Los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) poco respondieron a la comisión del Congreso que los investiga de manera sumaria, y derivaron su defensa al abogado Samuel Abad.
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Ante la Comisión de Justicia, los magistrados recurrieron no solo a su defensor legal, sino también a un informe que enviaron al grupo de trabajo. El texto, al que Correo tuvo acceso, responde a los cuestionamientos atribuidos a los integrantes de la JNJ.
En detalle
Algunos aspectos destacan por sobre otros en el documento. Por ejemplo, la aclaración sobre el comunicado emitido por la JNJ, el 23 de mayo, en el que invocan al Congreso “mayor reflexión en torno a la acusación constitucional contra la exfiscal de la Nación (hoy inhabilitada), Zoraida Ávalos”.
“Era una necesidad emitir el comunicado público, en razón a que, en nuestro concepto, una posible afectación al principio de independencia de los fiscales, en el fondo, podría afectar el principio de separación de poderes”, aseguró el organismo.
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No solo calificó como imperativo dicho pronunciamiento, sino que esgrimió que “todos los jueces, juezas y fiscales tienen el deber de pronunciarse en defensa de la independencia judicial y del orden constitucional, incluso en cuestiones políticamente sensibles”.
Al respecto, el constitucionalista Carlos Hakansson consideró que el primero de estos argumentos “no es convincente”, pues “las competencias de la JNJ están establecidas taxativamente en el artículo 154 de la Constitución Política, y que los comunicados que esta dicte, en ejercicio de sus funciones, sólo pueden versar sobre temas vinculados con sus expresas atribuciones”.
En la misma línea, tampoco coincidió en señalar que los magistrados tengan el “deber” de referirse a temas señalados por la JNJ. “Los jueces y fiscales se pronuncian mediante sus resoluciones correspondientes”, puntualizó.
