Redacción Diario Correo

El fiscal coordinador contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, se refirió a la modificación de la ley de crimen organizado aprobado por el Congreso, y aseguró que la nueva norma no hará desaparecer las extorsiones en el país.

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Como se sabe, el Congreso insiste en no derogar la ley de crimen organizado. El último miércoles el Parlamento aprobó modificaciones a la Ley 32108.

Al respecto, Chávez Cotrina pidió al Gobierno reestructurar a la Policía Nacional y fortalecer las labores de inteligencia, pues considera que las normas penales no desaparecen el delito, ya que solo son instrumentos. Además, exhortó a fortalecer al Poder Judicial y al Ministerio Público.

“Si no fortalece estas instituciones, pueden dar cincuenta mil normas y la delincuencia no va a disminuir. Que no se le venda a la población porque se cambió la norma, mañana no vamos a tener delitos”, subrayó en Canal N.

No obstante, Chávez Cotrina resaltó que el cambio más significativo en la nueva normativa es la agilización del proceso de allanamiento, “asegurando la presencia inmediata de un abogado defensor, de la defensa pública, sin necesidad de esperar a un abogado de parte, lo que antes ralentizaba las diligencias”. Así, “la diligencia no se suspenderá mientras se espera su llegada”.

“Para garantizar la operatividad de esta norma, la Defensa Pública debe estar disponible las 24 horas del día, lo que implica un fortalecimiento institucional de esta entidad”, sostuvo.

Sobre las modificaciones de esta norma referidas a la realización del allanamiento con o sin la presencia del investigado, señaló: “Esta es otra novedad que favorece la celeridad de las diligencias”.

Congreso

Con 81 votos a favor, el Congreso aprobó modificaciones a la Ley 32108, ampliando la definición de crimen organizado para incluir delitos como extorsión, secuestro y sicariato, siempre que la pena mínima sea de 5 años.

Cabe mencionar que también se eliminó la exigencia de contar con un abogado particular durante los allanamientos, permitiendo que se realicen con la presencia de un abogado de la defensa pública.

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