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Partidos piden al JNE precisar si un primer regidor podría recibir credencial de alcalde antes de debate en Lima

Catorce agrupaciones políticas solicitaron al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aclarar si un exalcalde que postula al cargo de primer regidor puede recibir la credencial de alcalde en las elecciones de 2026.
  • El primer sueldo de Keiko Fujimori como presidenta fue de casi 40 mil soles
  • Mindef pide S/575 millones para El Niño
(Foto: GEC)

Redacción Diario Correo

Actualizado el 08/09/2026, 08:17 a.m.
  • El primer sueldo de Keiko Fujimori como presidenta fue de casi 40 mil soles
  • Mindef pide S/575 millones para El Niño

Catorce partidos políticos acordaron solicitar de manera formal al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que establezca si un candidato a primer regidor, quien actualmente ocupa el cargo de alcalde, está habilitado para recibir la credencial de burgomaestre si su lista gana las elecciones en Lima Metropolitana. El pedido fue acordado durante las coordinaciones para el debate electoral de la capital.

El pedido, presentado en la sede del organismo electoral tras una reunión de coordinación, tiene como objetivo aclarar las reglas de sucesión contempladas en el artículo 194 de la Constitución. Esta precisión deberá conocerse antes de establecer los detalles y la participación de los candidatos en los debates previstos para el 21 y 22 de septiembre en la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja.

El pedido oficial establece un plazo máximo de tres días hábiles para que el organismo electoral emita una respuesta y despeje la incertidumbre jurídica existente de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La controversia surgió luego de que Luis Rubio renunciara a su candidatura a la alcaldía de Lima por Renovación Popular. Ante esta situación, la agrupación política solicitó que su candidato a primer regidor, Rafael López Aliaga, participe en el debate municipal en representación de su partido.

Esta situación abrió el debate sobre la legalidad de que una autoridad elegida en 2022 pueda retornar al cargo de alcalde mediante un mecanismo de sucesión. Los partidos que suscribieron el pedido consideran que esta posibilidad constituiría una forma de reelección inmediata encubierta.

El acta, a la que RPP tuvo acceso, señala que el objetivo es evitar que los vacíos normativos afecten el derecho de la ciudadanía a emitir un voto transparente y plenamente informado.

Durante la sesión de debate, las agrupaciones políticas expresaron diferentes posiciones respecto a la continuidad de las coordinaciones para el evento electoral.

Para los representantes del Partido Aprista Peruano (APRA), la transparencia del proceso electoral requiere que la ciudadanía tenga claridad sobre quién asumirá finalmente la conducción de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

“En general no hay ninguna negativa a que el propio partido político designe quién lo va a representar en el debate, pero lo que sí se está exigiendo es que el pleno del Jurado Nacional de Elecciones sea transparente e informe a la ciudadanía quién sería finalmente el alcalde, el primer regidor o el segundo regidor en cumplimiento de lo establecido en el artículo 194 de la Constitución”, señaló Mónica Yaya, candidata a la alcaldía de Lima por el APRA.

El partido Demócrata Verde consideró que no correspondía continuar con las decisiones relacionadas con el debate mientras el JNE no emita un pronunciamiento. En tanto, Alianza para el Progreso (APP) respaldó la necesidad de precisar la norma, aunque planteó que la votación sobre la participación de los candidatos en el debate siguiera su curso de manera independiente.

Por su parte, el Partido Popular Cristiano (PPC) destacó la importancia de establecer reglas claras para los electores. Batalla Perú propuso inicialmente ampliar a cinco días el plazo para que el organismo electoral responda a la consulta; sin embargo, el acuerdo final suscrito por las catorce agrupaciones estableció un periodo de tres días hábiles.

En contraste, Renovación Popular fue la única organización que votó en contra de la moción y presentó una objeción formal. De acuerdo con la documentación de la sesión, el partido expresó su desacuerdo al considerar que la iniciativa multipartidaria representa una presión indebida sobre la autoridad electoral, debido a que condicionaría la continuidad de las coordinaciones del debate a la emisión de un pronunciamiento jurídico.

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