Mantiene sus críticas pero también hace un mea culpa. Jorge Chávez Cotrina, fiscal coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, cuestiona que el Ejecutivo haya aprobado leyes que en la práctica dejan libre a los delincuentes, pero también reconoce que, en algunos casos, el Ministerio Público falló.
¿Cuán nocivo será la Ley de Crimen Organizado contra la delincuencia?
Es muy nociva. Tanto es así que ni bien se ha promulgado, varios de los funcionarios investigados por corrupción han presentado sus excepciones. Sin embargo, hay que hacer un análisis de convencionalidad acerca de la norma, es decir, si está dentro de los marcos de la Convención de Palermo. El juez Chávez Tamariz ha dado una primera posición del órgano jurisdiccional cuando determinó declarar infundada la excepción presentada por los hermanos Cerrón. Es una muy buena señal.
¿El Legislativo está emitiendo leyes para un sector del Congreso?
Es lo que estamos viendo y ahí están las consecuencias. La realidad lo está comprobando porque justamente al día siguiente de promulgada la norma tanto el señor Cerrón como el doctor Luna Gálvez han presentado las excepciones para que sus investigaciones sean archivadas, como también en el caso de Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta, que solicita que su proceso de prisión preventiva se vea en el marco de la nueva ley.
Mantiene sus críticas pero también hace un mea culpa. Jorge Chávez Cotrina, fiscal coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, cuestiona que el Ejecutivo haya aprobado leyes que en la práctica dejan libre a los delincuentes, pero también reconoce que, en algunos casos, el Ministerio Público falló.
¿Cuán nocivo será la Ley de Crimen Organizado contra la delincuencia?
Es muy nociva. Tanto es así que ni bien se ha promulgado, varios de los funcionarios investigados por corrupción han presentado sus excepciones. Sin embargo, hay que hacer un análisis de convencionalidad acerca de la norma, es decir, si está dentro de los marcos de la Convención de Palermo. El juez Chávez Tamariz ha dado una primera posición del órgano jurisdiccional cuando determinó declarar infundada la excepción presentada por los hermanos Cerrón. Es una muy buena señal.
¿El Legislativo está emitiendo leyes para un sector del Congreso?
Es lo que estamos viendo y ahí están las consecuencias. La realidad lo está comprobando porque justamente al día siguiente de promulgada la norma tanto el señor Cerrón como el doctor Luna Gálvez han presentado las excepciones para que sus investigaciones sean archivadas, como también en el caso de Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta, que solicita que su proceso de prisión preventiva se vea en el marco de la nueva ley.
¿Por qué el Gobierno no observa este tipo de leyes?
No sé por qué, pero sí creo que es lamentable que no la haya observado, teniendo en cuenta que hay funcionarios comprendidos, sobre todo en el Ministerio del Interior, con el que tengo mucho contacto. Están preocupados y se ven huérfanos al ver que el Ejecutivo, representando a la Policía a través del Mininter, no ha sacado un comunicado oponiéndose a la norma. Bueno, mucho menos se han opuesto a la promulgación.
¿Considera que la liberación de delincuentes se da porque el Ejecutivo y el Congreso ponen trabas a la Fiscalía?
No solo a la Fiscalía, sino también al Poder Judicial. La mayor parte de detenidos por flagrancia, por lo menos en Lima y Callao, es por microcomercialización de drogas y todos esos casos terminan en una terminación anticipada, es decir, pena suspendida porque la ley no permite que se les dé una pena severa. Eso se le debe decir a la población y no decir “se detiene a criminales y los fiscales los sueltan”.
¿Pero eso no ocurre? ¿Ustedes no sueltan delincuentes?
Es porque las normas que el Gobierno ha dado no permiten que los metamos en la cárcel porque ha elevado la valla de la prisión preventiva. Si a una persona la detienen por un delito y su prognosis de pena es de ocho años, la pena será suspendida. Y si es así ¿cómo le pides a un juez que aplique la prisión preventiva? Esas normas las ha dado este Gobierno. No es justo que salgan a decir que la Fiscalía “suelta a criminales”. Si la ley no permite que vayan presos los delincuentes, no van a ir.
¿A quién hace referencia cuando dice “sueltan delincuentes”?
