Marcha atrás. Ayer por la mañana, la presidencia del Consejo de Ministros (PCM) emitió un comunicado descartando el cierre y solicitud de retiro unilateral de las operaciones de las unidades mineras.
“Las empresas mineras pueden solicitar prórrogas, extensiones y modificaciones a sus permisos para explorar y explotar en estricto apego a lo que establece la normatividad vigente”, precisaron.
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El anuncio es un retroceso a lo anunciado por la propia premier Mirtha Vásquez, quien, desde Ayacucho, dio cuenta del cierre de operaciones de las operaciones mineras Apumayo, Breampampa (Sami S.A.C), Pallancata e Inmaculada (Ares) la semana pasada.
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En el comunicado de la PCM señalan que las empresas mineras pueden solicitar prórrogas, sin embargo, precisan que las autoridades competentes deberán evaluar las solicitudes de acuerdo a la ley.
Además, explican que los planes de cierre progresivo, final y poscierre, así como las modificaciones que presentan las empresas y que aprueban las autoridades competentes, se gestionen y controlan por el Estado.
“De forma que el cese de las actividades se efectúe dentro de un marco ambiental sostenible”, indicaron.
Además, reiteran su profundo rechazo a la violencia en todas sus formas, pero reconocen el legítimo derecho a la protesta social.
Como se recuerda, una serie de protestas se registraron a fines de octubre contra las mineras en Ayacucho, que terminó en la quema de un campamento, instalaciones, personas y policías heridos.
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El comunicado de la PCM se da un día después del encuentro con representantes de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), así como de las cuatro empresas mineras afectadas.
“El Gobierno busca promover un nuevo enfoque para el relacionamiento activo y positivo entre empresas mineras y las poblaciones de las áreas de influencia, con el fin de atender las preocupaciones de las comunidades y el cuidado del medio ambiente”, refieren.
Además, la Cancillería compartió el comunicado de la PCM y un mensaje del canciller Óscar Maúrtua, en el que se afirmó que el Gobierno garantiza estabilidad y seguridad jurídica a las empresas, “ratificando el mensaje del presidente Pedro Castillo en foros internacionales y ante inversionistas en el extranjero”.