El diputado electo por Ucayali, Oswar Elbis Cahuaza Mitivire, asumió su cargo en el Congreso pese a que no consignó en su declaración jurada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una sentencia firme por delito doloso. Un reportaje de Cuarto Poder reveló que el integrante de Juntos por el Perú marcó la opción de que no contaba con fallos judiciales, aunque registraba una condena confirmada por la Corte Suprema.
La sentencia está relacionada con la presentación de un certificado de estudios falso que utilizó para participar en un concurso de la Dirección Regional de Educación de Ucayali. Cahuaza Mitivire logró una plaza como docente de matemáticas tras presentar un documento que, según la Universidad Nacional de Ucayali, contenía información académica que no correspondía a sus registros.
Condena por certificado académico falso
El documento cuestionado consignaba firmas de autoridades universitarias que no ocupaban esos cargos en 1994 y señalaba una cantidad de créditos distinta a la registrada por la casa de estudios. La universidad informó que el certificado indicaba 66 créditos aprobados y el IV ciclo académico, cuando el estudiante solo tenía seis créditos y se encontraba en el primer ciclo.
Con ese documento, el entonces postulante obtuvo una ventaja de cuatro puntos en el proceso de selección docente. Por estos hechos, fue condenado en 2012 a tres años de prisión suspendida por el delito cometido, decisión que posteriormente fue ratificada por la Corte Suprema en 2017.
¿Por qué continuó en la carrera electoral?
La omisión de la sentencia no generó su exclusión debido a que la irregularidad no fue detectada dentro del periodo establecido para retirar candidaturas. Al no identificarse el caso antes del cierre del plazo correspondiente, el diputado de JP continuó en la contienda y obtuvo un escaño por Ucayali tras alcanzar 3 529 votos. El representante legal de Juntos por el Perú, Jorge Moreno, cuestionó la situación y señaló que el partido evaluará las acciones correspondientes.
Tras conocerse el caso, el Jurado Electoral Especial de Coronel Portillo recopiló la información relacionada con los antecedentes judiciales del parlamentario electo y remitió el expediente al Ministerio Público. La Fiscalía deberá determinar si corresponde iniciar diligencias por la presunta presentación de información falsa en un procedimiento administrativo.
El especialista José Tello explicó que la omisión de una condena en una declaración jurada presentada ante una entidad pública puede configurar el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo. Según indicó, esta conducta contempla una sanción de entre uno y cuatro años de pena privativa de libertad.
Antes de asumir sus funciones parlamentarias, Cahuaza Mitivire fue consultado por el caso y calificó la situación como un asunto particular. El ahora diputado evitó brindar mayores detalles sobre la omisión de la sentencia en su hoja de vida presentada ante el organismo electoral.
