Las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos de Inés Tello y Aldo Vásquez, por un periodo de diez años, generarán cambios imperativos en la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Hasta ahora, serían al menos dos accesitarios los que pasarían a integrar el organismo autónomo.
La continuidad de su presidente, Antonio de la Haza Barrantes, todavía está en duda. Si bien logró eludir los 67 votos que derivarían en su salida, el pleno aún debe discutir mañana si esta decisión se mantiene o no pues quedó pendiente una reconsideración de esa votación. Mientras tanto, el Legislativo consiguió oficializar ayer –a través del diario oficial El Peruano– la sanción a Tello de Ñecco y Vásquez Ríos.
Como se recuerda, la acusación constitucional contra los miembros de la JNJ, que prosperó en los casos antes citados, responde a una infracción a la Carta Magna. Según el Legislativo, Tello y sus colegas incurrieron en una falta (artículo 156, inciso 4 ) al permitir que la exjueza permaneciera en la Junta, desde el 2020 en adelante, pese a que superó los 75 años.
RECOMPOSICIÓN.
Tras este breve interludio, y oficializada las resoluciones de Tello y Vásquez, es inminente la incorporación de dos nuevos miembros.
Los primeros en la lista son los abogados Abraham Siles (que obtuvo 79.90 puntos en la evaluación de 2019) de 60 años; y Mónica Rosell (79.00 puntos) de 62 años. Ellos ocuparon los puestos nueve y diez en el proceso de selección de 2019.
Tras la renuncia de Henry Ávila, el 20 de febrero último, el accesitario Marco Tulio Falconí juramentó en su lugar ocho días después.
No fue la primera opción, pues Siles Vallejo lo superaba en puntaje, pero el Tribunal Constitucional (TC) resolvió una controversia a favor de Falconí, quien había presentado una demanda de amparo dos años antes y le repuso los puntos que se le restaron en 2019. Así, recuperó su puntaje inicial de 81.50 y juró como miembro titular; siendo declarado Guillermo Thornberry, quien ocupaba dicha plaza desde el 2019, como miembro suplente en funciones.
Tras estos incidentes, la JNJ pasaría a estar integrada de la siguiente manera: Antonio de la Haza (presidente), María Zavala, Imelda Tumialán, Guillermo Thornberry, Marco Tulio Falconí, Abraham Siles y Mónica Rosell.
Este sería el pleno que asumiría hasta inicios de 2025. Antes, en este 2024, una comisión especial elegirá a los nuevos integrantes.
Hasta que esto ocurra, la remendada junta tendrá diez meses de labores en una institución que arrastra serios cuestionamientos.
Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal de la nación Patricia Benavides, acusó a Ávila y a Thornberry por negociar favores en la JNJ para respaldar a esta cuando postulaba a fiscal suprema.
Finalmente, una segunda conformación ocurriría si el Congreso inhabilita a De la Haza Barrantes en la reconsideración que se votará mañana, lunes 11 de marzo. De ser expectorado, el accesitario siguiente en puntaje (78.45) –por debajo de Siles y Rosell– es el abogado Jaime de la Puente (56 años).
Sin embargo, fuentes parlamentarias señalan que no se tienen los votos suficientes, hasta el momento, para apartar a De la Haza de su cargo.
Ninguno de los accesitarios mencionados posee afiliación política.
EN CURSO.
Entre tanto, distintos procesos se encuentran en deliberación al interior de la JNJ.
Uno de ellos es la reconsideración –del 6 de diciembre del 2023– presentada por Patricia Benavides, exfiscal de la Nación, quien busca anular la suspensión de seis meses en su contra. Ella es investigada por presunta organización criminal por la Fiscalía.
La Junta también investiga preliminarmente, de forma individual, a los fiscales del Equipo Lava Jato, José Domingo Pérez y Rafael Vela (hoy suspendido); y al fiscal supremo Pablo Sánchez. Ello se anunció el 9 de febrero, tras los comprometedores dichos de Villanueva sobre presuntas irregularidades e interferencias en investigaciones, pero han transcurrido 29 días y no hay resultados.
También persiste un proceso contra Patricia y Enma Benavides, desde el último 26 de enero, por la presunta remoción de la fiscal Bersabeth Revilla –a manos de la entonces titular de la Fiscalía– debido a que esta investigaba a Enma por presuntas coimas del narcotráfico.
