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Un informe realizado por Plataforma Vigilantes, integrada por organizaciones de la sociedad civil como Transparencia, Proética y el Consejo de la Prensa Peruana, advirtió de “alertas muy graves” por el incumplimiento de los compromisos que firmó el presidente Pedro Castillo en la Proclama Ciudadana en mayo del 2021.
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“El reporte muestra alertas en 10 de los 12 compromisos, así como en el 71% de los 45 indicadores de seguimiento. El reporte, correspondiente al mes de mayo, muestra un aumento del número de alertas muy graves, que pasan de 11 a 14 respecto del mes de marzo (fueron 8 en diciembre). De igual modo, las alertas graves pasaron de 9 a 10 (fueron 6 en diciembre)”, se detalló en un comunicado.
Asimismo, se enfatizó que esta situación es explicada por problemas de la gestión del Gobierno en la pandemia del COVID-19, además de la decisión de declarar toque de queda el último 5 de abril por presuntos actos vandálicos, lo que la plataforma Vigilantes calificó como una disposición “con vicios de inconstitucionalidad”.
También se mencionó el retorno semipresencial a las escuelas y las malas condiciones de infraestructura que persisten. Junto a ello, indicó que hay continuidad en los riesgos que enfrenta la libertad de expresión y la lucha contra la corrupción.
“Una gestión poco prudente de las finanzas públicas con la dación de medidas con alto costo fiscal no focalizadas; y la continuación de medidas y acciones que no incentivan la inversión privada y la creación de empleo formal por parte del Ejecutivo”, agregó el pronunciamiento.
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Finalmente, la plataforma Vigilantes mostró su preocupación por las declaraciones que brindó el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien el último 3 de mayo aseveró que la Constitución debería cambiarse “por una vía pacífica o no pacífica”.
El mencionado informe se basó en los 12 compromisos de la Proclama Ciudadana que tiene como temas: lucha contra la pandemia, derechos humanos, reelección, estado de derecho, autonomía de organizaciones, educación, libertad de prensa, libertad de asociación, lucha contra la corrupción, compromisos internacionales, inversión y gasto público, y Fuerzas Armadas y policiales.
