Cualquier persona que haya recuperado su libertad tras cumplir una pena de cárcel, pero que adeude el pago de la reparación civil de su condena, no podrá candidatear en ningún proceso electoral.
Las razones se sustentan en que quedarán marcados en el Registro Nacional de Condenas sin la posibilidad de anular sus antecedentes penales, opinaron dos expertos consultados por este diario.
Ambos coincidieron en que si una persona en esta situación insiste en postularse en los siguientes comicios, será detectado rápidamente por los filtros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) o el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Como sabemos, hasta la fecha hay dos políticos que buscan a como dé lugar tentar un puesto en la presidencia. Ellos son Antauro Humala, de la mano del etnocacerismo, y Vladimir Cerrón, el prófugo y dueño de Perú Libre.
Análisis.
El penalista Andy Carrión detalló que aquellos ciudadanos que hayan cumplido el íntegro de la pena, pero sin pagar la reparación civil, no podrán ser enviados a la cárcel por la deuda, pero sí se les restringirá algunos derechos, como el de participación política en una carrera electoral.
“Se les inhabilita por el hecho de que no han sido rehabilitados como reos, porque la participación política requiere la rehabilitación”, explicó en entrevista con Correo.
Refirió que el pago total de la reparación civil y el cumplimiento de la pena de cárcel posibilita que a un exrecluso se le retire del Registro Nacional de Condenas.
“Hay muchos puestos en el Estado que te piden antecedentes penales como requisito, y si no muestras que estás rehabilitado, no tienes una libertad para ejercer algún cargo”, manifestó.
Sostuvo que todos esos criterios judiciales deberán ser evaluados por los entes electorales al momento de realizar el filtro de los postulantes para, por ejemplo las próximas elecciones.
“Quien decide quién continúa en carrera y deja sin efecto alguna postulación por condena es el Jurado Nacional de Elecciones. Entiendo que el filtro inicial la hace la ONPE, no el Poder Judicial”, dijo.
En el mismo sentido opinó el abogado Mario Amoretti.
Indicó que la sentencia es el conjunto de la pena y la reparación civil, y que si solo se paga en parte significa que no se cumplió cabalmente la condena.
“Si solo se cumple con una lado de la sentencia y no con la reparación civil, quiere decir que no se ha dado cumplimiento total a la pena. Se puede reinsertar a la sociedad -el condenado-, ejercer otro derecho, pero no para postular a cargos de elección popular”, apuntó.
Consultado sobre la posibilidad de que Antauro Humala ensaye una justificación de que pagó parte de la reparación civil para postular, Amoreti contesto: “eso ya dependerá de la autoridad judicial”.
Insistió en que si la condena termina y la reparación se cancela, sí podrán participar, pues de acuerdo con el artículo 69 del Código Penal la persona que cumplió la pena quedará rehabilitada automáticamente. “Se le quita del registro”, añadió.
Postura.
Más temprano, el Poder Judicial dejó claro el panorama al informar que la reparación civil también es clave para que los exreos vuelvan a reinsertarse en la sociedad. De lo contrario, continuarán inhabilitados.
Fue el juez de la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Lima, Omar Amohed Chávez, quien explicó que un sentenciado que cumplió con sus años de prisión debe responder por los daños causados a sus víctimas.
“No es que el Estado no quiera que se reinserte (a la sociedad). Pero no puede reinsertarse totalmente sin que antes repare los daños causados a la víctima y la única manera es que cumpla con el pago total de la reparación civil impuesta”, resaltó.
Recordó que no pagar la reparación civil no constituye un delito, pero la legislatura permite que los deudores se mantengan en la condición de inhabilitados.
Como sabemos, Antauro Humala es uno de los personajes que calza perfectamente en esta trama. Él salió en libertad bajo la figura de la redención de pena tras cumplir 17 años de los 19 años de prisión por la asonada del “Andahuaylazo”.
No obstante, se conoce poco sobre si pagó la totalidad de su reparación civil.
Una fuente cercana al etnocacerismo ha dicho que está en trámite ese pago, pero que de ninguna manera se le impide ejercer su derecho a ser candidato.
Semanas atrás, otra fuente aseguró que, según una “sentencia del Tribunal Constitucional (TC), nadie puede ser discriminado por haber estado sentenciado”.
Lo cierto es que Humala debe pagar una reparación civil de un millón 283 soles. De ese total, un millón 183 mil soles será para las víctimas y 100 mil para el Estado peruano.
Es importante destacar que su partido político bautizado como la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (Antauro) logró inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones durante diciembre de 2023.
Por otro lado, con Vladimir Cerrón la situación es similar. Él escapó de la justicia cuando fue condenado por el caso “Aeródromo Wanka”, donde además de dictársele una prisión por tres años y seis meses se le exigió el pago de 800 mil soles bajo el concepto de reparación civil.
No obstante, ese no es el único monto que deberá pagar cuando la justicia dé con su paradero, también arrastra otro de hace años.
El 5 de agosto de 2019, el Quinto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancayo condenó a Cerrón por negociación incompatible, delito en el cual incurrió cuando se desempeñó como gobernador regional de Junín.
En aquella fecha se le impuso cuatro años de cárcel y el pago solidario de 850 mil soles de reparación civil. No obstante, con el tiempo la pena se redujo a cárcel suspendida por cuatro años.