A todos los que salen a despotricar.
El ministro Santiváñez dice que la Fiscalía se ha convertido en enemigo de la ciudadanía porque suelta delincuentes…
Ese es el tema pues. Sueltan frases altisonantes y ganan titulares, pero no son capaces de explicarle a la población, de decirle que sueltan criminales porque nuestro Gobierno ha dado normas para que suelten a los criminales. Eso sería más honesto. Todo esto también se da porque no hay una política de despenalización; en el Perú los penales han desbordado su capacidad y tienen más del 240% de sobrepoblación.
El premier ha dicho que la política del Gobierno es que la prisión preventiva sea excepcional…
Le doy la razón. La regla es que una persona afronte un proceso en libertad. La excepción es la prisión preventiva, por eso dice que no debe de haber un festín de prisiones preventivas. Él lo ha dicho y me parece perfecto. En esa línea estamos. Pero no es justo que después digan “por qué sueltan criminales”. Una cosa es que apliquemos los principios de la prisión preventiva o metemos a la cárcel a mansalva a cualquier persona en flagrancia…
El Gobierno ofreció la construcción de penales para el deshacinamiento. ¿Por qué cree que no construye un penal grande?
Se necesita uno grande. Pregúntele al presidente Nayib Bukele. Con él, antes de dictar las normas, construyó el penal con capacidad para 40 mil reclusos.
¿Por qué no cumplió el Gobierno?
Eso pregúnteselo a ellos.
¿Hay falta de voluntad?
No lo sé. Pero no hay que dejar de reconocer el trabajo que hace el INPE. Imagínese con todo esto de cárceles hacinadas, el Gobierno tiene abandonado el sistema penitenciario, el director del INPE mantiene las cárceles en paz. Fíjese usted, el personal del INPE está en huelga. Hay que aumentarle su sueldo también, ¿no?
El exministro Ricardo Valdés ha dicho que la inseguridad está marcada por la relación que existe entre el Ejecutivo y el Congreso. ¿No debería ser entre el Ejecutivo y la Fiscalía?
Todo suma. Creo que ha llegado el momento de sentarnos y unificar criterios para enfrentar al crimen organizado. Ha llegado momento de terminar con enfrentamientos inútiles e innecesarios.
¿Cuánto ha perjudicado la recategorización de la Diviac?
La Diviac es una división que ha tenido muchos éxitos. Con los fiscales del crimen organizado hemos dado duros golpes, pero lamentablemente buscan reducirla a su mínima expresión y eso no debía ocurrir.
¿Y qué sí debería ocurrir?
Fortalecer la Diviac y en general a la Policía. Hay que hacer una reingeniería. Usted puede cambiar 50 mil normas pero si no fortalece las instituciones, las normas servirán solamente para que estén en la pared.
¿Qué está fallando con relación a la lucha contra el crimen?
El problema está en la delincuencia convencional, común, del día a día, porque lamentablemente las Depincris que ven estos temas están en quiebra y no tienen siquiera para el papel. ¿Cómo pretenden así entregarle la investigación preliminar si no tienen siquiera personal? En el Perú ya no hay detectives. No hay especialidad.
¿Esta norma que le da a la Policía la investigación preliminar es política o técnica?
Es más política que técnica. ¿Le han preguntado al jefe de la Dinincri si está en la capacidad de recepcionar las miles de carpetas de la Fiscalía si se aprueba la norma? No. ¿Se han preocupado por darle la logística necesaria antes de que entre en vigencia la norma? No.
Entonces, ¿cómo pretenden darle una labor sacrificada a nuestra Policía si no han puesto una piedra más para que sus comisarias funcionen? ¿Están en la capacidad de recepcionar los casos? Han hecho una norma sin un estudio técnico.
¿Esa es la justificación para que la Fiscalía pretenda quedarse con la investigación preliminar?
No es que nosotros queremos quedarnos con la investigación preliminar. La investigación preliminar se puede hacer en despacho o en sede policial. Ahora, ¿por qué la mayor cantidad de investigaciones preliminares a nivel nacional se llevan a cabo en el despacho fiscal? ¿Se han preguntado por qué? No es porque el fiscal quiera tener esa cantidad de carga procesal, es porque cuando tiene a cargo la investigación preliminar y deriva los casos a la PNP para que ellos hagan la investigación como manda la ley, el instructor te dice “disculpe, señor fiscal, pero no tengo personal para apoyarlo” y te devuelve la carpeta. Esa es la realidad.
