Nelson Shack Yalta, contralor general de la República: “uno de los grandes problemas del Estado es el control interno”

Hace unos días, Nelson Shack Yalta empezó el último de los siete años en los que, por ley, ostentará el mandato de la Contraloría General de La República (CGR).

En esa coyuntura conversó con Correo, respecto a cómo fue trabajar con seis presidentes, tres congresos y, a la vez, llevar adelante una reforma del sistema de control del que, afirma, se siente muy satisfecho.

¿Cuál sería el balance general de sus seis años de gestión?

Estoy muy satisfecho con todo lo que hemos logrado durante estos seis años de gestión. Yo decidí aceptar ser contralor y dejar mis trabajos internacionales con el único propósito de hacer la reforma, y la hemos hecho, a pesar de todas las dificultades institucionales y políticas, que se han sobrevenido sobre nuestro país durante los últimos años. Fíjate, yo soy un contralor que ha trabajado con seis presidentes y con tres congresos. Sin embargo, no podemos negar que el apoyo tanto del Ejecutivo como, sobre todo, del Legislativo, han permitido sacar una serie de reformas que han permitido, por ejemplo, recuperar el tema de la capacidad sancionadora de la Contraloría e implementar este nuevo modelo de control más preventivo, que es el control concurrente a nivel nacional.

Toda reforma genera un rechazo inicial. ¿Cuál ha sido el más fuerte que encontró?

Yo diría que el cambio de la cultura organizacional de la Contraloría, que es una organización que tiene 93 años de existencia. Entonces, migrar a un paradigma nuevo de control, un control mucho más concurrente, donde el auditor se involucra directamente en el acompañamiento a la gestión, ha sido una de las tareas más difíciles. Y, evidentemente, una serie de cambios organizacionales que son los que se vienen ahora, producto de la ley de la reforma, de esta nueva carrera del auditor gubernamental, con la cual cerramos el proceso de reforma del control en el Perú.

¿Qué cambiaría cuando se implemente la carrera del auditor?

En primer lugar, cambia a la posibilidad de que la Contraloría pueda garantizarle a la sociedad, a la gestión pública y al país, que tengamos auditores profesionalizados e independientes en su labor, porque hasta ahora en la Contraloría hemos hecho muchos esfuerzos que se ven limitados, porque no tenemos una carrera del auditor gubernamental. Por ejemplo, la Contraloría no puede invertir en fortalecer las capacidades de sus auditores, porque se pueden ir en cualquier momento y, por tanto, no podemos financiar, por ejemplo, pasantías al exterior, cursos en la escuela de manera sistemática, segundas especialidades, por ejemplo. Entonces, con la carrera va a haber una profesionalización y una institucionalidad robusta, como la tiene el Banco Central y la carrera diplomática.

Con toda la institucionalización que usted está planteando, ¿la Contraloría dejaría de ser reactiva?

Claro, en gran medida ese es el foco de atención. O sea sí, con el control concurrente la Contraloría dejaría de ser solamente reactiva, porque siempre vamos a ser reactivos, porque reaccionamos a la denuncia pero, a medida de que vayamos fortaleciendo las capacidades del control, sobre la base de una serie de modelos de riesgo, podríamos anticiparnos y hacer control concurrente en una serie de obras que de repente no han tenido ninguna denuncia, y ojalá que no la tengan, porque precisamente vamos a estar ahí.

¿Con cuántos votos se aprobó la norma?

La ley de la carrera se aprobó con 105 votos, de 119 votos. Es decir, ha habido un gran consenso por parte del Congreso respecto de la necesidad y conveniencia de que haya una carrera del auditor que profesionalice su trabajo, pero que además le garantice autonomía, porque lo más importante es que, con este mecanismo, el mérito es lo único que va a primar en la determinación de cómo asciende el auditor, cuánta plata gana en su remuneración y en qué responsabilidad se ubica.

Entonces, ¿la Contraloría está en muy buenos términos con el Congreso?

No, yo no diría que en buenos términos o malos términos. En general, yo diría que hemos tenido un trabajo, una relación de cooperación interinstitucional adecuada durante estos últimos seis años, que es lo que a mí me corresponde mencionar.

¿Y la controversia respecto a quién elige al auditor del Congreso?

El Poder Legislativo, en uso de su autonomía, consideró que debíamos absorber todas las oficinas de control, excepto la del Congreso. Y, entonces, para evitar que la Contraloría no tenga la posibilidad real de controlar el Congreso, hicimos un arreglo en el marco de la cooperación interinstitucional, un arreglo, digamos, una convención con la Mesa Directiva de ese entonces. Entonces, ahora el presidente del Congreso sigue designando a su auditor, pero lo hace de una terna que envía el contralor.

¿La Contraloría tiene algún control respecto a la cantidad de gastos que tiene el Congreso o puede emitir una opinión sobre los resultados de alguna comisión investigadora en la que se destina mucho dinero público y tiene pobres o nulos resultados?

