Un megaescándalo de presunta corrupción salpica al Ministerio Público (MP). El caso involucra a la máxima representante de dicha institución: Patricia Benavides.
La fiscal de la Nación es sindicada de liderar una presunta red criminal que alberga a sus asesores Jaime Villanueva, Miguel Girao y Abel Hurtado.
La investigación está a cargo del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop). Según su hipótesis, Benavides operó mediante sus funcionarios de confianza para obtener los votos de un grupo de congresistas, hasta en tres procesos parlamentarios, en beneficio de sus intereses. A cambio, sostiene el Eficcop, Benavides ofreció interceder para archivar las pesquisas fiscales de dichos legisladores.
El operativo de allanamiento y detención preliminar por este caso se inició ayer, en horas de la madrugada.
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Cronología
Aproximadamente a las 9:00 p.m. del último domingo, Benavides ingresó a las instalaciones del Ministerio Público para reunirse con un grupo de trabajadores, entre ellos, su asesor Miguel Girao.
Casi las 4:00 a.m. del día siguiente, antes de retirarse, la funcionaria dejó firmadas sendas resoluciones en las que cesaba de sus cargos a Jaime Villanueva, su asesor principal, y Marita Barreto, fiscal coordinadora del Eficcop.
Las medidas, hasta el cierre de esta edición, no se oficializaron en el Diario Oficial El Peruano. Por ello, Barreto pudo participar en el denominado operativo “Valkiria V”.
Fue el fiscal Freddy Niño, sin embargo, quien lideró junto a los policías Harvey Colchado y Walter Lozano el allanamiento de las viviendas, oficinas y vehículos de los tres asesores. Solo ellos son investigados pues Benavides, debido a su alta investidura, está exenta de las pesquisas, situación que podría cambiar si alguno de los miembros de la Junta de Fiscales Supremos decide abrirle una carpeta fiscal.
En el caso de Jaime Villanueva, se dispuso una detención preliminar por 10 días. Fue intervenido en una clínica local, a donde acudió horas antes del operativo por una presunta dolencia.
En la orden del juez Jorge Chávez Tamariz (Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria), a la que Correo tuvo acceso, se dispuso que las diligencias puedan efectuarse hasta por un plazo de 72 horas.
Se detalla, además, que Villanueva y Girao estaban contratados para puestos inexistentes al interior del MP (gerente central del Despacho de la Fiscalía de la Nación).
También se destacan una serie de conversaciones, vía Whatsapp, que tienen como protagonista a Villanueva. Estas evidenciarían las negociaciones presuntamente ilícitas con congresistas.
Evidencias
En los diálogos, Villanueva -a quien se le levantó el secreto de las comunicaciones- coordina con su interlocutor tres votaciones en el Congreso.
Estas son, según el Eficcop, la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, la potencial remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la inhabilitación de Zoraida Ávalos, ex fiscal de la Nación.
La investigación, que comenzó en mayo de este año según la citada resolución, refiere que Benavides buscaba perpetuarse como titular del MP. Por ello, mediante sus asesores, negoció votos en estos procedimientos.
“Estamos muy preocupados porque se vaya a caer la elección del defensor. Tener un titular en esa institución es imprescindible (...). Él preside la comisión que elegirá a la nueva JNJ”, escribió Villanueva en uno de los chats.
Gutiérrez, quien se encontraba fuera del país durante el operativo, informó que hoy brindará una conferencia de prensa para responder a los cuestionamientos.
En otro chat, Villanueva se refiere a la votación para inhabilitar a Ávalos. “He hablado con algunos y he conseguido Somos (Perú), Cordero y los 4 niños. (...) Patty Chirinos dice que ya tiene al Bloque Magisterial”, se lee.
“Como ella misma le dijo, yo soy el único autorizado para hablar en su nombre y coordinar con ustedes (los congresistas”, enfatiza también.
De acuerdo con la tesis fiscal, en el caso de Ávalos Rivera se otorgó “como contraprestación de esta negociación ilícita, la decisión del archivamiento de una investigación de carácter penal a sendos congresistas”.
Mientras tanto, para la posible remoción de los siete integrantes de la JNJ -quienes tienen la facultad de destituir a Benavides- se ofreció “el favorecimiento en las investigaciones pendientes por resolver”.
Cabe destacar de agosto de 2022 a la fecha se registraron visitas en el Legislativo entre los investigados y determinados congresistas. Girao, por ejemplo, se reunió con José Balcazar (Perú Bicentenario), Villanueva con Lady Camones (APP) y ambos asesores con Gladys Echaíz (Renovación Popular).
Reacciones
Por la tarde, los fiscales supremos Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena le solicitaron a Benavides su renuncia inmediata.
“A fin de las noticias conocidas, (...) que la involucran a usted en la realización de hechos graves sometidos a investigación penal, le exigimos que renuncia al cargo”, indicaron en un oficio.
En el documento, se pide dicha medida a la fiscal de la Nación para “no afectar la investigación que (se) realiza”.
Poco antes de conocerse dicho texto, en horas de la tarde de ayer, la máxima representante de la Fiscalía emitió un pronunciamiento público. Acompañada de un grupo de fiscales y representantes de la institución, descartó dar un paso al costado.
“Con este acto torpe que pretende desestabilizar la independencia y autonomía del Ministerio Público, utilizando para tan deleznable propósito el mecanismo de utilizar a algunos fiscales: no voy a retroceder, tengo un compromiso firme con la labor que realizo”, afirmó.
Además, informó que presentó denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola y los exministros César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero.
El recurso, presentado ante el Parlamento, corresponde a los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones. Esto en el marco de las muertes en las manifestaciones entre diciembre de 2022 y enero del presente año.
La Junta Nacional de Justicia, por su parte, informó que está en “sesión permanente” para decidir alguna medida frente a este caso.
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“Ante los hechos conocidos, producto de la investigación realizada por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder y la PNP, el pleno de la JNJ se encuentra en sesión permanente evaluando las acciones que le competen en el marco de la Constitución y la ley”, señalaron en su redes sociales.
Hasta el cierre de esta edición, la institución no brindó mayores detalles sobre sus eventuales acciones ante este hecho.