¿Entonces no se facilitarán las cosas si la PNP se encarga de la investigación preliminar?
Al contrario. ¿Cree que la PNP está en capacidad de hacer una investigación en 60 días o en 120 días? ¿Qué pasa cuando se termine el plazo? Nuestros pobres policías terminarán siendo denunciados ante Inspectoría en masa. A muchos oficiales se le van a desgraciar la carrera porque no cumplen con los plazos. Y no es porque no quieran, sino que humanamente es imposible.
Fíjese usted, ¿quien va a investigar los grandes casos de corrupción? La Policía. La pregunta es: ¿Lo pueden manejar o no? ¿Qué pasó con el equipo de policías que apoyó a la Eficcop? ¿No lo desactivaron? Eso es lo que pasará. Cuando un oficial tenga la osadía de investigar a algún funcionario al Gobierno de turno, o lo llaman al orden o lo cambian o lo desactivan porque quieren manejar las investigaciones. Al Ministerio Público no lo pueden manejar porque somos un ente independiente.
En resumidas cuentas. ¿El Congreso y Ejecutivo quieren manejar las investigaciones a su antojo?
(Respira profundo) Sino para qué están encargando (las investigaciones) a un ente (como la Policía) que depende (del Ministerio del Interior) del Ejecutivo.
¿Se necesita hacer una limpieza en la Policía?
Se debe hacer una limpieza en todas las instituciones. Así como hay buenos policías, hay malos. Lo mismo con los fiscales y jueces. Debemos hacer un mea culpa también. Hubo casos concretos en los que los fiscales ha soltado a personas que no debieron.
Esa es la verdad. Pero para eso está la Autoridad Nacional de Control. El fiscal de la Nación ha sacado a esos fiscales que no trabajan de acuerdo a la ley. No podemos decir que los fiscales somos lo máximo, también tenemos problemas en casa.
¿A quién se le atribuye esta responsabilidad de inseguridad?
A todos. Los responsables somos todos porque en lugar de enfrentar al crimen organizado, estamos enfrentándonos entre nosotros.
¿Cree que la permanencia del ministro Santiváñez ha caducado?
No quiero dar una opinión sobre el tema.
¿Hay fiscales que liberan delincuentes porque sienten temor a represalias?
Mire, a nadie de los que estamos en la Fiscalía nos ha puesto un revolver para ser fiscal. Desde el momento que asumimos esta responsabilidad, sabemos de los riesgos. Si no quieres asumir los riesgos, entonces anda a tu casa pues. Simple.
¿Y qué pasó entonces con La Rusa, la señora Jessica Alexandra Silva Gonzáles a quien han liberado?
Tiene que investigarse y rendirse cuentas si es que esa persona fue detenida y pedir al fiscal si ha violado alguna norma al soltarla. Aquí no vamos a apañar la actuación de los fiscales.
El presidente del PJ ha cuestionado al Congreso por no dar trámite o celeridad a la Ley de Flagrancia. ¿Qué es lo que opera en este momento y qué es lo que falta sobre la flagrancia?
Si el propio presidente del PJ implora, prácticamente, al Parlamento que dé la norma, no es justo que el Congreso no lo haga. Hay que preguntarle al Congreso por qué demora tanto.
Existen unidades de flagrancia, ¿no?
Estas funcionan, pero si tienes una Ley de Flagrancia, el instrumento que te darán es más contundente. Lo tienen desde hace tiempo y luego nos critican. Ya existen las unidades. Pero la idea es que en cada lugar del país exista una unidad de flagrancia. Necesitamos eso, pero también se necesita presupuesto. En una unidad de flagrancia debe haber jueces, peritos, policías, fiscales, etc.
Santiváñez ha dicho que los fiscales dejaron de apoyar al programa Amanecer Seguro. ¿Por qué ocurrió?
Estos operativos no necesitan la presencia del fiscal, es función policial. Nosotros no nos vamos a doblegar ante las críticas del ministro.
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