El Parlamento no ha dado muestras claras de revocar el injustificado incremento de salario por concepto de función congresal. Por el contrario, todos quieren mantenerlo.
Si bien hasta el momento no ase ha ejecutado de manera oficial, todo indicaría que en los próximos días se abonaría dicho pago.
De ser así, hasta el año 2026 -es decir, en poco más de dos años- dicho incremento generaría un gasto de 11 millones 433 mil soles al Estado, de acuerdo con un análisis de Correo.
Como se recuerda, antes del acuerdo de la Mesa Directiva, aprobado el pasado 19 de abril, cada legislador percibía 7 617.20 soles por dicha asignación. Sin embargo, ahora recibirán 11 mil soles al mes.
Es importante indicar que dicho pago no tiene carácter remunerativo y -en definición- debe destinarse al desempeño de las funciones del legislador en gastos de alojamiento, alimentación, transporte, combustible y atención para sus representados, según la Cartilla Administrativa del Legislativo.
Anulación. No obstante, desde el interior del Congreso, la izquierda y otros legisladores afines buscan anular el pago en el pleno.
La semana pasada la bancada de Cambio Democrático-Juntos por el Perú presentó una moción para dejar sin efecto el polémico acuerdo (N° 118-2023-2024/MESA-DR).
No obstante, esta fue declarada improcedente.
Sigrid Bazán, integrante de dicha bancada, aseguró que la Junta de Portavoces y la Oficialía Mayor respondieron que el pleno no evaluaba ningún asunto de carácter administrativo.
Así que, afirmó, otra vía posible era la recolección de firmas de los voceros para forzar la reevaluación del tema.
Consultado al respecto, Roberto Sánchez adelantó a Correo que las bancadas de izquierda han dado muestras de apoyar la iniciativa. Sin embargo, afirmó que esos mismos ánimos no se aprecian en el resto de grupos parlamentarios.
“Es la única alternativa en proceso. Estamos en consulta con otras bancadas que no nos confirman aún a sus adherentes”, refirió.
Hamlet Echeverría, (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) aseguró desconocer esa propuesta. Al principio se limitó a indicar que estaba fuera de Lima y que ya había declarado en contra del aumento, pero cuando se le preguntó si mantenía la postura de su misma bancada afirmó lo siguiente: “Mi posición es única. Eso pregúntele (si están de acuerdo o no) a los congresistas de derecha de Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular o Avanza País que cambian (sus posturas) de la noche a la mañana”.
Replica. Sobre el tema, el ex oficial mayor César Delgado-Guembes opinó que el aumento a los legisladores no se condice con el desempeño parlamentario.
“Yo recibo más dinero porque ofrezco un servicio adicional, si no produzco resultados diferentes, nada justifica que haga otro tipo de aumento. ¿Qué estoy produciendo yo de nuevo?”, cuestionó.
Al ser consultado sobre la negativa de que el pleno revise la moción de Cambio Democrático, respondió que el único que podría desestimarlo es el Consejo Directivo y, en segundo lugar, el pleno.
“No es suficiente con que el oficial mayor diga que no se puede ver porque no tiene ninguna competencia procesal. Él asesora, no define”, agregó a este diario.
Continuó: “Si la señora Bazán se dejó amedrentar por lo que ha dicho el oficial mayor y cree que tiene razón, obviamente, retirará su moción. No va a insistir y eventualmente recibirá su platita sin decir mucho, pero si cae en cuenta que no debe pisar el palito, debe insistir para que se agende su pedido en el Consejo Directivo”.
Dejó claro que mientras el acuerdo no se anule, se ejecutará el pago con la indicación de la Oficialía Mayor a la Oficina de la Dirección General Administrativa de cumplir con los depósitos.
Similar opinión tuvo Alejandro Rospigliosi, especialista en temas parlamentarios.
Indicó que el pleno puede someter al debate cualquier acuerdo o temas de interés nacional.
“Pero lo que pasa es que no quieren que ello ocurra, porque se identificará a quienes votan a favor y en contra”.
Consideró que el aumento es una provocación innecesaria, pues el país se encuentra en medio de una recesión económica.
“Es inaceptable que faltando poco para que concluyan su periodo se quieran aumentar. Es oportunismo”, advirtió Rospigliosi.