La semana pesada que le espera al Gobierno de Pedro Castillo

El Gobierno de Pedro Castillo inicia el mes de mayo con una semana complicada, pues se fijará la fecha en que cuatro de los integrantes del Gabinete Ministerial asistan al pleno del Congreso para responder por los cuestionamientos en su contra.

A esto se le suma la evaluación de la apelación de la prisión preventiva para Bruno Pacheco, exsecretario de Palacio; Gian Marco Castillo y Fray Vásquez, sobrinos del presidente, es decir, personas de su entorno más cercano por el caso Puente Tarata III. Y si bien la Fiscalía de la Nación suspendió la investigación en contra de Castillo hasta que concluya su mandato, es necesario recordar que la Fiscalía lo considera “líder” de una red criminal para dirigir adjudicaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

EN LA MIRA

El 27 de abril el pleno dio cuenta de las mociones de interpelación contra el premier Aníbal Torres, así como de los ministros Alfonso Chávarry (Interior), Betssy Chávez (Trabajo) y Carlos Palacios (Energía y Minas).

De acuerdo con el Reglamento del Congreso, en la siguiente sesión se debe votar la admisión a debate de las mociones presentadas, que requieren de 52 votos.

Precisamente, el Legislativo tiene previsto sesionar los martes 3, miércoles y jueves 5 de mayo. De aprobarse, se fijará la fecha para que los ministros sean citados al Congreso y responder al pliego interpelatorio (ver infografía).

El martes 3 también está prevista la audiencia por el recurso de apelación que presentaron los sobrinos del presidente Castillo y su exsecretario Bruno Pacheco, contra la orden de 36 meses de prisión preventiva. Los tres personajes, del círculo íntimo del mandatario se encuentran prófugos de la justicia hace más de un mes.

La audiencia iniciará a las 10 de la mañana por videoconferencia mediante el aplicativo Google Hangouts Meet, según el Poder Judicial.

Los antes mencionados son investigados por la Fiscalía por colusión agravada en organización criminal y tráfico de influencias, por la licitación de la construcción del Puente Vehicular Tarata sobre el río Huallaga, concurso convocado por Provías Descentralizado en que se otorgó la buena pro al Consorcio Puente Tarata III.

A esto se le suma la citación que tiene el premier Aníbal Torres para este miércoles a las 9 de la mañana en la comisión de Fiscalización para responder por la investigación de las visitas a la casa de Sarratea en el distrito de Breña.

Al respecto fue consultada la ministra Chávez.

“Yo no creo que puedan generar inestabilidad, creo que el Congreso tiene en sus funciones el fiscalizar y vamos a responder”, afirmó.

Sobre la posibilidad de que el premier Torres pueda ser censurado posteriormente a la interpelación, prefirió no comentar al respecto, sin embargo, dijo que “Torres tiene un discurso coherente, que es respaldado por gran parte del país”.

Por otro lado, Torres tendrá que responder sobre las declaraciones que dio Karelim López. La empresaria afirmó que cuando Torres era ministro de Justicia, se reunió con Bruno Pacheco para evaluar la posibilidad de que el exsecretario solicite asilo político.

Sobre el caso, el jefe del Gabinete confirmó que asistirá al grupo de trabajo para responder: " Yo voy a asistir, el Congreso me ha citado y estoy obligado a asistir, les voy a decir la verdad, solo digo la verdad”.

PROBLEMAS

Otro de los puntos que tendrá que afrontar el Gobierno de Pedro Castillo en esta semana tiene que ver con su falta de capacidad para resolver conflictos sociales.

Y es que, aunque la Presidencia del Consejo de Ministros convocó a una mesa de diálogo para este sábado por el caso Las Bambas, el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas, adelantó que no asistirán.

De acuerdo con el dirigente se han enviado cartas al Gobierno y a la minera a fin de informarles que “no podrán sacar ni un gramo de cobre de Las Bambas”.

Cabe precisar que la minera tiene suspendida sus operaciones hace más de dos semanas por la toma de algunos puntos por parte de los comuneros, pero a esto se le añade un caso más.

Geotec es una empresa contratista que se encarga de hacer perforaciones en minas y exploración. Ellos también se han visto afectados por las confrontaciones en la zona y por falta de soluciones de parte del Gobierno.

Precisamente, Alfred Giron, gerente del proyecto, adelantó que existe un riesgo de que el 50% de su personal se quede sin trabajo.

“Van a depender de los equipos que continúen trabajando y de las conversaciones con nuestros clientes que es Mineras Las Bambas (...) Hemos soportado carga económica hasta esta semana, pero los días que se vienen serán complicados y tendremos que recurrir al cese de personas si esto continúa”, sostuvo.