Lo último que hizo la Comisión de Fiscalización del Congreso fue aprobar el informe final del caso Anguía que involucra al expresidente Pedro Castillo, su entorno familiar y al exministro Geiner Alvarado.

No hubo consenso unánime sino uno mayoritario. Fueron en total 10 legisladores los que apoyaron al documento, pero otros dos no: Margot Palacio se opuso y Américo Gonza votó en abstención.

Poco antes de deliberar, los integrantes de esa comisión escucharon con atención el resultado del trabajo de investigación que implica a toda la red familiar en actos de corrupción.

Pero fue en las recomendaciones en que varios tomaron apuntes. Allí el secretario técnico de Fiscalización leyó el primer punto que -en resumen- sugerencia acusar al exjefe de Estado por delitos de organización criminal, colusión, tráfico de influencias y aprovechamiento indebido del cargo. Y lo mismo para el exministro Alvarado.

Las razones eran por ser presuntos responsables por los aparentes actos de corrupción en la ejecución de proyectos de las municipalidades de Anguía, Chachapoyas y Chadín de Cajamarca.

“Estos fueron financiados por el Ministerio de vivienda por medio del Decreto de Urgencia No. 102-2021″, recordó.

Pero lo que ahora toca es que dicho informe sea elevado al pleno del Congreso y que las manifestarán tendrán un proceso de denuncia constitucional en la Subcomisión.

Informe. Fuera de estos puntos, la Comisión de Fiscalización concluyó que existen “elementos indiciarios” de presunta organización criminal liderada por el expresidente Castillo e integrada por ciertos agentes que no son otros que sus propios familiares. Allí destacó que esta presuntamente roja estaría compuesta por su esposa Lilia Paredes (exprimera dama) y sus cuñados Yenifer Paredes, Walter Paredes, David Paredes.

Se agregó a Salatiel Marrufo, exjefe de gabinete de asesores de Vivienda, José Nenil Medina, el exalcalde de Anguía y al empresario Hugo Espino como parte de esta presunta organización.

El citado informe, además, concluyó que el expresidente Castillo recibió dinero “proveniente de actos de corrupción” de esas obras. Mencionó que dichos montos alcanzarían la suma de cuatro millones de soles, que habrían sido entregados por el exministro Alvarado.

Se argumentó que todo esto fue corroborado con las declaraciones que hizo el investigado Salatiel Marrufo ante dicho grupo de trabajo.

Sobre la cuñadísima Yenifer Paredes se destaca que existen “elementos indiciarios” que fortalecen que ella ejercía influencias sobre autoridades municipales en diferentes regiones.

El propósito -según el informe- era dar a conocer su vínculo familiar con el presidente Castillo y favorecer al empresario Hugo Espino, realizando trabajos de campo con él en diferentes distritos como el de Anguía, cuyo registro se dio a conocer en distintos medios de prensa .

En ese sentido, el documento establece que Espino fue beneficiado con diversas licitaciones públicas que en suma alcanzan un costo total para el Estado peruano de 6 millones 974 mil 324 soles.

“Ello fue consecuencia del poder que tenía con Castillo Terrones a través de Yenifer Paredes”, excelente.

Insistí en que de esa manera, Espino fue favorecido con la adjudicación -entre otras- de la obra mejoramiento de ampliación de agua potable de Anguía cuyo costo se valorizó en más de 3 millones.

De otro lado, se extenderá que está evidenciado que en el gobierno de Castillo existió un grupo de asesores denominado Buró político, que tenía por finalidad hacer cumplir las órdenes del mandatario. “Este grupo estuvo dirigido por Marrufo, Nenil Medida y el prófugo Alejandro Sánchez, quienes gestaron el decreto de urgencia 102-2021″, designado.

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