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Congresistas de diversas bancadas cuestionaron la presentación de una tutela de derechos del abogado Benji Espinoza para anular la denuncia constitucional que entregó al Parlamento la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo.
En primer lugar, Hernando Guerra García (Fuerza Popular) indicó que dicho recurso legal podría constituir una obstrucción al trabajo y la labor del Congreso, con lo cual se podría aplicar al mandatario el artículo 117 de la Constitución.
“Se esperaba que hiciera algo así la defensa del presidente Castillo, pero esto podría constituir una obstrucción al trabajo y la labor del Congreso”, manifestó a los periodistas.
“El Congreso tiene constitucionalmente la potestad de iniciar una investigación, de ver una acusación y obstruirla podría ser algo que caiga dentro el causal del artículo 117, que en su último párrafo dice que el presidente puede ser acusado cuando impide la reunión del Congreso y su funcionamiento, y el correcto funcionamiento del Congreso es que sus comisiones hagan lo que tienen que hacer, protegido por la Constitución”, agregó.
Por su parte, Alejandro Soto, vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), consideró que Castillo Terrones está usando toda su “artillería legal” para atacar al Poder Legislativo. También coincidió con Guerra García que se podría aplicar la figura de la acusación constitucional por impedir el funcionamiento del Congreso.
“Lo que está ocurriendo, y lo sabe el periodismo y el pueblo peruano, es que toda la artillería legal del presidente pedro Castillo está atacando al Congreso. Ya se ha planteado una acción de amparo y ayer Benji Espinoza ha planteado una tutela de derechos para impedir que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales funcione, se reúna tanto como la Comisión Permanente y el Pleno”, subrayó en RPP Noticias.
“Es decir, están impidiendo que nosotros cumplamos un mandato constitucional y eso se enmarca en la última parte del artículo 117, que sería una causal para acusarlo constitucionalmente por impedirle a los congresistas tramitar un pedido como el que viene del Ministerio Público”, añadió.
En tanto, Diego Bazán (Avanza País) manifestó que este hecho es una prueba de que Pedro Castillo se encuentra inmerso en un proceso judicial y detalló que desde su punto de vista, debería aplicarse la figura del artículo 114 de la Constitución, referida a la suspensión del cargo.
“He afirmado en varias oportunidades que el presidente de la República se ve inmerso en un proceso judicial, primero con una acción de amparo, ahora con una cautela de derecho. Si esto no es parte de un proceso judicial confirmado incluso por un juez, entonces no entiendo qué es”, acotó ante la prensa.
“También podría activarse el artículo 117 de la Constitución, yo insisto en el 114, suspensión de funciones. Finalmente, cualquier procedimiento que vaya a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales va a terminar en dos votaciones: la primera para que se le despoje de la investidura y se le procese en el fuero común, el Poder Judicial; y el segundo tema es para la suspensión de funciones”, agregó.
A su vez, Jorge Montoya (Renovación Popular) calificó de “burda” la tutela de derechos presentada por el abogado del mandatario y se mostró confiado en que el Poder Judicial no le dará la razón.
“Su estrategia de obstrucción a la justicia es burda realmente y no tiene argumentos para poder defenderse, solamente atacando las acciones de la justicia sobre él. No creo que el juez le dé la razón, son jueces probos que saben que estamos metidos en un problema serio. Estamos hablando de un caso que nunca ha sucedido en el país, un presidente en ejercicio acusado por la Fiscalía de la Nación de actos de corrupción”, enfatizó en Canal N.
Finalmente, Álex Paredes (Bloque Magisterial) afirmó que la tutela de derechos está dentro del marco de la ley y así lo estipula la Declaración Universal de Derechos Humanos.
“¿Eso está fuera de ley o dentro del marco de la ley? ¿Por qué tendría que cuestionarse? Los derechos humanos están vigentes desde 1948, entonces renunciemos a la Declaración Universal de Derechos Humanos, denunciemos a todos esos tratados internacionales”, refirió en los exteriores del Parlamento.
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