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En el camino que ha emprendido para librarse de la prisión preventiva, Keiko Fujimori consiguió ayer un punto a favor de su causa, pero ello no es definitivo. Y es que el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume Fortini, ponente del hábeas corpus presentado a su favor, decidió excluir el testimonio de Jorge Yoshiyama Sasaki -que la compromete- en el debate, según informaron fuentes de Correo.
"En el hábeas corpus solo se están discutiendo las afectaciones a los derechos fundamentales que sirvieron para privar de su libertad a la señora Fujimori", agregó.
Como se sabe, Jorge Yoshiyama, sobrino de Jaime Yoshiyama, dijo ante la Fiscalía que Keiko Fujimori sabía de los aportes de Odebrecht para la campaña presidencial de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular).
“Tanto Jaime Yoshiyama como Keiko Fujimori sabían que sí había dinero donado por la empresa Odebrecht a Fuerza 2011 para la campaña electoral", sostuvo ante el fiscal del Equipo Especial José Domingo Pérez el pasado 4 de noviembre.
Además, afirmó que la excandidata presidencial le pidió buscar "falsos aportantes" para la campaña del 2011 y le reveló su nexo con el entonces juez César Hinostroza a fin de contar con un blindaje en la investigación en su contra por lavado de activos.
De esta manera, el testimonio de Yoshiyama refuerza, a juicio de la Fiscalía, el peligro de obstaculización de la investigada en el proceso.
A Keiko Fujimori se le imputa haber recibido dinero ilícito de Odebrecht para las campañas del 2011 y 2016.
NADA ESTÁ DICHO. Fuentes de Correo señalaron que Ernesto Blume busca que su ponencia cuente con cuatro votos, situación que se definirá en las próximas sesiones del pleno del TC.
Sin embargo, de no contar con la mayoría de votos, Blume podría perder la ponencia y se designaría a un nuevo magistrado que vería el recurso de Keiko Fujimori.
Este nuevo magistrado podría adoptar una nueva postura e incluir las declaraciones de Jorge Yoshiyama.
POLÉMICA. De otro lado, la revelación del millonario aporte que el Grupo Credicorp entregó a Keiko Fujimori para financiar su campaña presidencial en el año 2011 ha seguido generando controversia en el ámbito legal.
De acuerdo con penalistas consultados por este diario, la declaración de Dionisio Romero, presidente del directorio del holding peruano Credicorp Ltd. y uno de los empresarios más influyentes del país, con respecto a la entrega de 3.65 millones de dólares a favor de la lideresa fujimorista, de manera oculta y sin ser reportada ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se configuraría como una falta administrativa ante las autoridades y no necesariamente como la comisión de un delito, falta que se le atribuye en la investigación por el caso Odebrecht.
Para el exdecano del Colegio de Abogados Mario Amoretti, el testimonio brindado por Romero Paoletti a la Fiscalía beneficia a la excandidata presidencial debido a que su defensa legal podría alegar que Fujimori no podía sospechar de la ilicitud del dinero de Odebrecht en el año 2011, cuando esta era considerada una de las principales constructoras extranjeras en el país. "Indudablemente que el caso del señor Romero podría favorecer a Keiko, para que haya delito se requiere conocer que el dinero provenga de un hecho delictivo, y eso es difícil de probar, lo mismo sucedería en el caso de Odebrecht. ¿Quién podía sospechar de que Odebrecht en esa época se dedicaba a actividades ilícitas?", indicó.
Amoretti sostuvo que "lo más práctico" es que el caso contra la hija del expresidente Alberto Fujimori se investigue por defraudación tributaria", mientras que el tema de los falsos aportantes sería delito de falsedad ideológica.
En esa misma línea se mostró el abogado Juan Peña Flores, quien manifestó que, dado que recién en el año 2018 se discutió la tipificación del delito para aporte de campaña, los hechos ocurridos con anterioridad solo califican como parte de temas administrativos.
CRÍTICOS. Si bien el penalista Luis Lamas consideró que "aún es prematuro" atribuir a FP la comisión de un delito, sí halló irregularidades en los testimonios brindados por Dionisio Romero y Keiko Fujimori.
Lamas sostuvo que la ONPE tiene una serie de limitaciones normativas para poder referirse al delito de lavado de activos y solo se acuñó, como referente, una falta de carácter administrativo. Por ello, consideró necesario que la lideresa "naranja" detalle cómo se utilizó este dinero y si informó de la situación al interior del partido.
Para el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado, las revelaciones del empresario Dionosio Romero demuestran un modus operandi de Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular para ocultar aportes ilícitos para la campaña presidencial del 2011.
"Esto va más allá de la tipificación penal. Un acto de corrupción no necesariamente va acompañado de una calificación jurídica porque ello depende de la voluntad de los Congresos y, a veces, los partidos que tienen mayoría en los Parlamentos deliberadamente no promulgan las leyes que deberían por ciertos intereses", dijo Maldonado.
