El presidente Pedro Castillo fue cuestionado por diferentes parlamentarios por haber dado un ultimátum al Congreso el pasado sábado 6 de agosto | Foto: Presidencia Perú
El presidente Pedro Castillo fue cuestionado por diferentes parlamentarios por haber dado un ultimátum al Congreso el pasado sábado 6 de agosto | Foto: Presidencia Perú

A más de tres meses de asumir la delegatura del caso, el congresista Wilson Soto Palacios (Acción Popular) presentó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el informe final de la denuncia 219 contra el presidente Pedro Castillo Terrones, por traición a la patria.

La noticia la hizo pública el propio legislador en sus redes sociales, aunque omitió referirse a sus conclusiones y recomendaciones, las que suelen abordarse en una sesión del citado grupo de trabajo parlamentario.

No obstante, Correo supo -por fuentes del Congreso- que en su informe Soto concluye acusar a Castillo Terrones por el delito de traición a la patria y recomienda inhabilitarlo cinco años de la gestión pública, por infringir la Constitución.

La denuncia está referida a la supuesta pretensión del jefe de Estado de concederle a Bolivia una salida al mar por territorio peruano, alternativa que Pedro Castillo no descartó durante una entrevista que concedió a CNN.

Hasta hace una semana, Soto recibía a representantes de ambas partes del caso para esclarecer los hechos y plantear la sugerencia. En esa etapa de audiencia participaron -entre otros- los ciudadanos Lourdes Flores, Francisco Tudela y Ángel Delgado.

Ellos formularon en un principio la denuncia constitucional, la que después hicieron suya los congresistas Norma Yarrow y José Cueto.

En defensa del mandatario se presentó el abogado José Palomino Manchego.

Castillo intentó trabar el proceso constitucional al presentar un recurso en el Poder Judicial para archivar el caso, pero fue desestimado.

Sin embargo, ha decidido recurrir ahora al Tribunal Constitucional (TC).

PROCEDIMIENTO

Según nuestras fuentes, el informe final deberá ser sometido al voto parlamentario en la siguiente sesión ordinaria de la Subcomisión.

De prosperar en el grupo de trabajo que encabeza la congresista Rosío Torres, el contenido pasará a la Comisión Permanente y después al Pleno del Congreso, si se ratifica la decisión.

Las fuentes también confirmaron la versión de que el congresista Alejandro Cavero renunció a la Subcomisión  luego de una decisión de su bancada. El mismo legislador lo ratificó a Correo: “Ya no soy miembro”.

Los informantes indicaron que en su lugar ingresaría la parlamentaria Norma Yarrow, de Avanza País.

Miembros. Hasta el momento, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales está compuesta por 17 integrantes: Perú Libre (5), Acción Popular (2), Cambio Democrático (1), Podemos (1), Fuerza Popular (3), Alianza para el Progreso (2), Renovación Popular (1), Somos Perú (1) y Avanza País (1)

La semana pasada, algunos integrantes -que siempre optan votar en favor del Gobierno- fueron cuestionados por rechazar el pedido para reconsiderar a Edgard Reymundo como delegado de la denuncia contra la vicepresidenta Dina Boluarte, por el caso del Club Departamental Apurímac.

Se necesitaban 10 votos para aprobarlo, pero solo se llegó a los ocho. Un total de cinco legisladores se opusieron, mientras que Oscar Zea (Podemos), Alfredo Pariona (Perú Libre) y José Jerí (Somos Perú, retirado de la Subcomisión por su propio partido) se abstuvieron.

Lo curioso del caso es que Wilson Soto, delegado de la denuncia contra Castillo, votó a favor de esa reconsideración. El acciopopulista Jorge Flores se ausentó.

Lo que se buscaba era que Reymundo sea cambiado por un congresista que no tenga lazos estrechos con el Gobierno, dado que el legislador tiene como compañero de bancada al ministro Roberto Sánchez y siempre apoyó en votaciones a la gestión de Pedro Castillo.

En resumen, al interior de la Subcomisión ven probable que ese episodio se repita. Por ese motivo, algunos voceros han pedido “responsabilidad” en sus votos.

En tanto, desde otro ámbito del Parlamento se gesta la presentación de una nueva vacancia contra Castillo.

El congresista José Cueto (Renovación Popular) adelantó a Correo que la moción adquiere nuevo respaldo, aunque -como siempre- gran parte de la izquierda todavía persiste en apoyar la gestión del investigado mandatario.