Este lunes, el Congreso de la República oficializó el otorgamiento de facultades legislativas al Gobierno por un plazo de 60 días para que emita normas en seguridad ciudadana, lucha contra el crimen organizado, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional. La medida quedó establecida mediante la Ley N.º 32527, publicada en el diario oficial, El Peruano donde se detalla el alcance de las materias delegadas al Poder Ejecutivo.
La norma precisa que se aprobaron 48 de las 58 solicitudes y submaterias planteadas por el Ejecutivo en noviembre, lo que equivale al 84% del total del pedido. Con ello, el Gobierno queda habilitado para dictar decretos legislativos en diversos frentes vinculados tanto a la seguridad como a la economía y la modernización del Estado.
Nuevo subsistema contra la extorsión
En el ámbito de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada, una de las medidas clave será la creación del Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos (SEEDC). Este nuevo esquema estará orientado a enfrentar delitos como extorsión, sicariato, secuestro y otras modalidades criminales que afectan al transporte público y al traslado de mercancías.
También se contempla la modificación de la Ley 27891, Ley del Refugiado, para reforzar los procedimientos de reconocimiento y archivo de casos, así como el registro de datos personales. Entre los cambios figura la captura biométrica obligatoria de solicitantes en el Registro de Información Migratoria, con el objetivo de evitar el uso indebido de la figura de refugiado por personas extranjeras en situación irregular.
Penalizarán filtración de información reservada
Otro punto importante, será la penalización de la revelación de información reservada vinculada a investigaciones penales y actuaciones policiales. Además, se prevé incorporar un supuesto específico de inhabilitación para quienes resulten condenados por este delito, con el fin de fortalecer la protección de las pesquisas en curso.
En paralelo, se reformará la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos, para incluir como delitos la adquisición, comercialización y tráfico de datos informáticos y bancos de datos obtenidos de manera ilícita. De igual forma, se reforzará el marco penal y procesal aplicable a la minería ilegal, actualizando sanciones y sumando nuevas figuras delictivas asociadas a esta actividad.
Impulso a la inversión privada
Respecto al crecimiento económico responsable, se modificará la Ley 32441, que regula la promoción de la inversión privada mediante asociaciones público-privadas y proyectos en activos. Los cambios apuntan a fortalecer institucionalmente el Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada y a precisar competencias para optimizar la gestión de proyectos APP y de activos públicos.
Dentro de este eje, también se plantea establecer un nuevo marco normativo para incentivar la inversión privada en bienes públicos que forman parte del patrimonio cultural de la nación. La intención es generar mecanismos que permitan aprovechar estos activos sin perder de vista su valor histórico y cultural.
Nuevas superintendencias para modernizar el Estado
En cuanto al fortalecimiento institucional, la ley destaca la modificación del literal 5-A.1 del artículo 5-A de la Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. Esta reforma buscaría promover y mejorar la innovación pública dentro del sistema de modernización, orientando la gestión hacia una mejor atención de las necesidades de la población.
La delegación de facultades también incluye la creación de la Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, así como de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR). Esta última actuará como ente rector del sistema especializado de internamiento y reinserción social, con miras a mejorar la respuesta del Estado en materia penitenciaria.
Tras la promulgación de la ley, el siguiente paso corresponde al Gobierno, que deberá emitir los decretos legislativos dentro del plazo de 60 días. Las autoridades han señalado que estas herramientas normativas buscan impactar directamente en la seguridad, el crecimiento económico y la calidad de vida de los peruanos.
