(Foto: Correo)
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El juez Richard Concepción Carhuancho se inhibió de revisar el pedido de cese de prisión preventiva que solicitó el ex secretario de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama por temor al contagio de COVID-19 al estar recluido en el penal Miguel Castro Castro.

El magistrado instaló la audiencia de manera virtual, sin embargo, a los pocos minutos refirió que no podría participar porque ya antes fue recusado y no podría revisar el pedido del ex congresista porque fue apartado por la Segunda Sala Penal de Apelaciones.

Explicó que no tenía conocimiento de la diligencia al estar de turno y no saber de qué casos se tratan porque despacha desde su domicilio por el estado de emergencia por la pandemia de Coronavirus.

Humberto Abanto, abogado de Yoshiyama señaló a Correo que había advertido anteriormente que ni Concepción Carhuancho (por ser recusado) y la jueza Elizabeth Arias (quien se inhibió por decoro) podrían revisar el caso aportes a la agrupación política Fuerza Popular, donde está investiga Keiko Fujimori.

"El juez (Richard) Concepción Carhuancho hoy recién decidió inhibirse en la audiencia. Con lo que introduce una dilación indebida que le puede costar la vida a Jaime Yoshiyama", dijo el letrado.

En la diligencia también participó el fiscal del equipo especial José Domingo Pérez, quien se mostró de acuerdo con la decisión del magistrado de apartarse de revisar el caso.

Esta es la segunda vez que el juez Concepción Carhuancho se aparta de revisar un caso vinculado a la investigación a la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori.

En los juzgados de turno por la emergencia sanitaria se encuentran habilitados para revisar los casos de Fuerza Popular los jueces, Roger Benites y Víctor Zúñiga Urday.

SUSPENDIÓ. El pasado 17 de abril, el juez Roger Benites, decidió trasladar la diligencia para el día de hoy porque el fiscal Pérez no se acreditó durante la diligencia. El magistrado llegó a la sala de audiencias, sin embargo, a última hora decidió no participar en la diligencia y no se acreditó ante el juez.

Esto fue tomado como una rebeldía y acto de mala fe por parte del juez Benites, quien dijo que informaría de los hechos ante la Oficina de Control Interno (OCI) de la Fiscalía.

El fiscal Pérez refirió luego que el juez Benites no había tomado las consideraciones por la emergencia sanitaria por el COVID-19 convocando a una audiencia de manera presencial cuando esto no se encontraba estipulado en la normas dispuestas.

Esto además, fue reforzado por el fiscal coordinador del equipo especial Rafael Vela quien envió un oficio a la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos justificando la actitud de Pérez e indicando que el juez no tomó las medidas de seguridad obligando al fiscal a participar en una audiencia presencial y no virtual.