La excongresista Luciana León, quien fue acusada constitucionalmente por el presunto delito de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y peculado doloso, señaló que la denuncia en su contra es una venganza política en su contra.
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“Esto corresponde a una venganza política de querer eliminar a alguien de un partido político del cual ya no formo parte, ya colgué las zapatillas y hoy será mi última participación en un foro político y quiero que tan solo se escuche la verdad”, señaló.
Asimismo, dijo que uno de los delitos que se le acusa es el de tráfico de influencias, el cual no cometió y alegó que realizó su función de representación al reunirse con un ministro para gestionar presupuesto para obras en el distrito de Las Victoria.
“Yo abrí al puerta, entregue mi celular, no existe ninguna interceptación telefónica, entregué mi clave porque no tenía nada que esconder. Si yo hubiese tenido algo que esconder lo hubiese eliminado conversaciones”, manifestó.
Asimismo, dijo que no ha cometido ninguna irregularidad y que los chats que se conocen contra ella “puede ser que sea vergonzoso para la lectura de tercera personas”, pero no hay delito ni cohecho.
“Una de las razones reales por la que me encuentro (aquí) es porque, a tan solo a los 20 días que se había cerrado el Congreso, el presidente Vizcarra que tenía una intención de llevar la atención del público a otro lado, porque en ese momento ya se venía descubriendo contrato irregulares en Moquegua donde fue gobernador regional”, acotó.
Cabe destacar que, de acuerdo a la tesis de la Fiscalía, la exlegisladora aprista, entre marzo del 2017 y mayo del 2018, participó en la gestión de presupuesto para obras a favor de la Municipalidad de La Victoria y que buscaba favorecer a empresas vinculadas a Alexander Peña, sindicado por el Ministerio Público como el líder de la organización denominada “Los intocables ediles”. Además de ello, a León se le acusa de tener trabajadores fantasmas en el Parlamento
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