La Cancillería del Perú “enmendó la plana” y rectificó la peregrina propuesta del presidente Pedro Castillo de realizar una consulta “al pueblo” para una eventual salida de Bolivia al mar, a través de territorio peruano. El inesperado anuncio durante la entrevista con la cadena CNN difundida la noche del martes generó una ola de cuestionamientos de diversos sectores. Expertos nacionales la calificaron de inaudito, inconstitucional e ilegal.

No tardaron, sin embargo, en llegar felicitaciones para el mandatario peruano, claro está, desde Bolivia.

SOBERANÍA. El comunicado 005-22 de la Cancillería hace hincapié en la integridad del territorio y soberanía nacionales.

“La política exterior del Perú promueve y defiende los valores e intereses del Estado en el escenario internacional a partir del ejercicio pleno de su soberanía y sobre la base de la seguridad e integridad de su territorio”, precisa.

Sin aludir directamente a los dichos del mandatario, la Cancillería asegura que la acción del Perú en el exterior se sustenta “en el pleno respeto de la Constitución y el Derecho Internacional, en particular, en el fiel cumplimiento de los tratados de los que el Estado es parte”.

Con ello se refirió al Tratado de Rectificación de Fronteras firmado entre Perú y Bolivia en 1909 (Tratado Polo-Bustamante).

También mencionó el Convenio Marco Proyecto Binacional de Amistad, Cooperación e Integración “Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz”, y los demás Convenios de Ilo sobre sobre las zonas franca y turística suscritos por ambos países el 24 de enero del año 1992.

Los convenios -agrega Torre Tagle- permiten a Bolivia, “con pleno respeto de la soberanía nacional del Perú”, gozar de un conjunto de facilidades en dicho puerto peruano y en las zonas económicas especiales que se crearon.

Remarca el comunicado que la solidaridad peruana con la situación de mediterraneidad de Bolivia, “bajo ninguna circunstancia puede interpretarse como una afectación de nuestra soberanía”.

REACCIONES. Desde el Gabinete, no solo la Cancillería mostró su postura contraria. El ministro de la Producción, Jorge Luis Prado, manifestó que “la soberanía hay que respetarla”.

“Tenemos que ser soberanos siempre”, dijo al rechazar la idea del jefe del Estado.

Entre tanto, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, le recordó al presidente Castillo el artículo 54 de la Constitución Política: El territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo. La soberanía nacional y la Constitución se respetan”, subrayó.

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RENUNCIA O VACANCIA. Desde el Congreso, el presidente de la Comisión Relaciones Exteriores, Ernesto Bustamante, propuso que se considere si Castillo es pasible de una acusación por traición a la patria.

“Entre los 130 representantes del pueblo debemos hacer un ‘referéndum’ sobre si constituye traición a la patria la declarada intención del presidente Castillo para consultar al ‘pueblo’ el ‘clamor boliviano’ de dar salida al mar a ese país. Llegó el momento: renuncia o vacancia”, opinó Bustamante.

El congresista de Renovación Popular, José Cueto, señaló que es “inconcebible” que Castillo haya hablado de la posibilidad de dar acceso al mar a Bolivia, pues ello atenta contra la soberanía nacional y “linda hasta con la traición a la patria”.

En su opinión, “es una vergüenza que (el presidente) haya siquiera insinuado lo del mar para Bolivia (...). A mí me dio preocupación de ver a una persona en una especie de pánico (durante la entrevista). Cuando le hicieron las preguntas lógicas que cualquier periodista haría, fue evidente que el presidente necesita un poco de ayuda”, afirmó a Canal N.

“Eso es inconcebible (hablar de dar a Bolivia), eso llega a lindar hasta con la traición a la patria”, aseveró.

A su juicio, “son declaraciones nefastas e indignantes para todo el país. En este caso particular, creo que el 90% no lo apoyaría. Él debe ser el primer defensor de la soberanía nacional”, agregó.

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MÁS REACCIONES. También expresó su preocupación, en un comunicado, la Comisión de Constitución del Congreso. El grupo de trabajo señaló que la Constitución Política establece en su artículo 32 que no pueden someterse a referéndum los tratados internacionales en vigor tales como el Tratado de Rectificación de Fronteras firmado entre Perú y Bolivia en 1909.

Además, precisa que el inciso 15 del artículo118 de la Constitución establece que corresponde al presidente adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, de la integridad del territorio y de la soberanía del Estado.

También cita el artículo 54 de la Constitución ya citado en esta nota.

“No consideramos admisible -dice el pronunciamiento-, que quien está a cargo de la política exterior y las relaciones internacionales desconozca públicamente el Texto Fundamental y anuncie una consulta popular constitucionalmente inviable”. El documento lleva los nombres de todos los integrantes de la Comisión de Constitución.