Magaly Ruiz Rodríguez no es la primera congresista por La Libertad que se ve envuelta en denuncias por presuntamente haberse apoderado de parte del sueldo de un trabajador del Parlamento. En 2013, el legislador trujillano Michael Urtecho Medina fue destituido de su cargo por supuestamente inducir, junto con su esposa (Claudia Gonzales Valdivia), a un grupo de funcionarios de su despacho a entregar parte de sus remuneraciones a cambio de ser contratados o renovarles su vínculo laboral.

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Escándalo

El Caso Michael Urtecho salió a la luz el 15 de septiembre de 2013.

La noche de aquel domingo, “Cuarto Poder” (América Televisión) emitió un informe en el que tres extrabajadores del entonces congresista liberteño lo acusaban de haberse apropiado de parte de sus sueldos durante el tiempo en el que laboraron en su despacho.

De acuerdo con los denunciantes, solo recibían entre S/ 200 y S/ 2,000 de sus salarios, y Claudia Gonzales era quien administraba sus cuentas bancarias.

Casi un mes después, el mismo Urtecho reconoció, en un informe emitido por “Punto Final” (Latina), haber pedido apoyo económico a sus trabajadores, aunque aseguró que nunca los coaccionó o amenazó.

El 18 de diciembre de ese mismo año, el Congreso de la República decidió destituir a Urtecho Medina de su cargo e inhabilitarlo por diez años para el ejercicio de la función pública por infracción constitucional.

En octubre de 2021, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dictó 18 meses de impedimento de salida del país contra Wilson Michael Urtecho Medina y su esposa. Ambos son investigados por enriquecimiento ilícito, concusión y lavado de activos. Contra el exparlamentario de Alianza Solidaridad Nacional pesa un pedido de 24 años de prisión.

“Trujillo nuevamente está en una situación parecida a la de Michael Urtecho con esta congresista [Magaly Ruiz]”, lamentó el expresidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de La Libertad Juan Gamarra Nieto.

Pagos

Aunque Magaly Ruiz ha rechazado la denuncia hecha en su contra por Carlos Marina Puscán, quien aseguró a “Punto Final” el último domingo que pagó S/ 1.500 mensuales a Johnny Romero, asesor principal de la congresista, para laborar en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, presidida por la trujillana, el abogado Miguel Rodríguez Albán comentó a este Diario que el Ministerio Público podría abrir una investigación preliminar contra la legisladora de Alianza para el Progreso (APP). “Podría hacerlo a través de la Fiscalía Suprema o en caso el Congreso le levante el fuero parlamentario (inmunidad) y autorice al Ministerio Público formalice la acusación”, indicó.

Para el también exregidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Magaly Ruiz podría ser denunciada por los presuntos delitos de apropiación ilícita y cohecho impropio. “El señor [Carlos Marina] habría hecho un pago indebido y según el informe, se habría pedido un dinero a cambio de una contratación”, señaló.

Rodríguez Albán afirmó también que para él, no obstante, debe investigarse a fondo cómo se habría concretato el presunto pago, pues no le ha quedado claro si el asesor Johnny Romero le entregaba o no el dinero a la parlamentaria.

Quien también opinó al respecto fue José Miranda Prado. Para el exregidor de la MPT, APP debería “suspender” a Magaly Ruiz, “muy aparte” de la licencia temporal que ha pedido la parlamentaria a su bancada. “Si hacemos un poco de historia, APP ha sido muy bondadoso con quienes han cometido actos ilícitos”. “A menor indicador de un acto de corrupción, lo que tendría que hacer la organización política es suspender de sus derechos partidarios a la persona en cuestión en virtud a no dañar la imagen de la agrupación”, agregó.

Miranda añadió que no cree en la defensa dada por Ruiz y su asesor Johnny Romero. “Realmente no convence a la ciudadanía lo que han dicho. Repito, APP siempre ha sido muy contemplativo con estos casos de corrupción. Ejemplo de ello son los excaldes Roger Quispe (Moche) y Carlos Vásquez Llamo (Víctor Larco Herrera), quienes siguen prófugos de la justicia”, enfatizó.

El antropólogo Juan Gamarra Nieto sostuvo que tras revelarse el Caso Magaly Ruiz, el partido de César Acuña pone “nuevamente en cartelera la falta de filtros que hay para designar a sus candidatos”, pues cuando postuló a Ruiz Rodríguez al Parlamento esta ya era investigada por el Ministerio Público de Trujillo por presuntas irregularidades en el municipio de La Esperanza.

“Lamentablemente, los mismos partidos nos ponen a estas personas en las elecciones. Los ciudadanos no tienen otras opciones para escoger porque el dueño del partido impone el nombre del candidato”, criticó.

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