Marisol Pérez Tello: “Vamos a incorporar a comunidad LGTBI en el plan de DD.HH.”

Era el día de su cumpleaños, pero nos atendió sin intentar evitar la odiosa pregunta de cuántos años celebra. No la hicimos, por cierto. Fuimos por temas de Estado, porque Marisol Pérez Tello carga una de las carteras más pesadas del gabinete. 

Hay voces que apuntan a una intervención del Ejecutivo en el Callao.¿Existe esa posibilidad? 

Nosotros creemos en la institucionalidad. Las reformas que quiere hacer el presidente Kuczynski son todas institucionales, lograrlo supone que la intervención de un acto de corrupción, dentro de esta dinámica de Estado, no distorsione. Lo que sí hemos hecho es bloquear cuentas a pedido de la Contraloría. Hay una norma que habilita al MEF a hacerlo y eso se ha hecho. 

El fiscal Sánchez dijo que la colaboración de Odebrecht estaba en “stand by”, porque ellos querían seguir trabajando y no se les dejó. ¿La Procuraduría no tuvo acceso a ese convenio? 

No, porque no nos corresponde. La Fiscalía está identificando responsabilidades penales; yo creo que los funcionarios de Odebrecht no están en condición de exigir nada. Por supuesto que su colaboración es importante, porque nos permite avanzar en una investigación, pero a nosotros, como Ejecutivo, nos interesa cautelar la reparación civil, que el dinero que se ha extraído al Estado se quede acá hasta que se cumpla con todas las obligaciones, y que en paralelo se continúen las investigaciones con autonomía. No creemos que una cosa tenga que ver con la otra.

La colaboración ayuda mucho… 

La colaboración de un delincuente es para reducir su pena, no es para amarrar al Estado ni para obligarlo a seguir contratando con una empresa que ha tenido prácticas corruptas y que, por lo demás, se ha beneficiado con ello. Adquiere tiempo en el mercado, experiencia y facturación que le da mayores puntajes para seguir ganándole a otras empresas que no han conseguido eso con actos delictivos. Si eso lo inhibe al señor Barata de declarar, bueno, se irá 20 años a la cárcel y no 15. Ese es otro tema.

¿Cuándo sale el reglamento para los procuradores? 

Esto debió salir el 6 de abril. La norma no sé si ya se aprobó en la Comisión de Constitución, pero sin duda aún no se aprueba en el pleno del Congreso. Ahí hay algunas modificaciones que impactarían en el reglamento. Igual, esto se va a publicar con o sin aprobación del pleno, pero estamos cuadrando el componente técnico, es decir, qué rol va a jugar el procurador, que es distinto al del fiscal.

¿Se elabora en conjunto? 

Estamos en una mesa técnica, ya trabajamos un primer borrador con la Procuraduría, quien nos mandó un documento. Nosotros hemos enviado unas observaciones y si para la otra semana no llegamos a un acuerdo iríamos a la última mesa técnica, eso se prepublicaría y luego, recogidas todas las recomendaciones, tendríamos un documento final. Pero, igual, la Procuraduría está funcionando con la ley anterior y con la decisión política de ceder la presidencia del Consejo de Defensa Jurídico del Estado (CDJE). 

¿Cómo quedará Julia Príncipe en este proceso?

Ella es presidenta del CDJE y estamos todavía aplicando la norma anterior. Aprobado el reglamento, habrá que definir el nuevo consejo y esperamos seguir contando con la calidad de persona que es Julia. 

¿Seguiría presidiendo el CDJE entonces?

Hay la voluntad de que este modelo de institucionalidad con autonomía funcione. Veremos en su momento cómo es que haremos la elección de las personas que lo llevarán adelante. Sin duda, el perfil profesional que ha mostrado Julia es importante tomarlo en cuenta y valorarlo.

¿Han conversado con los procuradores sobre el nuevo reglamento? 

Yo con quien coordino es con el CDJE. El reglamento en realidad responde a una norma, la ley y el DL ya están publicados, estos recogen un cuerpo colegiado, donde la presidencia es elevada a un Consejo que es autónomo desde el punto de vista funcional, pero no administrativo.

