Mineras: “Es una decisión arbitraria y unilateral”

Desde Coracora en Ayacucho, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, anunció el viernes el retiro y cierre de cuatro mineras en la región, y anunció que no habrá ninguna ampliación para exploración o explotación que soliciten las compañías.

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Lo que la premier omitió mencionar es que las unidades mineras afectadas (Apumayo, Breapampa, Inmaculada y Pallancata) no fueron informadas ni advertidas de la decisión que tomó el gobierno. Es decir, se adoptó una decisión unilateral que va a afectar seriamente la confianza en el y va a mellar cualquier intento de capitales nacionales o extranjeros por invertir en el país.

arbitrario e ilegal. Ayer, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y los representantes de las empresas mineras Compañía Minera Ares (que opera Inmaculada y Pallancata), Apumayo y Sami S. AC (Breapampa) reproducción su rechazo y calificaron la decisión del Gobierno como arbitraria.

Ignacio Bustamante, CEO de Ares, adelantó que esperarán una rectificación desde el Poder Ejecutivo y, de no darse cuenta, estarán disponibles “a ir hasta las últimas consecuencias en el aspecto legal”.

“No tenemos una fecha de cierre programada o planes de cesar nuestras operaciones, por el contrario, tenemos la expectativa de seguir invirtiendo”, afirmó.

Por su parte, Guillermo Shinno, gerente general de Apumayo, minera que se vio afectado hace unas semanas cuando unos vándalos desataron un incendio en su campamento, se pronunció en el mismo sentido: “Apumayo tiene planes de expansión y de seguir trabajando. Ejerceremos todos nuestros derechos de acuerdo a la ley y si hay que ir a instancias judiciales, lo haremos definitivamente “.

Por su parte, el representante de SAMI SAC Carlos Salinos, consideró que la medida es “arbitraria” y “unilateral”, además de dar una mala señal al sector privado.

“Nuestra empresa tiene proyectos en marcha en la misma ubicación. No consideramos que sea viable o correcta la paralización “, sostuvo.

PÉRDIDAS. Los empresarios alertaron que la decisión fue anunciada como un piloto que se pretendería aplicar en todo el sector minero, lo que impactaría en 2 millones de puestos de trabajo, el 23% de la inversión privada, el 60% de las exportaciones del país y el 25% de los impuestos recaudados por el Estado.

Durante su intervención, Raúl Jacob, presidente de la SNMPE, descrito que aplicar esta medida afectaría en 6 mil puestos de trabajo directos y 48 mil indirectos, es decir, 54 mil familias de la región Ayacucho se verían perjudicadas.

“Mensajes como estos desalientan la inversión minera, que sigue impulsando el crecimiento y recuperación económica del país, y que este año generará más de S / 12,500 millones en recaudación tributaria en beneficio de todos los peruanos”, dijo Jacob.

ATROPELLO. “Estoy aquí no solo para alzar la voz por el atropello y acciones arbitrarias hacia el sector minero, sino representando a los 22 gremios que conforman la Confiep y que aportamos el 75% del PBI”, fue el mensaje que sobre el tema dio Óscar Caipo , presidente de la Confiep.

Desde su punto de vista, se está violando el estado de derecho, pues la premier Vásquez se atribuyó funciones que no le corresponden.

“Le pedimos al gobierno del presidente Castillo que esta situación se rectifique formalmente (...). Esto solo alimenta los temores de incertidumbre y la falta de predictibilidad que nos da al sector empresarial que responde al 80% de la inversión “, afirmó.

“Esta situación se pone muy difícil y eso podría tener obviamente consecuencias para la inversión futura, la generación de empleo y el crecimiento del país en los próximos meses y años”, agregó Caipo.

En el mismo sentido se pronunció la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, quien consideró que el anuncio de Mirtha Vásquez genera rechazo e incertidumbre.

“Nosotros insistiremos en la defensa de la inversión pública y privada con seguridad jurídica”, indicó el representante del Parlamento.

SIN CLARIDAD. Tras el reclamo de los empresarios, la PCM publicó un extenso comunicado calificando de interpretaciones inexactas el acuerdo entre el gobierno y los dirigentes de Ayacucho.

Presentaron un cuadro con un cronograma que da cuenta del cierre progresivo de las cuatro unidades mineras y que tienen fechas de entre 2019 y 2023.

El comunicado no explica por qué las unidades mineras no fueron informadas, menos aún da cuenta de que el gobierno ya tenía la decisión tomada.

Cabe precisar que cuando la premier Vásquez visitó Ayacucho el jueves, les dio la razón a quienes exigían el cese de las operaciones. “Reconocemos que tienen razón al reclamar, al protestar”, dijo.

Luego, hizo su anuncio oficial: “Quiero anunciar que respecto a las 4 mineras que han ido señalando, no va haber más ampliación, ninguna ampliación más, ni para proceso de explotación, exploración e incluso para cierre de minas”.

Además, aseguró que les exigirán a las empresas un cierre inmediato.

“Algunas no quieren negociar, que sus cierres le dejemos hasta el 2025 ¡no! Vamos a hacer un cierre lo más inmediato posible “, exclamó.

La premier asistió a Ayacucho para reunirse con dirigentes de la región luego de que pobladores de las provincias de Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara iniciaran un paro indefinido a fines de octubre que desembocó en violentas protestas, la quema de un campamento minero y heridos .

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Los reclamos apuntaban al cese de las actividades mineras argumentando que el medio ambiente, la calidad del agua y sus actividades agrícolas.

Sin embargo, los representantes de las mineras aseguraron que tienen todos los permisos para operar, como el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

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