Lluvia de millones. Un informe elaborado por la Subgerencia del Observatorio Anticorrupción de la Contraloría General de la República reveló que, desde 2013 hasta 2022 el Estado gastó un total 46 mil 783 millones de soles en consultorías, asesorías y otros conceptos similares.
Un punto de partida es, precisamente, la gestión de Ollanta Humala, en la que se modificó la Ley de Contrataciones del Estado para elevar el monto de las contrataciones de tres a ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
Eso permitió -de acuerdo a una especialista consultada- que se favorezca a intereses privados en lugar de privilegiar los de la Nación.
En rigor, las consultorías se incrementaron con el transcurrir de los años.
Tras la era humalista, creció en la gestión de Pedro Pablo Kuczysnki y también se incrementó en el gobierno de Martín Vizcarra. El régimen transitorio de Francisco Sagasti no fue la excepción y, finalmente, tampoco dejó de aumentar con el vacado exmandatario Estado Pedro Castillo.
EL GASTO
Las cifras indican que en 2013 fue el año en que el Gobierno Central tuvo mayores gastos de estos servicios, a diferencia de los gobiernos locales y regionales. Esto se repitió de 2014 a 2019. En 2020 hubo un pequeño descenso, pero después se volvieron a incrementar los servicios de consultoría en 2021 y en 2022.
Los referidos gastos -de acuerdo con el informe en cuestión- se sustentaron en gastos de consultoría (33 mil 079 millones), similares a la consultoría (11 mil 481 millones) y consultoría general (2 mil 223 millones), cuya sumatoria (46 mil 783 millones) representó el 10% del monto para la contratación de 653,794 proveedores durante la última década (482 mil 816 millones).
Según las datos, hubo un crecimiento constante del gasto a excepción de 2020, porque en ese periodo se priorizó la atención de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.
En los siguientes años, otro fue el cantar. Por ejemplo, en 2021, cuando Castillo ya era presidente, se ejecutó la suma de 6 mil 15 millones de soles. Al siguiente año, en 2022, dicho concepto aumentó hasta los 6 mil 655 millones de soles. En total, ambos gastos sumaron 12 mil 670 millones de soles.
“Por los resultados mostrados para un periodo de 10 años, el gasto en ‘Consultorías y similares’ fue constante e incremental año tras año, con algunas pocas excepciones, en todos los niveles de gobierno, aunque el mayor gasto se ha dado en el Gobierno Nacional, quien a su vez tiene el mayor monto promedio gastado por proveedor”, reza el citado informe.
Allí se indica que el mayor gasto realizado es por Consultoría de obra, partida para la elaboración de expedientes técnicos o por la supervisión de obra; es decir, por acciones de inversión, mas no propiamente por ejecución de obras.
En un primer cálculo, el monto de 46 mil 783 millones representó el 21% del presupuesto anual aprobado para este año (214,790 millones 274,052 soles).
Con el dinero gastado en consultorías desde 2013 a 2022, incluso, podría cubrirse el sueldo básico de todos los peruanos hasta por un año y tres meses.
DESPILFARRO
Sobre el tema, Mónica Yaya, expresidenta del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), refirió que con la cantidad de dinero gastado en consultorías “innecesarias” se pudo salvar la vida de muchos niños que mueren abandonados por el Estado en las afueras de los hospitales públicos.
“Con esa cifra podríamos tener varios hospitales para luchar contra el cáncer en niños y adultos”, resaltó.
Sostuvo que los gastos que se destinan a consultorías son absolutamente perjudiciales para el Estado. Recordó que desde el gobierno de Ollanta Humala la norma fue desnaturalizada, porque antes solo permitía contratar sin concurso o sin licitación hasta por el valor de tres UIT.
“Dicha norma fue pensada para hacer compras rápidas de mínimo valor, como una llanta, una prótesis o una luna rota. Sin embargo, el gobierno de Ollanta Humala cambió esa norma que agilizaba las compras menores en el sector público, ampliando su valor hasta por ocho UIT, favoreciendo intereses privados a través de las consultorías, en lugar de privilegiar los intereses de la Nación”, agregó Yaya.
Opinó que los responsables de esos gastos innecesarios son todos los presidentes de la República que desde la era humalista han utilizado esa norma para contratar a “sus amigos”, pero que también la responsabilidad llega al Congreso de la República.
Sostuvo que este poder del Estado hace años “abdica su labor de elaborar la Ley de Contrataciones del Estado y permite que la elaboren el mismo presidente de la República y sus ministros acusados de actos de corrupción y de mal uso de nuestros recursos públicos”.
La especialista añadió que lo que hace el Parlamento, al permitir que el Ejecutivo elabore la Ley de Contrataciones del Estado, es “permitir que quien nos roba sea quien haga la norma para que nos robe de manera legal”.
Consideró que es necesario derogar la norma dictada por Ollanta Humala, que amplió la valla de tres UIT a ocho UIT, para que esta excepción -que permite contratar sin licitación o sin concurso- sea utilizada sólo para los bienes que son necesarios, pero que no tienen un alto valor.
Yaya insistió en que los pésimos resultados de la ejecución de obras públicas desde el gobierno humalista indican que los gastos en consultorías han sido dinero “tirado al agua”, que no hna servido, que no tienen resultados óptimos y que simplemente han beneficiado intereses privados.
