El gobierno de Keiko Fujimori creó un grupo de trabajo para revisar las leyes en materia de criminalidad aprobadas por el anterior Congreso, conocidas como las “leyes procrimen”. La instancia podrá plantear proyectos de ley para corregir vacíos, inconsistencias o dificultades en la aplicación de las normas.
La decisión se formalizó mediante la Resolución Ministerial N° 311-2026-JUS. La comisión estará presidida por el viceministro de Justicia e integrada por el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, el presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE y el director general de Asuntos Criminológicos.
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El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda, sostuvo que las normas aprobadas por el último Parlamento unicameral serán evaluadas bajo criterios técnicos.
“No existe ley perfecta. Las leyes aprobadas por el anterior Congreso serán revisadas técnicamente para asegurar que cumplan su finalidad: luchar contra el crimen en el marco del Estado de Derecho”, escribió en X.
La comisión tendrá 30 días hábiles de vigencia desde su instalación. Deberá presentar reportes semanales y, al término de sus labores, entregar un informe al despacho ministerial con la evaluación integral y, de corresponder, iniciativas legislativas y sus respectivas exposiciones de motivos.
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Cuestionadas
El pedido para derogar estas leyes es impulsado por sectores de oposición, organizaciones civiles y operadores del sistema de justicia. Juntos por el Perú presentó una iniciativa para dejar sin efecto siete normas, mientras que Ahora Nación propuso derogar 10 dispositivos aprobados en el Parlamento anterior.
La creación del grupo cumple una promesa de campaña de Keiko Fujimori, quien propuso una comisión de alto nivel con participación del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y especialistas para evaluar estas leyes.
