declaraciones en los exteriores del local de la UAP ubicado en Jesús María.

“Es una medida de ejecución limitativa, una resolución judicial contra esta entidad parte de una investigación que realiza el Ministerio Público y la PNP a través de lavado de activos”, indicó.

Por su parte, Wilber Medina, abogado de la universidad no licenciada Alas Peruanas, calificó como “acto ilegal” las diligencias que se realizaron ayer en diferentes locales del mencionado centro de estudios.

“El fiscal Wilson Salazar está ejecutando una medida de allanamiento e incautación contra la UAP, cuyo mandato concebido por el juez Zúñiga Urday está vencido. Esto nunca antes en la historia judicial y fiscal ha ocurrido”, señaló.

En entrevista con RPP, la defensa legal de la UAP adelantó que ya puso en conocimiento de la Fiscalía de la Prevención del Delito y la Fiscalía Penal de Turno que, el fiscal Salazar está incurriendo en la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, robo, hurto y contra la administración de justicia.

“Quiero llamar la atención de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y del señor José Antonio Fernández, jefe de la Autoridad Nacional del Control, para que, en este momento, tomen medidas contra el fiscal en cuestión”, reclamó.