Pedro Castillo: Comisión de Fiscalización evaluará citar a los padres del presidente de la República

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Héctor Ventura (Fuerza Popular), informó que están evaluando citar a los padres del presidente de la República, Pedro Castillo, para que informen sobre la construcción de un helipuerto informal en Chota, Cajamarca.

Ventura señaló esto luego de que este miércoles el alcalde de Tacabamba, Walter Agip Rojas, acudiera a la sesión de este grupo de trabajo y dijera que el terreno donde se realizó dicha obra es de los progenitores del jefe de Estado.

El burgomaestre indicó que no se dio cuenta de las construcción del helipuerto, pues este se habría realizado en “días u horas”.

“Los moradores de ese lugar suelen tener muchas explanadas y a veces lo utilizan como campos deportivos. Yo desconocía lo que se construía en ese lugar”, manifestó durante su participación en la comisión.

A la misma sesión acudió el exministro de Transportes y Vivienda Geiner Alvarado, quien reconoció haber conversado telefónicamente en noviembre del 2021 con el sobrino de Pedro Castillo, Fray Vásquez Castillo, quien se encuentra actualmente prófugo de la justicia. Sin embargo, negó haber hablado con Yenifer Paredes, Lilia Paredes y David Paredes Navarro.

“Poco complicado que yo tenga en mente con cuántas personas yo converso. Si el señor (Fray Vásquez) me llamó, obviamente, yo he pedido que me levanten el secreto telefónico. Decirle qué conversamos, poco complicado también porque si ven, no es que mi persona con el señor hayan sido periódicamente que hemos estado conversando”, manifestó.

Investigación

Como se recuerda, la indagación que realiza la Comisión de Fiscalización se basa en los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de los proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguía, Chachapoyas, Chadín. Además de los financiados por el Ministerio de Vivienda al amparo del Decreto de Urgencia N° 102-2022

El plan de trabajo del grupo establece determinar las responsabilidades constitucionales, penales, administrativas y civiles que corresponden, de ser el caso, respecto a la presunta existencia de una organización criminal familiar que estaría enquistada en Palacio de Gobierno.

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