Gobierno presentará proyecto de ley y creará grupo de trabajo para lucha contra la corrupción

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, aseguró que el Gobierno presentará un proyecto de ley para fortalecer la lucha contra la corrupción y para establecer las responsabilidades penales de las empresas implicadas en actos ilícitos.

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“Presentaremos un proyecto de ley para fortalecer el combate del soborno nacional y transnacional, así como la responsabilidad de las personas jurídicas, a través de reformas normativas de impacto penal, procesal penal, tributarias, administrativas, entre otras de importancia”, informó durante su presentación ante el pleno.

“Debemos evitar que nuestras empresas actúen dentro y fuera del Perú como lo hicieron algunas empresas extranjeras en nuestro país, comprando voluntades, influencias y perjudicando la buena marcha de la administración pública”, añadió.

Grupo de trabajo anticorrupción

En otro momento, Bellido Ugarte aseguró que plantearán la creación de un grupo de trabajo especializado para producir iniciativa legislativa que fortalezcan la articulación operativa entre todas las entidades involucradas en la lucha contra la corrupción vinculada al crimen organizado.

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“Somos conscientes de que enfrentar la corrupción no pasa solo por cambiar leyes. Por eso es que expresamos nuestro total compromiso con fomentar una cultura democrática y de transparencia. Esta mencionada coordinación deberá involucrar a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Contraloría General de la República y las Procuradurías Especializadas”, precisó.

Guido Bellido también aseguró que el Ejecutivo trabajará con transparencia y que se promoverá la creación de un programa presupuestal para que, para el 2026, la totalidad del presupuesto destinado a sistematizar la entrega de presupuesto para personal en el Estado.

“Promoveremos como medida prioritaria el mecanismo de veeduría ciudadana para cautelar el uso de recursos públicos en las diferentes etapas de los procesos de contratación de servicios y adquisición de bienes”, detalló.

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