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El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Crimen Organizado dejó al voto el pedido de la defensa de Keiko Fujimori y otros investigados para anular el cierre de la investigación por el caso de los presuntos aportes ilícitos recibidos por Fuerza Popular en las elecciones del 2011 y 2016.
Después de más de dos horas de debate entre los abogados de los acusados y el fiscal José Domingo Pérez, el juez Víctor Zúñiga concluyó la audiencia y anunció que su decisión la comunicará por despacho, es decir, vía notificación electrónica.
Se trata de solicitudes presentadas por Fujimori Higuchi, así como de Jaime Yoshiyama, exsecretario general de Fuerza 2011, del partido Fuerza Popular y otros involucrados por el presunto delito de lavado de activos en el Caso Odebrecht.
Los abogados insistieron en su pedido para que el caso retorne a etapa de investigación y se realicen las diligencias que solicitaron. En tanto, el fiscal José Domingo Pérez indicó que no se ha vulnerado el derecho a la defensa de los acusados.
En marzo pasado el partido Fuerza Popular solicitó al magistrado que se anule la decisión de Pérez Gómez, quien concluyó formalmente la investigación contra Keiko Fujimori y otros involucrados.
A la lideresa de Fuerza Popular y otros investigados se les acusa del presunto delito de lavado de activos por presuntamente recibido dinero de la empresa brasileña Odebrecht para sus anteriores campañas presidenciales.
La investigación preparatoria concluyó el 11 de marzo pasado, y el mismo día, el fiscal Pérez presentó la acusación contra Fujimori Higuchi y otros 39 imputados en el caso. Esta etapa se cumplió más de dos años después del comienzo de las pesquisas.
La fiscalía acusa a Keiko Fujimori por los presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo, y pidió 30 años de prisión para la lideresa de Fuerza Popular.
En el caso de Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper y Adriana Tarazona, el Ministerio Público también solicitó 30 años y 10 meses de prisión por los delitos antes mencionados.
Para otros 33 acusados, las penas que solicita la fiscalía van desde los seis a los 22 años de cárcel. La investigación preparatoria se formalizó el 19 de octubre de 2018 y concluyó el 11 de marzo de 2021, desarrollándose durante 2 años, 4 meses y 11 días.
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