Habla Ántero Flores-Aráoz a un año de los sucesos que derribaron el régimen de Merino

Mañana, 15 de noviembre, se cumple un año del desplome del régimen que encabezó el político norteño Manuel Merino dando paso a la administración transitoria de Francisco Sagasti.

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El efímero gobierno de Merino, que no duró sino seis días, se había instalado en reemplazo del que presidió el vacado Martín Vizcarra.

Pues bien: a un año de estos hechos, las investigaciones preliminares de la Fiscalía de la Nación contra Manuel Merino, el premier Ántero Flores Aráoz y Gastón Rodríguez (ministro del Interior), llegaron a la conclusión de que los tres citados serían responsables de haber dispuesto el “uso desproporcionado de la fuerza” por parte de la Policía Nacional.

El despacho de la Fiscalía de la Nación cumplió con elevar la imputación preliminar ante el Congreso de la República. Será la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la encargada de procesar la denuncia en su momento. Aún no existe fecha.

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Este es el llamado antejuicio político, un procedimiento constitucional exclusivo para presidentes de la República y ministros de Estado. Es decir, la suerte jurídica de los tres imputados está en manos del Congreso.

Al respecto, el conocido político socialcristiano Ántero Flores-Aráoz ofreció a Correo su versión y juicios sobre el caso.

Según la imputación de la Fiscalía de la Nación, el expresidente Manuel Merino, usted y el ministro del Interior de ese entonces Gastón Rodríguez dieron órdenes a la PNP para el uso desproporcionado de la fuerza. ¿Cómo evalúa esta denuncia?

En el Perú se nota que hay una intención de judicializar la política. Y eso es inconveniente e indebido. En el caso de los sucesos de noviembre de 2020 se considera una persecución la denuncia de la Fiscal de la Nación ante el Congreso.

Como no encontraron ninguna responsabilidad directa en los mencionados sucesos ahora se trata de acusar al presidente Merino, a mí y a Gastón Rodríguez de homicidio por omisión impropia, es decir, por no hacer. Como si las fuerzas policiales no hubieran intervenido en los sucesos tratando de resguardar el orden publico. Realmente es una locura. Si ello prosperara no habría nadie, en su sano juicio, que quisiera asumir posiciones o funciones públicas.

La acusación concluye que los investigados dieron la orden para el uso desproporcionado de la fuerza y que ese uso ilegítimo de la fuerza provocó lesiones y muertes.

“No hubo esas órdenes, como ya está probado. Incluso la fiscal de la nación, como no encuentra responsabilidad directa, nos quiere achacar una responsabilidad, no por hacer sino por no hacer.

Francamente, de locos.

¿Qué hizo usted mientras se desarrollaban estas marchas?

Cumplir con nuestra obligaciones. Lamentablemente, las cosas se desbordaron y nos vimos todos obligados a renunciar para evitar más derramamientos de sangre.

¿En esos días hubo reuniones con el presidente Merino, con el ministro del Interior?

Pero, claro, como es normal. Hubo hasta tres sesiones de Consejo de Ministros.

¿Cuál fue el tono de las decisiones que tomaron respecto al trabajo de las fuerzas policiales?

Bueno, hasta antes del día 14 de noviembre no había nada extraordinario. El día 12 hubo cierta violencia y el 13 no hubo nada, pero el 14 (día de las dos muertes) se reinició con más violenta. No se esperaba mayor violencia.

Su defensa atribuye las muertes a personas infiltradas en la marcha. ¿Por qué?

No tengo ninguna duda, porque la mayoría de las personas que fueron a las marchas lo hizo de buena fe, de buena voluntad, inocentemente. Pero había personas infiltradas, indiscutiblemente.

Y con gente que llevaba piedras en mochilas, usaban armas “hechizas” que no usa la policía, con perdigones de metal que no usa la PNP, con canicas que no usa la PNP ni las tiene. Entonces, era clarísimo que las marchas fueron infiltradas.

¿Se ha establecido si las muertes fueron ocasionados por personal PNP o eso aún está en duda?

Para mí no hay ninguna duda (de que fueron causados por infiltrados) pero las investigaciones siguen y, por lo menos las investigaciones que se han hecho en la Inspectoría de la PNP no acreditan la responsabilidad de ningún miembro de la institución.

¿A estas alturas, el antejuicio político está en manos del Congreso?

Así es. El proceso de investigación preliminar ya terminó. Por eso es que se ha hecho la acusación

constitucional ante el Congreso por tratarse de un presidente de la República y de ministros de Estado. Dentro de los cinco años siguientes al término de su ejercicio tienen derecho antejuicio, que es un filtro. Si el Congreso dice ´pase´ el fiscal pasa a acusar directamente ante el Poder Judicial. Si el Congreso dice no, esto tiene más que nada un contenido más político, y no pasa, ahí termina.

Es decir, el tema está en manos del Congreso. Desconozco la fecha en que se va a tratar este tema.

¿Cómo ha afectado su vida familiar, profesional y política esta acusación, después que usted aceptara de buena voluntad conducir un Gabinete en un momento crítico para el país?

Teniendo que defenderme durante todo el año de una investigación absolutamente absurda. Cosa que nunca pensé que iba a suceder porque toda mi vida, mi comportamiento ha sido dentro de la ley y lo decente.

¿Cómo ha procesado la muerte de esos dos jóvenes que ejercían su derecho a la protesta?

Desde luego, es penoso lo que les ha ocurrido. Me apena y hemos ofrecido las condolencia debidas en su momento, pero también hay que señalar que los manifestantes estaban incumpliendo con las normas. Había – no nos olvidemos – estado de emergencia. Las protestas tienen que ser cuando no hay suspensión de garantías. Había suspensión del derecho de reunión. Había emergencia sanitaria, había un toque de queda, había una orden de distanciamiento social. Nada se cumplió, esa es la verdad. Ahora todo el mundo habla del derecho a la protesta. Oiga, el derecho de la protesta también tiene límites. No se cumplieron.

¿Qué le diría a los padres de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado ?

Yo, como ciudadano, como persona y como católico lamento las muertes, no solo de ellos sino de cualquier persona, igual que el resto de muertes que ocurrieron en el gobierno del señor Sagasti en Virú, en el norte del Perú, en las protestas por el paro agrario. Pero nadie dice nada de eso.

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