El expresidente Pedro Castillo, hoy preso en el penal de Barbadillo por el golpe de Estado perpetrado el 7 de diciembre de 2022, podría ser sentenciado a 34 años de cárcel antes de que termine el año. Sin embargo, el exmandatario todavía mantiene cuentas pendientes con la justicia.
Además del golpe de Estado, Castillo Terrones podría tener otras seis condenas por investigaciones que le abrió la Fiscalía de la Nación, es decir, que alcanzaría una cifra de al menos siete condenas y superaría así al fallecido Alberto Fujimori Fujimori, quien tuvo cinco condenas.
DETALLES
Cuando Castillo todavía era presidente, la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional por la presunta existencia de una organización criminal que se enquistó en el Gobierno para copar, controlar y direccionar procesos de contratación en diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas, conocido como Puente Tarata.
Para que una investigación preliminar contra un mandatario avance es necesario que el Congreso levante el fuero mediante un procedimiento parlamentario.
Por ese motivo, la denuncia pasó por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, después a la Comisión Permanente y finalmente
La denuncia llegó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y, posteriormente se aprobó en el Pleno del Congreso en febrero de 2023.
Este caso que se mantiene en investigación preparatoria tendrá que ser el camino de una acusación, un control de acusación y un posterior juicio oral.
Sin embargo, la primera condena que recibirá Castillo es por el golpe de Estado, proceso judicial que avanza sin contratiempos y en el que la Fiscalía pide 34 años de cárcel.
El 7 de diciembre de 2022, día en que Castillo dio lectura al mensaje de la nación con la orden del cierre del Congreso, fue detenido de manera preliminar y vacado.
Cinco días después, la fiscal Benavides presentó una denuncia constitucional por la presunta comisión de los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y contra la tranquilidad pública.
Ese día, el Congreso publicó una resolución legislativa a través de la cual se dispuso levantar la prerrogativa del antejuicio al expresidente.
Por ese motivo, cuando la denuncia de Espinoza llegó a la Subcomisión, el nombre de Castillo fue sustraído del caso porque ya se le había levantado el fuero.
SUMAS
Cuando Pedro Castillo fue detenido y llevado al penal de Barbadillo, las denuncias en su contra no se detuvieron.
En agosto de 2023, la Fiscalía de la Nación lo denunció por el caso de los presuntos ascensos irregulares que se dieron en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú durante su gestión.
El caso nació en noviembre de 2021 cuando el excomandante general del Ejército, José Vizcarra Álvarez, denunció que fue presionado por el ministro Walter Ayala y el secretario Bruno Pacheco para favorecer a dos coroneles allegados a Castillo, quienes no cumplían con los estándares, estudios ni categoría para estar en el cuadro de honor.
Otros dos casos por los que deberá responder Castillo está relacionado a nombramientos indebidos.
La primera es una denuncia constitucional por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo en perjuicio del Estado.
El motivo: Nombró a Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perupetro, a pesar de no cumplir con los requisitos para el puesto.
Otro nombramiento ilegal que llegaría a juicio, es el caso del nombramiento de Juan Carrasco Millones como ministro del Interior mediante la Resolución Suprema número 064-PCM, fechada el 29 de julio de 2021.
Para la Fiscalía, Carrasco asumió a pesar de no tener los requisitos legales y constitucionales, porque todavía se desempeñaba como fiscal provincial titular especializado en criminalidad organizada en Lambayeque.
EL VIAJE
Un caso que también podría llegar a juicio es por la denuncia constitucional por la presunta comisión del delito de peculado de uso al haber utilizado de manera indebida el avión de la Fuerza Aérea del Perú y otras aeronaves de las Fuerzas Armadas del Perú para asuntos personales.
Los hechos se remontan al 9 de octubre de 2021, fecha en que Castillo utilizó un avión de la FAP para viajar desde el Grupo Aéreo N° 8 del Callao hasta la provincia de Jaén (Cajamarca).
Además, utilizó helicópteros del Ejército del Perú hasta la provincia de Chota, distrito de Tacabamba, en la región Cajamarca.
De acuerdo con la tesis fiscal, el exmandatario utilizó los vuelos proporcionados por la FAP para actividades que no estaban relacionadas a funciones oficiales, sino con asuntos estrictamente familiares, por ejemplo, el cumpleaños de su hermana Irma Castillo.
LA MÁS RECIENTE
La denuncia más reciente que tiene Castillo se presentó ayer por la mañana por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio.
Según detalló el Ministerio Público, el expresidente habría solicitado dinero a Geiner Alvarado a cambio de mantenerlo como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Además, el exmandatario es señalado de pedir grandes cantidades de dinero a Alvarado para sobornar a congresistas, a fin de que voten en contra de las mociones de vacancia, así como pagarle a jueces que resolverían las investigaciones de sus sobrinos y de Bruno Pacheco.
El documento que deberá ser evaluado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, es por la presunta comisión del delitos de cohecho pasivo impropio y propio.
ANÁLISIS
Para el penalista Andy Carrión, que el expresidente Castillo reciba siete condenas dependerá de pasar por el filtro más importante: El Congreso.
“Si las denuncias pasan en este Congreso permitirán que las investigaciones pasen a la etapa de investigación preparatoria y se visualice un juicio”, afirmó.
Cabe recordar que el mes pasado, la Subcomisión archivó el caso Rolex contra la presidenta Dina Boluarte, lo que no permite que la Fiscalía avance con la investigación.
Por lo tanto, las denuncias constitucionales que presentó la Fiscalía de la Nación necesitarán de la aprobación del Parlamento.
En diálogo con Correo, Carrión precisó que si el exmandatario recibe siete condenas, se aplicará el método denominado absorción, es decir, que se cumple la sentencia máxima.
Tal como ocurrió con personajes como Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.
“Hay que tener en cuenta que si Castillo es condenado por el golpe de Estado, por ejemplo, debe restarse de la condena el tiempo que haya estado cumpliendo prisión preventiva”, agregó.
Un dato no menor es que si bien el expresidente Castillo se encuentra detenido, afronta un juicio oral, tiene investigaciones y eventualmente podría ser condenado, todavía tiene la posibilidad de aspirar a un cargo de elección popular.
Esto debido a que no tiene impedimento para ejercer como funcionario público. Sin embargo, eso podría cambiar muy pronto, pues en la Subcomisión existen dos denuncias constitucionales que tienen como finalidad inhabilitarlo por 10 años.
