El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, empeñado en acciones contra la unidad policial DIVIAC. (Foto: Mininter)
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, empeñado en acciones contra la unidad policial DIVIAC. (Foto: Mininter)

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, reiteró que no existe una campaña suya en contra de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), una unidad de la Policía Nacional.

Su versión es que “no existe una campaña por desprestigiar a la Diviac sino una campaña por llegar a la verdad”.

Se refiere a conocer el destino de los S/72 millones que recibió ese órgano policial en los últimos años, de los que “no ha rendido cuentas”, asegura.

También deslizó posibles “operaciones sospechosas” por investigar.

Según observadores, resulta extraño, inusual, ver a un miembro del Ejecutivo confrontando a una unidad policial de su propio sector.

Santiváñez ha exhortado a la Contraloría a auditar los gastos de la Diviac, al Ministerio Público abrir una investigación, y al Congreso a crear una comisión especial de revisión de fondos.

“Lo que nosotros estamos refiriendo es que la Diviac tiene que ser auditada. Los fondos tienen que revisarse (...)”.

Mencionó en seguida algunos casos que, a su juicio, deberían ser objeto de investigaciones. “La Diviac hasta el día de hoy no responde qué es del caso del señor Gustavo Gorriti; no responde qué es de la investigación de los videos del expresidente Alan García; no responde qué es de la investigación de la computadora que supuestamente se les perdió (...) que casualmente contenía los documentos que sustentaban (...) esos 72 millones que le han sido asignadas”.

CONGRESO

El ministro remarcó que no tiene poder para desactivar el órgano policial que cuestiona porque las unidades orgánicas de la PNP se crean por Ley.

“La ley la hace el Congreso. Solo ellos lo pueden desactivar, no el ministro”, señaló.

Cabe recordar que personal de la Diviac, a órdenes de la Fiscalía, rompieron la puerta de la casa de Dina Boluarte durante un allanamiento en el “caso Rólex”. Este hecho mortificó notoriamente a la mandataria y al Consejo de Ministros.