La Contraloría supervisa el control de la legalidad de los recursos públicos. O sea, no discutimos lo que es bueno ni lo que es malo, lo que es justo o injusto, discutimos si lo que se ha hecho es legal o no. Entonces, en el caso del Congreso hay dos partes: el servicio parlamentario y otra cosa es la organización parlamentaria. El trabajo de las comisiones y de los congresistas es parte de la organización parlamentaria, y la Contraloría no tiene ningún campo de acción legalmente. Por eso que, por ejemplo, en casos como el de los “mochasueldos”, que obviamente es un caso no solamente de inconducta funcional sino delictivo, la Contraloría no tiene que ver ahí, porque de eso se encarga la Comisión de Ética. Sin embargo, por ejemplo, si van a hacer algo para la compra de... como pasó en el caso de las alfombras o los bufet, etc., ahí sí intervenimos, porque eso tiene que ver con el manejo propio del recurso público. Pero hay que ser conscientes de otra cosa: por ley los acuerdos de Mesa Directiva tienen fuerza de ley. Entonces, en la vida práctica, lo que estamos diciendo es que lo que decide la Mesa Directiva en términos administrativos para el Congreso es legal. Entonces, todo es legal por definición. Con lo cual, la posibilidad de discutir si lo que están haciendo es legal o no es una discusión bastante poco probable, porque por definición es legal.

Pasando tema coyunturales, ¿cómo ocurren estos casos tan grandes de corrupción? ¿La Contraloría no advierte esto? Hablemos del caso Marka Group, del MTC, el Puente Tarata y todo lo que ha ocurrido, ¿se pudo prever?

Yo diría que siempre es posible prever, pero uno de los grandes problemas que tiene nuestro Estado peruano es el control interno que tienen. O sea, lo que hace la Contraloría es un control externo y, por lo tanto, su trabajo no debería ser tan grande ni tan arduo, si es que los sistemas de control interno funcionan. La Contraloría no hace el control interno. El control interno es una responsabilidad de la administración. Sin embargo, en estos casos, de todos los que tú mencionas, la Contraloría ha intervenido, ha hecho sus informes. Esos informes han servido para que el trabajo de la Fiscalía y la Procuraduría prospere.

Pero se hicieron después de la denuncia...

Sí, efectivamente, se hicieron después de la denuncia. Lo que esperamos es que ahora, con la masificación del control concurrente, que tiene un enfoque más preventivo, no tan reactivo como el control posterior, podamos evitar este tipo de situaciones oportunamente o al menos alertarlas, pero, efectivamente, hasta ahora la Contraloría es reactiva.

¿Hay un mea culpa de parte de la entidad o es algo que escapa de ustedes, porque no tiene las herramientas necesarias?

Yo diría que es parte de un proceso. O sea, el control posterior, por definición, es siempre reactivo; o sea, en la medida que hagamos control posterior siempre va a ser reactivo, porque siempre es después de, no hay posibilidad alguna de intervenir en todos los miles de millones de casos que se presentan. Lo que vamos a hacer ahora es bajar ese nivel de reactividad para un nivel de proactividad mucho más enfático a través de dos cosas: la expansión del control concurrente y, por otro lado, una enorme apuesta que esto es la última etapa de esta reforma que se va a implementar el próximo año, es una gran apuesta al tema de la inteligencia artificial, la analítica de datos, el big data y, de tal manera, poder pronosticar a partir de una serie de modelos de proyección dónde podrían estar los problemas y atacarlos antes de que surjan.

Y en un tema más del control de usted en la institución, ¿les pide explicaciones a los representantes de las OCI cuando se destapan casos de corrupción como los que vemos?

Sí, si se les piden explicaciones...

¿Hay sanciones?

De hecho, todavía no ha habido sanciones por eso. Lo que sucede es que se arma un plan, ellos ejecutan ese plan, pero muchas veces lo que sucede es que la cantidad de auditores que tiene la Contraloría es todavía muy reducido. Ahora, recién, hacia fines de año, con un nuevo concurso que vamos a tener, vamos a tener la capacidad operativa de poder prever, porque no es que no hemos visto los temas, los hemos visto, pero no los hemos podido prever. Entonces, de hecho, ahora con toda la información que podamos tener sobre la base de la interoperabilidad, eso es parte del desafío que tenemos.

Volviendo a Marka Group, a usted lo mencionaron en los chats diciendo que le iban a pedir el informe sobre la idoneidad de una persona ¿Lo llaman privados a solicitarle ese tipo de información?

No, eso nunca ha sucedido. Yo no conozco a la señora Sada Goray, nunca me he llamado, nunca he tenido relación con ella. Yo me imagino que es, digamos, una imprecisión de su parte o un fanfarroneo decir de que habla con el contralor general.