Mediante un comunicado, el Ministerio Público (MP) informó que Ávalos tomó esta decisión tras evaluar el respectivo informe que la Fiscalía Anticorrupción envió a su despacho y que involucra al jefe de Estado.
Mediante un comunicado, el Ministerio Público (MP) informó que Ávalos tomó esta decisión tras evaluar el respectivo informe que la Fiscalía Anticorrupción envió a su despacho y que involucra al jefe de Estado.

Escrito por Gabriel Mazzei y Karina Valencia

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dispuso abrir investigación preliminar al presidente de Martín Vizcarra por su presunta injerencia en los contratos de Richard Cisneros como proveedor del Estado, entre el 2018 y el 2020.

Mediante un comunicado, el Ministerio Público (MP) informó que Ávalos tomó esta decisión tras evaluar el respectivo informe que la Fiscalía Anticorrupción envió a su despacho y que involucra al jefe de Estado.

“En el presente caso, luego de calificar el informe remitido por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, se ha optado por declarar que, efectivamente existe mérito para investigar preliminarmente al presidente de la República (...)”, reza la nota.

Sin embargo, el documento detalla que las pesquisas al jefe de Estado quedarán suspendidas hasta el 28 de julio del 2021, “cuando deje el cargo”, en atención a la prerrogativa constitucional que cuenta todo mandatario para no ser acusado penalmente durante su mandato.

Los delitos imputados serían tráfico de influencias y obstrucción a la justicia.

El MP también informó que abrió una investigación preliminar a la exministra Patricia Balbuena, sobre quien sí se iniciarán las pesquisas preliminares sin ninguna postergación.

Para el abogado penalista Carlos Caro, la decisión del Ministerio Público no representa una variación significativa respecto a la situación legal del presidente de la República, debido a que este no podrá ser imputado por delito alguno hasta el fin de su gobierno.

Agregó que lo expresado por la fiscal de la Nación, si bien muestra “un cambio en la interpretación” a lo hecho por la institución en los últimos 20 años -respecto a no investigar ni acusar a los mandatarios durante su gestión-, es “prácticamente lo mismo”, pues sin una acusación de por medio no se evidenciaría un avance sustancial en la pesquisa.

“La verdad que no hay mucho cambio en la medida que el presidente puede declarar, pueden pedirse pruebas, pero al final del día no puede ser imputado mientras que no estemos en el término de su mandato”, dijo.

Añadió que mientras no haya una acusación, que es la esencia del proceso penal, no habrá ningún avance en la indagación al presidente.

Respecto a la situación de la exministra Patricia Balbuena, Caro manifestó que el caso es distinto, ya que “sí puede ser investigada”. No obstante, advirtió que para que el procesamiento continúe se requeriría esperar la aprobación en el Congreso de una acusación constitucional.

CITACIÓN. Por otro lado, el mandatario deberá fijar -en breve- la fecha y el lugar en el que brindará su testimonio ante la Fiscalía por las presuntas contrataciones irregulares en el Estado que habría efectuado Mirian Morales, exsecretaria general de Palacio de Gobierno.

Así lo solicitó el último jueves el fiscal provincial Reynaldo Abia, a cargo del caso, mediante una carta dirigida al jefe de Estado.

En julio de este año, Abia inició una investigación preliminar por los contratos que suscribieron Jorge y Claudia Mere Vidal, expareja y tía de la hija de Morales, con el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, respectivamente.

Informe de la Fiscalía Anticorrupción

La fiscal Janny Sánchez tiene la hipótesis preliminar de que el presidente Martín Vizcarra habría intervenido en las contrataciones del cantante Richard Cisneros en el Mincul.

Para Sánchez, el polémico artista habría obtenido el trabajo a través de “contactos previos” con altos funcionarios para llegar a “acuerdos subrepticios”, entre ellos el jefe de Estado.