Minsa pide al Congreso debatir ley para regular fusiones en el mercado (VIDEO)

En alerta. La adquisición de la cadena de farmacias Mifarma (que incluye a BTL, Fasa y Arcángel) y el laboratorio Química Suiza por parte de InRetail, propietaria de Inkafarma y miembro del grupo Intercorp, ha generado preocupación en los diversos sectores sociales y políticos del país.

Desde el Ministerio de Salud (Minsa)hasta organismos gremiales se han pronunciado ante la necesidad de una normativa que regule las fusiones y evite la concertación dentro del sector farmacéutico; que impida una posible alza de precios que perjudique al consumidor final; y que garantice una adecuada distribución de los medicamentos en las diversas boticas del grupo corporativo y en las de carácter independiente.

PROPUESTA OFICIAL. En conferencia de prensa, el ministro de Salud, Abel Salinas, consideró que la fusión de cadenas de farmacias “podría significar una riesgo potencial al usuario para la adquisición de fármacos”. Por ello, dijo que su sector presentó un proyecto de ley “que ya está en el Congreso y que esperamos se discuta a la brevedad posible”.

“(Esta iniciativa legislativa) permitirá modificar la normativa constitucional que pueda regular este tipo de fusiones y no permita un predominio del mercado que pueda repercutir en perjuicio del ciudadano”, aseguró el titular del Minsa.

Asimismo, indicó que su sector buscará fortalecer la compra corporativa de medicamentos para cubrir los stocks en las farmacias de los hospitales y brindar un oportuno acceso a estos productos.

“Vamos a tener (en el Ministerio de Salud) un organismo potente que pueda comprar, incluso de forma corporativa, los medicamentos fundamentalmente genéricos de calidad y que estén disponibles no solamente para los pacientes de los hospitales, sino también para el que venga de la calle con una receta médica”, recalcó.

SE SUMAN. A su vez, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, calificó la compra de farmacias de Quicorp por Intercorp como “una concertación peligrosa”; mientras que el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), Crisólogo Cáceres, afirmó que si bien la operación “es totalmente legal” en el Perú, porque “no hay una ley que controle las fusiones y concentraciones empresariales”, la cadena farmacéutica podría poner condiciones a los laboratorios por ser el mayor comprador.

“Esto es gravísimo, porque como controlan una porción grande del mercado, ellos van a poder imponer una serie de condiciones a los consumidores, siendo la más importante la determinación del precio”, refirió.

Por su parte, Javier Llamoza, decano del Colegio Químico Farmacéutico, manifestó que se teme que la concentración lleve de facto a un alza de los medicamentos en el país y un aumento en el margen de precios de medicamentos genéricos.

“Tenemos un gran conglomerado que es fabricante, que es distribuidor, que es comercializador y tiene el poder (...) para tomar decisiones que no necesariamente van sobre el tema del interés público”, indicó en RPP Noticias.

También recordó la concertación de precios de medicamentos en la que estas cadenas se vieron involucradas entre los años 2008 y 2009, y que fue sancionada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) con S/9 millones. Dijo que la adquisición de las cadenas de farmacias puede derivar tanto en el aumento como en la disminución de los precios a fin de “eliminar a las boticas independientes ubicadas en zonas donde las cadenas no llegan y hay poblaciones más reducidas”.

DEBATE PENDIENTE. Tras la adquisición de Quicorp, se ha puesto nuevamente sobre la mesa el debate sobre un posible monopolio en el mercado farmacéutico peruano.

En la última semana, el congresista aprista Jorge del Castillo presentó el anteproyecto de la Ley de Regulación de Fusiones y Adquisiciones Empresariales, elaborado por el grupo ProInversión y Promoción del Empleo que este legislador presidente dentro de la Comisión de Economía del Congreso.

Se prevé que dicha iniciativa sea discutida en el Parlamento en marzo, luego de que se recogieran diversas opiniones técnicas desde fines del 2016. Una de ellas provino de la entonces viceministra de Economía, Claudia Cooper, quien señaló que la creación de una ley de control de fusiones podría ocasionar corrupción si antes no se cuenta con un mecanismo institucional adecuado.

