Ministerio Público investiga a 19 gobernadores regionales

De acuerdo con la Constitución, los gobiernos regionales tienen la misión de fomentar el desarrollo integral de sus jurisdicciones mediante la promoción de la inversión pública y privada, así como garantizar el empleo y el ejercicio pleno de la igualdad de oportunidades de todos sus habitantes. Para cumplir esta competencia deben utilizar, de manera responsable, los recursos asignados por la ley.

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Sin embargo, precisamente en este último punto, más de una autoridad estaría fuera de la normativa, razón por la cual enfrentan una investigación fiscal.

En efecto, el Ministerio Público (MP) le abrió investigaciones por el presunto delito de corrupción de funcionarios a nada menos que 19 de los 25 gobernadores regionales, por actos supuestamente perpetrados durante sus gestiones (ver infografía).

Rosario

El hilo último hilo de esta madeja la personifica Elmer Cáceres Llica, máxima autoridad de Arequipa, por presuntamente integrar la organización criminal ‘Los hijos del cóndor’. Su adhesión a este lista negra actualizó la cifra de gobernadores regionales involucrados en corrupción.

Detenido en sede policial por 10 días, a Cáceres Llica se le imputa sobornar a algunos consejeros regionales con prebendas a cambio de que no lo fiscalicen.

En Junín, el nombre de Vladimir Cerrón -fundador del partido de gobierno, Perú Libre- está también relacionado con la corrupción, pues incluso tiene una sentencia confirmada en la Corte Suprema por el delito de negociación incompatible.

En la actualidad, el gobernador de dicha región, Fernando Orihuela, es investigado en el caso del presunto financiamiento ilícito de Perú Libre durante la última campaña presidencial, junto a Cerrón y otros dirigentes.

Orihuela también afronta una investigación fiscal por el irregular resguardo policial de Cerrón. “Nos vamos a allanar. Lo importante es eso. Todo está en investigación, mal haría yo en pronunciarme”, dijo Orihuela cuando fue consultado, en setiembre pasado, por sus las pesquisas que enfrenta tras visitar al presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno.

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Pedido

Pero Cáceres y las autoridades de Junín vinculadas al partido de gobierno no son las únicas. El último viernes, la Fiscalía Anticorrupción de Madre de Dios solicitó prisión preventiva por 36 meses para el actual gobernador, Luis Guillermo Hidalgo Okimura.

A la autoridad regional se le sindica liderar la organización criminal denominada ‘Los Hostiles de la Amazonía’, dedicada al tráfico ilegal de madera.

El Poder Judicial aún no fija fecha para evaluar los pedidos del Ministerio Público.

La corrupción ha comprometido incluso a Carlos Rúa Carbajal, gobernador regional de Ayacucho y actual titular de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Rúa es investigado por la Fiscalía provincial Penal Corporativa de Huamanga por el delito de nombramiento o aceptación indebida de cargo público.

De acuerdo con la denuncia presentada por la Procuraduría Anticorrupción, el gobernador designó al abogado Víctor Oriundo Medina como procurador regional, pese a que este tiene una sentencia por violencia familiar.

Carlos Rúa declaró a la prensa que colaborará con las pesquisas de la Fiscalía.

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En Tumbes, la máxima autoridad regional, Wilmer Dios Benítez, es prófugo de la justicia. Él tiene una sentencia de cuatro años de prisión por el delito de colusión agravada.

Según la respectiva resolución judicial, Dios Benítez es responsable de un perjuicio económico a la región de 11 mil soles debido a la firma de una serie de adendas en una obra del asentamiento humano Edmundo Romero de Zarumilla, valorizada en más de 2 millones de soles.

De otro lado, gobernador del Callao, Dante Mandriotti afronta una pesquisa por delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo específico.

De acuerdo con las pesquisas, la jueza Estrella Cama habría solicitado a Mandriotti un paseo en yate a cambio de favorecer a la empresa Pesquera Capricornio, cuyo representante legal es Giovanni Mandriotti Castro (hermano del gobernador regional del Callao) en un proceso que tenía con una inmobiliaria.

Descargos

Al respecto, la secretaria técnica de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Mary Esther Rosales, sostuvo que “hay persecución política contra los gobernadores regionales, quienes durante la última campaña presidencial manifestaron que se deben respetar los resultados electorales”.

“Parece que fuera una especie de castigo por la decisión de los gobernadores regionales que se mantuvieron imparciales en el proceso electoral”, declaró a Correo.

Añadió que la mayoría de estas pesquisas surgen a raíz de informes de control realizados por la Contraloría, los que calificó como “gaseosos” por “no precisar e individualizar quien es el causante de la pérdida de patrimonio en los gobiernos regionales”.

“Le hemos pedido al contralor de la República (Nelson Shack) que nos precise cuáles son los criterios que determinan sus informes. Nos contestaron que ellos extrapolan sus resultados, lo cual hace que estos informes sean gaseosos”, enfatizó.

En ese sentido, refirió que hay varios indicios que apuntan a que “la Fiscalía estaría politizada, actuando bajo criterios que no necesariamente serían legales”.

“No negamos que exista corrupción, pero las investigaciones deben dar resultados. Vemos que las investigaciones son eternas, no llegan a ningún resultado, en la mayoría de los casos solo son un show para generar titulares”, acusó Rosales.