El Presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda, anunció que el Gobierno ha aprobado un Decreto Legislativo destinado a fortalecer las medidas de prevención y combate contra el comercio ilegal de teléfonos celulares en el país.
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Esta medida implica modificaciones al Código Penal, específicamente en la categoría de robo agravado, donde se incluye el robo de equipos terminales móviles, informáticos y similares como una circunstancia agravante. Con esta modificación, aquellos que cometan este tipo de delito enfrentarán penas de 12 a 20 años de prisión. Si en la comisión del delito se utilizan explosivos o vehículos motorizados, la pena se agravará y oscilará entre 20 y 30 años.
Adicionalmente, se introduce la modalidad de receptación, que se define como la acción de proporcionar documentos con el propósito de ocultar, encubrir o disfrazar el origen ilícito de un bien o de sus componentes. También se prohíbe la comercialización o importación de equipos que faciliten la alteración de los códigos IMEI, MAC o SIM, y quienes lo hagan serán sancionados de acuerdo con la ley.
Asimismo, se establecen dos nuevos delitos: la posesión de SIM cards activados ilegalmente y la venta de dispositivos con IMEI modificado, reemplazado o duplicado.
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