Juez destituido es secretario académico

PIURA. Otorongo no come otorongo, reza un conocido refrán que en el Poder Judicial piurano bien podría aplicarse al otrora titular del Juzgado Civil de Paita, Santiago Herrera Navarro.

El ex magistrado ha cumplido dos años como secretario académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Piura, pese al récord de indisciplinas que tiñen de rojo su foja de servicios: Fue destituido en el 2008 por la Ocma; tiene sentencia consentida por delito doloso y enfrenta una segunda que lo inhabilitaría para ejercer cualquier cargo público.

La Corte Superior de Justicia de Piura, sin embargo, lo favorece de manera sospechosa al aletargar esta segunda causa que ya tuvo sentencia condenatoria en la primera instancia.

Mientras aguarda este fallo, el decano Manuel Castillo Venegas lo mantiene como su hombre de confianza en la Facultad de Derecho, programando las cargas académicas, dando fe de Actas y Registros y coordinando los cursos y programas de esa dependencia universitaria.

EL RÉCORD DE SANTIAGO. Santiago Herrera no fue precisamente un juez aplicado. Cuando estuvo a cargo del Juzgado de Paita, entre el 2004 y el 2007, fue quejado en siete ocasiones; recibió tres sanciones de apercibimiento; tres multas de hasta el 10 por ciento de sus haberes y una suspensión de dos meses por infracción a sus deberes de magistrado.

Una investigación que le abrió la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma), en el año 2007, condujo a su separación definitiva del Poder Judicial por esta retahila de inconductas funcionales.

DOBLE SENTENCIA. El 2006, la Fiscalía de la Nación declara fundada una denuncia en su contra de la Asociación Civil "Justicia sin Corrupción y Educación con Alimentación" por liberar a un presunto narcotraficante.

La jueza Celinda Segura lo sentencia por prevaricato y le impone una pena de cuatro años de carcelería suspendida que es confirmada en definitva por la I Sala Penal Liquidadora.

El Poder Jud i c i a l vuelve a condenarlo por el mismo delito el 31 de marzo del 2009, en mérito a una denuncia de la empresa Pesquera Extractiva SRL. La Tercera Sala Penal lo condena a tres años y lo inhabilita para el ejercicio de la función pública, pero el fallo termina siendo anulado.

Desde abril del año pasado, extrañamente esa causa no camina en la Corte Superior. Mientras, Herrera sigue ocupando un cómodo sillón en la UNP.