¿Se creará un único canal de comunicación para los procuradores, a pesar de que no parecen muy de acuerdo con ello?

Esto no se hace en función de personas, sino de instituciones. Vuelvo a lo mismo, estamos tratando de generar una institucionalidad más allá de la coyuntura, simpatía o profesionalismo de una persona. ¿Queremos un modelo donde existan muchas personas haciendo comentarios fuera de los ámbitos de su investigación, o uno en el que se pueda tener cierta flexibilidad respecto a mantener informada a la sociedad sobre cómo van las investigaciones? ¿Un modelo donde se estén enfrentando los poderes del Estado constantemente, o uno con canales de coordinación donde se puedan corregir procesos de investigación en marcha sin entrar al fondo del asunto? Ese es el gran debate.

¿Cuál es el que quiere el Gobierno? 

Nosotros lo tenemos claro, queremos un modelo en el cual la sociedad esté informada, pero que no se estén generando enfrentamientos entre poderes del Estado, no se estén dando excusas sobre quién tiene la culpa de qué; y que se le resuelvan los problemas a la gente. Para nosotros, va a ser determinante el Acuerdo Nacional por la Justicia, donde llevaremos algunos planteamientos, pues nos interesa mucho el feed back que pueda darnos el Ministerio Público y el Poder Judicial.

¿Habrá filtros en las investigaciones? 

Pero no va a haber un cambio sustantivo entre lo que tenemos hoy y lo que vamos a tener con el futuro reglamento. Esperamos, sí, que el nivel de las investigaciones e intervenciones le dé brillo a la Procuraduría y no al contrario. Lamentamos mucho que algunas de ellas, lejos de fortalecer la institucionalidad la llenen de cuestionamientos, pero eso es algo que finalmente no me toca valorar a mí sino al CDJE. Pero no van a haber mayores cambios, no nos metemos en las investigaciones que se decide hacer.

¿Cuál es su balance de la actuación del Congreso respecto a los decretos del Ejecutivo? 

En general, ha habido alguna colaboración del Legislativo en algunos decretos en los cuales hemos discutido por precisiones, eso siempre es bueno porque las normas son perfectibles. Pero sí creemos que ha habido algunos retrocesos en el tema de la sanción a los malos policías, por ejemplo. También en el 1323 y la protección a la comunidad LGTBI. En esa y en todas las normas en las cuales había una prohibición de discriminación expresa, como en el Código Penal para menores infractores, en la norma penitenciaria, etc., se ha borrado todo lo referido a orientación sexual e identidad de género. A mí me parece que eso es un retroceso para el país.

¿Pero tenían facultades para legislar sobre ello?

Claro que sí. El tema de la violencia de género incorpora el principio de no discriminación. No lo digo yo, lo dice la norma. Pasa que podría haber desconocimiento de algunas de las personas que dieron las facultades y que no sabían que cuando se habla de violencia de género, se habla de prohibición de no discriminación y de categorías que están más expuestas. El tema de la identidad de género y la orientación sexual es sin duda la gran preocupación.

¿El Congreso actúa a contracorriente entonces? 

Yo creo que es muy malo para el propio Congreso, porque los derechos de la población y la comunidad LGTBI ya están protegidos a nivel judicial, lo que se quería era precisiones normativas. El Tribunal Constitucional no va a retroceder en el avance jurisprudencial que tiene, el PJ tiene una oficina especializada en temas de género a nivel de Corte Suprema y la violencia de género se viene combatiendo hace muchísimos años. Lo que se demuestra es una mirada miope del tema, lamentable.

¿Van a hacer algo al respecto? 

Nosotros vamos a incorporar a la comunidad LGTBI en el Plan Nacional de Derechos Humanos como una categoría que debe ser protegida. También vamos a trabajar a nivel de la no discriminación con mucha fuerza como Gobierno.

¿Pero van a insistir con el Congreso? 

Por supuesto. Nosotros creemos que son constitucionales y están dentro de las facultades. No lo creemos, está en la norma. Confiamos en una reflexión del pleno y que se corrija esto. Si no pasa eso, lo evaluaremos en su momento.

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