Mayores y serios alcances sobre la presunta organización criminal liderada por Patricia Benavides salen a la luz. Esta vez se pudo conocer el mecanismo y los ofrecimientos que al menos 11 congresistas, de distintas bancadas, recibieron de los exasesores de la suspendida fiscal para trocar impunidad por votos en el Legislativo.
De todos, uno llamó la atención: Alejandro Soto, el presidente del Congreso. Las diligencias preliminares, iniciadas el 8 de enero, están a cargo de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, liderada por la fiscal suprema Delia Espinoza.
Hipótesis
El documento de la investigación preliminar firmado por Espinoza ratifica a Benavides Vargas como la presunta líder de esta red; y a sus exasesores Jaime Villanueva, Miguel Ángel Girao y Abel Hurtado como sus “operadores” en el Legislativo.
Los cargos contra Benavides son organización criminal, falsedad ideológica, cohecho activo específico, tráfico de influencias, cohecho pasivo específico, encubrimiento real y personal.
El documento puntualiza que los colaboradores de Benavides “hacían llegar la disposición de ‘apoyar’ a los parlamentarios en las investigaciones que pesaban sobre ellos (...) a cambio de que los mismos votaran en favor o en el sentido que los diferentes temas que eran de interés de la organización”.
Entre los objetivos de esta presunta red estaba “desestimar denuncias constitucionales” contra Benavides e interceder en “la elección del defensor del Pueblo; la remoción de Zoraida Ávalos y destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ)”. Según la resolución, Benavides, “presuntamente, tomó las medidas necesarias para que tales ofrecimientos se materializaran”.
Salpicados
Congresistas de todas las vertientes son implicados en este caso. Según el documento, ni el titular del Parlamento, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), se salva.
De acuerdo al testimonio de Jaime Villanueva, según Latina, “por encargo de la (ex)fiscal de la Nación, (se) le pide (a Soto) que agende la moción de orden del día para la remoción de los integrantes de la JNJ, de agosto de 2023, porque era necesario que se neutralicen las investigaciones que le tiene la JNJ a la fiscal de la Nación”.
Al respecto, Soto calificó de “falsas informaciones” lo señalado por la Fiscalía. “La moción (...) fue añadida a la agenda del Pleno el 4 de setiembre del 2023 por decisión del Consejo Directivo. No es facultad de la presidencia del Congreso agendar mociones de orden del día”, argumentó.
A Patricia Chirinos (Avanza País), los exasesores le alcanzaron, presuntamente, una denuncia constitucional por prevaricato -que ella tenía que presentar- contra los miembros de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia, quienes habían concedido una medida cautelar a favor de la JNJ y con la cual paralizaron el proceso que debía culminar con su destitución.
De José Balcázar (Perú Bicentenario), se señala que accedió a votar en contra de la admisión de una denuncia constitucional a Benavides. A cambio, este habría pedido “ratificar el requerimiento de sobreseimiento de una investigación (...) por apropiación ilícita”.
Se detalla que Benavides habría presionado a la fiscal Carmen Miranda, a cargo del caso, para desestimar las diligencias. Sin embargo, Miranda se habría negado. Finalmente, se ordenó que otro fiscal proceda al requerimiento acusatorio y el expediente volvió al Poder Judicial.
Caso Ávalos
El documento detalla también las presuntas acciones ilícitas para inhabilitar a la fiscal suprema Zoraida Ávalos. Para ello, hubo presuntas negociaciones con Germán Tacuri y Edgar Tello, ambos del Bloque Magisterial.
Este último no solo habría otorgado su voto a cambio de desestimar una denuncia en su contra. Se le ofreció que se archivaría a mediados del 2024 “para evitar cuestionamientos”. Tello también “ofertó los votos de algunos de sus compañeros” de bancada.
“(Dichos colegas) también se encontraban dispuestos (...) concretando tal acuerdo con el congresista Germán Tacuri, quien en nombre de ocho de sus colegas habría vendido su voto y el de sus compañeros”, se afirma.
Otros son Katy Ugarte y Luis Cordero Jon Tay, de Unidad y Dialogo Parlamentario. A Ugarte se le acusa de conseguir los votos de sus colegas, entre cinco o seis, a cambio de archivar dos investigaciones en su contra (“Mochasueldos” y “Los niños 2″); y a Cordero de pedir el archivamiento de su investigación por un viaje a Panamá; y otro proceso por el caso “El Español”.
“De igual modo, a César Revilla (Fuerza Popular) y José Jerí (Somos Perú) (...) (se les ofreció) ayudarlos en lo que necesitasen (...) habiendo solicitado la ayuda de la Fiscal de la Nación en el caso del exgobernador regional Juan Carlos Morillo Ulloa, quien venía sufriendo prisión preventiva”, se narra sobre estos dos parlamentarios.
También figura José Williams (Avanza País), expresidente del Congreso. El legislador “representaba los votos del Bloque Democrático, grupo en el Congreso representado por bancadas de derecha y otros”- y “se le había prometido (que la Fiscalía) formule una denuncia constitucional contra (los congresistas) Darwin Espinoza, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores Ancachi, Raúl Doroteo e Ilich López”.
Este último legislador (no agrupado), a su vez, habría pedido el archivo del caso “Los niños”. Ante esta disyuntiva, los implicados “no encontraron mejor alternativa que desacumular la investigación contra López, de modo que con la promesa de archivar la investigación en su contra se procuraba el voto del mismo; y con el de formular denuncia, el voto del denominado ‘Bloque Democrático’”, se informó.
