Ministro Albán choca con Humala

La polémica estalló ayer en el ambiente político luego de las diferencias que manifestara el ministro del Interior, Walter Albán, con la ley que exime de responsabilidad a los policías y militares que actúan en cumplimiento de su deber.

La Ley 30151 fue promulgada el último lunes por el presidente Ollanta Humala y modifica el inciso 11 del artículo 20 del Código Penal, que libraba de culpa a los miembros de las fuerzas del orden si causaban lesiones o muertes "en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria".

La nueva ley elimina esa última frase y queda redactada así: "Está exento de responsabilidad penal: el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte".

EN CONTRA. Al respecto, el ministro Albán señaló durante una entrevista radial que aquella modificación no era necesaria ni conveniente por la confusión legal que puede generar.

"En particular, tengo la impresión de que esta modificación no era necesaria, creo que lo que hay que hacer es que la letra de las leyes tenga una lectura correcta y lo que se había establecido en la ley, el código y las modificaciones que se habían producido luego, era la clara expresión de que no se les puede culpar cuando hacen el uso reglamentario de sus armas en el ejercicio de sus funciones. El tema es que al omitir esto, una mala lectura puede dar pie a pensar, entonces, de que habría total impunidad", dijo en radio San Borja.

Por ese motivo, el titular del sector recalcó que la modificación a la norma "no era necesaria ni conveniente".

Sin embargo, Albán no perdió tiempo en afirmar que la Constitución y las leyes que rigen en el país impiden la impunidad, ante cualquier duda que pueda surgir al respecto.

"Lo que tenemos que dejar muy en claro es que este ejercicio no puede ser ilimitado como corresponde en toda democracia, y que cualquier tipo de exceso, de actuación que va al margen de lo que tiene que ver con la función regular, tendrá que ser sancionado", agregó.

El ministro del Interior agregó que "de ninguna manera (esto no es una licencia para matar) y creo que ahora deberíamos estar muy claros en ese mensaje, porque yo creo, también, que no debemos contribuir a que esto se pueda entender o malentender como una suerte de cheque en blanco o una patente de corso", precisó.

El también exDefensor del Pueblo explicó que el Ejecutivo optó por no observar la norma para evitar que se entienda como una limitación a la labor policial.

"El Ejecutivo no ha querido en ese caso, en medio de este debate que no ha sido tan explícito y no se ha hecho de esto una reflexión muy a fondo, dar a entender como que está más bien favoreciendo a que la Policía se pueda sentir limitada, restringida en su función o sometida a una serie de sanciones que injustamente podrían provenir por aquello que significa el uso de la fuerza legítima", refirió.

DESINFORMACIÓN. El legislador pepecista Juan Carlos Eguren defendió la norma y dijo que el Congreso optó por quitar la frase "con su arma de reglamento", porque muchas veces los policías intervienen en acciones contra la delincuencia con sus armas particulares.

"El arma de reglamento se queda en la institución policial cuando el policía está de franco, y por eso la norma faculta a usar su arma personal en cumplimiento de su deber. Aquí no hay espacio para especulaciones, no hay licencia para matar, ni nada, como se ha dicho", dijo.

En ese sentido, el congresista Eguren cuestionó severamente al ministro del Interior, Walter Albán, por salir a cuestionar la norma un día después de que el Ejecutivo, el cual integra, decide promulgarla.

"La norma ha sido promulgada por el Ejecutivo y refrendada por el presidente Ollanta Humala y el premier César Villanueva, razón por la cual llama mucho la atención que Albán critique la norma. Eso evidencia que no está al tanto de los temas que tienen que ver con su materia, y que el Mandatario y el jefe del gabinete ni siquiera le consultan las leyes que van a promulgar", remarcó en diálogo con este diario.

Eguren agregó que el titular del sector está demostrando que aún está "desubicado".

Por su parte, el exministro del Interior Fernando Rospigliosi señaló que la variación a la ley es una "tremenda barbaridad".

"Se supone que ahora los policías y militares son impunes, no pueden ser procesados, aún estando fuera de servicio. Esa es la diferencia con la ley que existía antes", dijo.

Rospigliosi señaló que el Ejecutivo debió observar la norma, por ello preguntó: "¿Para qué están los ministros? ¿Para qué está Walter Albán? ¿Para qué está Pedro Cateriano?", comentó.

DEBILIDAD. A través de un pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo expresó que la modificación introducida por la Ley N° 30151 resulta contraproducente con el objetivo de fortalecer la labor policial y militar en la lucha contra la delincuencia, el resguardo del orden público y la defensa de la seguridad nacional.

"Por el contrario, la norma debilita la protección del derecho a la vida y a la integridad personal de la ciudadanía, al flexibilizar las reglas para el uso regular de la fuerza por parte de los agentes del orden", detalla.

Indica que la modificación "resulta innecesaria y puede generar confusión".