Karol Paredes, presidenta de la Comisión de Ética. (Foto: Congreso)
Karol Paredes, presidenta de la Comisión de Ética. (Foto: Congreso)

Han pasado 576 días desde que la Comisión de Ética fue instalada en el Congreso y el único trabajo que ha emprendido -según un informe de esa agrupación- fue de blindar a la mayoría de procesados en esa mesa.

Son 69 congresistas los que han enfrentado hasta hoy denuncias por romper el código parlamentario pero solo dos (Freddy Díaz y Enrique Wong) han recibido la máxima sanción: La suspensión de 120 días.

Todos ellos hacen -en suma- 114 procesos, dado a que algunos de ellos cargan sobre su espalda hasta seis denuncias. No obstante, lo grave del asunto es que -de acuerdo con este informe- se han archivado al menos 91 casos en lo que va de la gestión de Karol Paredes como titular de esa comisión.

Fuerza Popular es la bancada con más casos (11), seguida de Acción Popular (10) y APP y Perú Libre (8 en cada caso).

Casos. Entre las personas que cuentan con más denuncias están el legislador Héctor Valer (Somos Perú) y la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País).

El primero tuvo en su haber seis procesos -entre otras razones- por faltarle el respeto a sus colegas Vivian Olivos y Héctor Ventura, al decirle a la legisladora que no era “dueña de la Comisión Agraria” y a su compañero por demandarle que “se ponga falda”.

Chirinos, en cambio, se ganó a pulso seis denuncias por insultar al expresidente Pedro Castillo cuando este se encontraba en eventos y, además, por ofender a la expremier Betssy Chávez por su sobrepeso. Fue el sector de izquierda en el Parlamento el que la denunció en diferentes ocasiones.

El que los sigue en este ránking es Guillermo Bermejo (Cambio Democrático-JPP) con cuatro denuncias por incitar al caos social y solicitar en reiteradas veces el cierre del Congreso.

Después está su colega de bancada Sigrid Bazán, quien tuvo hasta tres denuncias, por expresiones impropias en contra de María del Carmen Alva, entonces titular del Congreso, al indicar que se sentía avergonzada del Parlamento y, además, por estar vinculada a presuntos actos de corrupción en la gestión de Pedro Castillo.

El mismo número de procesos lo tuvo Guido Bellido. El legislador, en una oportunidad, agredió verbalmente a su colega Chirinos cuando dijo que “solo falta que te violen” y también por haber solicitado -irregularmente- compras de pasajes como favores.

En esta nómina también se encuentra la legisladora Rosío Torres (Alianza Para el Progreso). Ella fue denunciada por realizar proselitismo político y por utilizar el despacho congresal para apoyar a su cónyuge, el excongresista Fernando Meléndez.

Martha Moyano, de Fuerza Popular, también fue denunciada por haber participado irregularmente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y por incitar a transportistas a bloquear pistas y originar caos en los peajes.

Pese a la gravedad de la mayoría de estos caso, Ética hizo caso omiso y los mandó al archivo.

Lo último pasó en el pleno el viernes 31 de marzo cuando e los casos de “Los Niños” Jorge Flores y Elvis Vergara, así como el de Luis Cordero, no fueron sancionados .

REACCIÓN

Al respecto, el excongresista Víctor Andrés García Belaunde expresó que el problema actual es que hay un cartel de congresistas que se protege porque tienen el temor de ser descubiertos y sancionados.

“Ellos están adelantándose a cualquier tipo de sanción que puedan tener en el futuro y están haciendo de solidaridad corrupta para protegerse y lograr la total impunidad”, enfatizó.

A su turno, el politólogo Luis Nunes consideró que una gran mayoría de congresistas ha perdido la brújula y los que van a Ética se apañan entre ellos y “dan razón a la frase “otorongo no come otorongo”. “Es una vergüenza”, afirma.

“Yo lo lamento mucho porque fui uno de los impulsores de crear la comisión de Ética. De hecho hice un seminario internacional, trajimos expertos de otros países a explicar cómo funcionaban las comisiones de ética en otros parlamentos”, agregó Nunes.

Por su parte, el excongresista Juan Sheput opinó que ahora los congresistas buscan protegerse para evitar ser reemplazados, dado a que podrían romper el equilibrio de votos que hoy logran en el Congreso para quedarse hasta el 2026.

Sostuvo, además, que existe poco cuestionamiento de la presidenta Dina Boluarte o del premier Alberto Otárola al Congreso.

“En la historia del Perú político, los presidentes o premieres cuestionaban al Congreso cuando se portaban mal o cuando había problemas porque buscaban limitar su control político. Ahora puede haber 19 allanamientos a parlamentarios y la presidenta no dice nada porque existe un contubernio, porque no solamente no hay división de poderes sino que hay complicidad. Eso es peor. Por eso es que no hay sanciones”, manifestó.