Andrea Pereyra

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, intervino ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para sustentar la ley de amnistía recientemente aprobada en el Perú.

Durante su exposición, destacó que la medida se enmarca en el principio de separación de poderes y en la soberanía del Estado peruano.

De acuerdo con lo señalado, la norma fue concebida como una respuesta frente al accionar del terrorismo, que en décadas pasadas intentó socavar la institucionalidad democrática y ocasionó graves afectaciones a la población.

En esa línea, precisó que la aprobación de la ley corresponde a una decisión del Congreso que se inscribe dentro de sus atribuciones constitucionales y refleja la autonomía de los poderes del Estado.

Santiváñez afirmó que el Gobierno mantiene su compromiso con el fortalecimiento del Estado de derecho, la defensa de la democracia y la promoción de los derechos humanos. Además, recordó que el país avanza en la preparación de elecciones que, bajo la administración de la presidenta Dina Boluarte, deben garantizarse con transparencia y legalidad.

El ministro también abordó la reciente resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno a la ley de amnistía.

En ese contexto, advirtió que el Estado peruano viene evaluando la posibilidad de revisar su permanencia dentro del sistema interamericano de derechos humanos, así como los marcos sustantivos y procesales que lo regulan.

Pese a ello, indicó que esta revisión no significa un distanciamiento de la cooperación internacional. Al contrario, sostuvo que el Perú continuará articulando esfuerzos con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para avanzar en materia de protección de los derechos fundamentales.

En otro momento, el titular de Justicia subrayó que la libertad, la independencia y la autodeterminación son principios que deben respetarse sin interferencias externas. Consideró que este enfoque resulta esencial para garantizar la estabilidad de los Estados y la solidez de sus instituciones democráticas.

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Destacó que la medida se enmarca en el principio de separación de poderes y en la soberanía del Estado peruano.