El documento de Del Castillo, de 11 páginas, establece que las empresas que busquen realizar “una operación de concertación” deberán notificar previamente dicho accionar a la comisión del Indecopi.

De esta manera, la compañía interesada se somete a un procedimiento de evaluación a fin de recibir la autorización de la comisión del Indecopi. Esta aprobará la adquisición si la compra no genera una restricción a la competencia efectiva en el mercado o si la justificación expresada demuestra la existencia de deficiencias económicas que compensen los efectos restrictivos de la adquisición.

De acuerdo con el documento, la posible compra debe ser notificada -en un plazo máximo de 15 días- al Indecopi solo si el volumen de ventas anuales de las empresas involucradas -o al menos una de ellas- en el anterior ejercicio fiscal iguala o supera el límite establecido mediante decreto supremo.

En caso de que no se notifique o se proceda con la operación pese a haber sido denegada, se establecerán multas de hasta 10% del volumen de ventas o ingresos percibidos, además de dictar medidas correctivas.

Entre otros puntos, se señala que los umbrales o topes de sumas de ventas se determinarán -y actualizarán en valor de Unidades Impositivas Tributarias (UIT)- mediante decreto supremo, y serán revisados por el presidente del Consejo de Ministros y por los ministros de las carteras de Comercio, Producción y Economía.

Cabe señalar que los congresistas Marco Arana (Frente Amplio) y Yonhy Lescano (Acción Popular) también han presentado iniciativas legislativas al respecto.

LA REGULACIÓN ACTUAL. Bajo las actuales circunstancias, sin ninguna norma antimonopolio de por medio, Julia Giraldo, especialista en Administración de Empresas de la Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH), considera que la transacción cumple con la ley vigente. “No es delito y las leyes indican que no se puede penalizar lo que no está escrito en la ley”, indicó.

Además, señaló que si alguna botica independiente acusara al nuevo grupo empresarial de competencia desleal, las razones detrás de sus bajos precios serían totalmente explicables por sus compras en grandes volúmenes, una eficiencia que a los competidores les costará mucho llegar a obtener por cuenta propia. “El costo unitario lo obtienen con rebaja, y eso lo trasladan al consumidor. En el corto plazo, sacarán varias ofertas, pero acabarán con la competencia”, dijo.

Aseguró que el Congreso deberá ser muy cuidadoso con la legislación que decida implementar, porque el Perú es un país con libre mercado y las fusiones no siempre son nocivas. “El ingreso de nuevas marcas favorece al consumidor, pero cuando hay un solo grupo, puede mover el precio a su antojo. Si se reglamenta que nadie tenga más del 50% del mercado, también se iría en contra de la libertad de mercado”, comentó.

Dentro de los argumentos que los representantes de Inkafarma han usado para defender la compra, se encuentra la posibilidad de que más adelante otros grupos empresariales -nacionales o extranjeros- ingresen al segmento moderno de la venta de medicinas y su posición de dominio se vea diluida. Sin embargo, Giraldo opina que ese panorama es poco probable.

“El inversor tendría que ver que haya un mercado cautivo para poder entrar, pero si alguien ya tiene el 85%, se tendrían que hacer grandes inversiones para arrebatarle el mercado. El Estado va a tener que vigilar esa sana competencia y ponerle un coto, que ahora no existe”, agregó.

RESPONDE. El grupo InRetail rechazó, a través del gerente general de Inkafarma, Rafael Dasso, que vayan a subir sus precios y aseguró que los negocios de Mifarma e Inkafarma se mantendrán separados. “No creo (que seamos un riesgo), porque lo que vamos a poder lograr es tener una mejor distribución a nivel país y seguir creciendo a precios económicos”, indicó en RPP Noticias.

CIFRA. 583 millones de dólares pagó Intercorp para comprar las acciones de Quicorp.