El empresario chileno Gerardo Sepúlveda, socio del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, denunció a Perú ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a una presunta “retención ilegal”, antes de declarar este viernes ante la Fiscalía por investigaciones por corrupción vinculados a Odebrecht.
En un comunicado de sus abogados dirigido a medios locales, Sepúlveda, que de momento participa en las investigaciones como testigo, anunció que recurrió a la CIDH por considerar que la justicia peruana amplió su prohibición para abandonar el país de manera irregular y lo retuvo, por tanto, de forma ilegal.
Al ejecutivo chileno se le impidió salir del país el 26 de febrero último por un plazo de dos meses, pero el confinamiento nacional decretado por el COVID-19 hizo que el plazo se agotara sin que pudiera llevarse a cabo el interrogatorio previsto en la Fiscalía.
Ante esa circunstancia, Sepúlveda trató de abordar un vuelo humanitario de repatriación a Santiago de Chile el 27 de abril, pero las autoridades migratorias de Perú se lo impidieron. Ese mismo día, la justicia neutralizó del plazo los días transcurridos del confinamiento, por lo que la prohibición se mantenía vigente hasta el 7 de junio.
El plazo luego volvió a ser ampliado hasta este viernes 26 de junio. Los abogados de Gerardo Sepúlveda entienden que desde el 27 de abril al 7 de junio su cliente estuvo retenido en Perú de manera ilegal.
El chileno declarará ante el fiscal José Domingo Pérez, a cargo del caso de la Carretera Interoceánica, uno de los capítulos del caso Odebrecht, constructora brasileña que entre el 2005 y 2014 pagó millonarios sobornos a altos funcionarios de Perú para adjudicarse grandes contratos de obras públicas.
Los abogados de Sepúlveda también alegan que el empresario fue incluido en el expediente de este caso de manera irregular, ya que bajo su criterio ya venció el plazo de 36 meses que tenía la Fiscalía para hacer diligencias y formalizar una denuncia penal.
En el expediente de la Carretera Interoceánica está involucrado el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), con una solicitud de extradición a Estados Unidos en curso por presuntamente haber recibido US$ 20 millones en sobornos de Odebrecht.
PPK se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario mientras es investigado por la Fiscalía para indagar si, mientras era ministro de Toledo, también recibió pagos ilícitos de Odebrecht a través de supuestas consultorías ficticias de Westfield Capital, empresa del exmandatario donde tiene como socio a Sepúlveda.
El pasado 12 de junio la Primera Sala de Apelaciones Nacional confirmó la medida de comparecencia con restricciones ordenada contra el empresario chileno por el Caso Westfield Capital. De esta manera, rechazó la apelación del equipo especial Lava Jato para que se aplique prisión preventiva.
Fuente: EFE