Catorce jueces de diversos juzgados a nivel nacional serán incluidos en las investigaciones que lleva adelante la titular de la Segunda Fiscalía de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, Marita Barreto Rivera, contra el clan dirigido por el prófugo Rodolfo Orellana.
La decisión se concretó luego de que la Fiscalía de la Nación ordenara derivar a ese despacho la ampliación de denuncia que realizó el procurador anticorrupción Christian Salas.
DOS DENUNCIAS MÁS. Y es que el defensor del Estado realizó dos denuncias ampliatorias en las que pedía comprender a los magistrados Francisco Boza Olivari, expresidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali; María Carrasco, del 45 Juzgado Penal de Lima; Félix Cáceres, juez civil de Chincha; Hermes Torres, secretario judicial de Chincha; además de Héctor Bendezú y Juan Changanaquí, del 19 y 35 Juzgado Penal de Lima, respectivamente.
Junto a ellos se ha pedido también identificar e investigar a un juez de Atalaya, a otro del Juzgado de Campo Verde, a uno más del Juzgado Civil de Coronel Portillo, así como a un juez del Cuarto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa.
A todos ellos también se les investigará por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo propio y/o encubrimiento realizado por funcionarios y servidores públicos del Estado.
tráfico de terrenos. Además, la investigación tomará en cuenta a los funcionarios jurisdiccionales que han sido denunciados por los afectados en los casos de tráfico de terrenos y bienes que perpetró la presunta organización criminal liderada por Orellana Rengifo.
En esta red también estarían implicados los jueces David Suárez Burga, Luis Millones, Alejandro Jiménez y otro del Quinto Juzgado Comercial de Lima.