La etiqueta de “leyes procrimen” se ha convertido en una de las expresiones más repetidas del debate político en los últimos años.
Mientras que un sector defiende las normas, hay otro que presenta iniciativas para derogarlas porque considera que debilita la lucha contra el crimen organizado.
En este informe, Correo analiza junto a expertos en la materia cada una de esas leyes.
BALANCE
Dentro del grupo de leyes evaluadas aparecen específicamente seis (ver recuadro inferior).
Al hablar de la “Ley Soto”, los penalistas Andy Carrión y Fernando Silva coinciden en que esta es una ley que debe mantenerse, al igual que la ley que exime de responsabilidad penal a los partidos políticos.
Ambos también coinciden en que la ley que eliminó la facultad de la Policía para combatir la tenencia ilegal de material explosivos en actividades mineras realizadas por personas con inscripción suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), debe ser derogada.
Los expertos calificaron de positiva la ley que modificó el proceso de extinción de dominio.
Sobre la ley de plazos de colaboración eficaz, Carrión considera que la Fiscalía debe existir mayor tiempo para investigar casos vinculados a organizaciones criminales, mientras que Silva propone una reducción en los plazos.
Acerca de los delitos a los que alcanza una red criminal, Carrión es crítico porque considera que no deben ser excluidos delitos como negociación incompatible, colusión simple y otros. Mientras que Silva sostiene las redes criminales cometen delitos graves como minería ilegal, tráfico de drogas y similares.
