El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 emitió un informe este viernes en el que advierte que dos candidatos presidenciales habrían consignado datos incorrectos en sus declaraciones juradas de hoja de vida. Los señalados son Mario Vizcarra Cornejo, postulante por Perú Primero, y Pablo Alfonso López Chau Nava, candidato por Ahora Nación.
En el caso de López Chau, la fiscalización electoral detectó una contradicción entre lo declarado y lo registrado en SUNARP. El candidato afirmó no tener acciones ni participaciones en empresas, pero los archivos públicos lo identifican como socio fundador del Centro Médico Gestión & Salud S.A.C., con 100 acciones suscritas al momento de su constitución.
Ante esa contradicción, el JEE concluyó que “habría información falsa declarada por el candidato Pablo Alfonso López Chau Nava, quien no declaró ser socio fundador de la persona jurídica CENTRO MEDICO GESTIÓN & SALUD S.A.C., inscrita en la Partida Registral N° 14165248 de la Zona Registral N° IX – Sede Lima, Registro de Personas Jurídicas; apreciándose en el Asiento A00001 (Constitución), que suscribió 100 acciones, conforme consta en el documento registral”.
En el caso de Vizcarra, la revisión de los archivos registrales arrojó resultados similares. Los documentos de SUNARP lo ubican como socio de la empresa C y M Vizcarra S.A.C., con un historial de adquisición y tenencia de acciones que no fue incluido en su declaración jurada.
Por esa razón, el organismo electoral determinó que “habría información falsa declarada por el candidato Mario Enrique Vizcarra Cornejo, quien no declaró ser socio de la persona jurídica C Y M VIZCARRA S.A.C., inscrita en la Partida Registral N° 11001659 de la Zona Registral N° XIII – Sede Tacna, Oficina Registral de Moquegua, Registro de Personas Jurídicas; apreciándose en el Asiento B44 que adquirió 500 acciones y posteriormente en el Asiento 000021 que cuenta con 300 acciones, conforme consta en los documentos registrales”.
De confirmarse las infracciones, ambos postulantes podrían ser objeto de sanciones económicas y enfrentar una evaluación en el ámbito penal. Los partidos políticos que los respaldan tienen la obligación de presentar sus respectivos descargos ante el JEE para responder a las observaciones planteadas.
